POSTURA
El procurador general de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, explicó los detalles del caso después de que la juez, Norma Angélica Hernández, determinó vincularlo a proceso al detenido por el delito de homicidio en razón de parentesco en relación de sus tres hijos y por tentativa de homicidio contra la esposa.
En primer lugar aseguró de manera certera, que los datos de prueba que aportó la fiscalía estatal fueron suficientes para que se lograra vincular a proceso al padre de los tres menores de edad, al acreditar la probabilidad de su participación en los hechos, y estar bajo prisión preventiva durante seis meses hasta concluir la investigación complementaria del caso.
Reconoció que la sociedad ha ventilado diferentes preguntas del caso a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y que ahora que ha concluido la primera fase del proceso, en el nuevo marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Procuraduría está en posibilidades de responderlas de manera abierta.
Por ejemplo, aclaró que ante las especulaciones que se han hecho sobre los disparos que tenían las víctimas cuando fueron encontradas sin vida por los elementos policíacos en el lugar de los hechos, cada uno de los menores presentó un solo impacto por arma de fuego. Está dentro de la carpeta de investigación y fueron hechos con la misma arma; los tres menores tenían el impacto en el cráneo y no tenían ningún grado de intoxicación por gas utilizado por los policías en sus operativos.
Una segunda precisión fue que de acuerdo con la narrativa de los policías estatales que intervinieron en el operativo, los menores fueron encontrados en un lugar aledaño al sitio donde fue el enfrentamiento con un grupo armado. Aun cuando los dos lugares están dentro del mismo inmueble, en un lugar fue el enfrentamiento y en otra finca aledaña encontraron a los menores muertos con sus padres, luego de que también escucharon disparos.
Zamarripa Aguirre aclaró que en el mismo terreno había diversas construcciones, en una de ellas, en un salón, fue donde se emitieron disparos contra los elementos y donde se registró el primer enfrentamiento, pero luego en la otra finca, donde estaba la familia, se emitieron disparos, y ahí fue donde encontraron a los menores muertos.
Sobre la mecánica del asesinato de los menores, detalló que ya estando muertos, el padre iba a perpetrar otro asesinato, el de la madre, pero que como no tenía balas su arma ya no se pudo concretar el hecho.
Otra aclaración fue que los policías no dispararon contra el acusado aun cuando tenía a su arma apuntando la cabeza de su esposa y que se percataron que ya no tenía balas porque accionó el gatillo, ya había consumido el cartucho. Los elementos solamente le retiraron el arma, pero el relato de lo acontecido fue narrado por la madre de los tres menores y está dentro de la carpeta inicial de investigación que se presentó a la juez de control.
La versión de las autoridades indica que el arma que se utilizó para la tentativa de homicidio contra la madre de los menores, es la misma que se disparó contra la cabeza de los tres menores de edad según las pruebas de balística que se realizaron. Un revólver calibre .22, con seis cartuchos (capacidad) percutidos, que tenía el acusado cuando llegaron los policías ministeriales.
Sobre la acusación que hizo la madre de las víctimas a los medios de comunicación, de que fueron los policías quienes mataron a los menores, dijo que es un contraste de versiones con la declaración oficial que dio a las autoridades, la cual no fue empleada en el ejercicio de los abogados defensores dentro de la audiencia de vinculación a proceso penal. Es decir, que no se ratificó esta denuncia de la esposa por los abogados defensores en la audiencia inicial por lo que ningún policía fue requerido para ampliar declaraciones.
Refirió que los elementos estatales llegaron al predio donde sucedieron los hechos, ya se tenían reportes y denuncias anónimas sobre la presencia de personas armadas, por lo que hubo un reporte preliminar sobre esta presencia numerosa y por la detonación de arma de fuego.
Los elementos fueron recibidos a balazos, a pesar de que iban en un vehículo blindado, y tuvieron que esperar apoyo de las Fuerzas de Seguridad estatales, en el lugar se encontraron armas largas, casquillos de alto poder (AK47, Rifle 3006) y dos armas cortas (9mm y .38) y duró varios minutos el enfrentamiento. Hay una investigación abierta sobre este grupo que disparó a los elementos ministeriales.
Sobre la tardanza con que se manejó la información por parte de la Procuraduría, casi a la media noche del domingo cuando los hechos fueron el sábado en la madrugada, Zamarripa Aguirre precisó que no tenían elementos necesarios para dar la información certera y esperaron los peritajes necesarios y elementales para dar datos precisos sin comprometer la reserva de información y datos de prueba de la carpeta de investigación.
También negó que la Procuraduría se haya adelantado al anuncio oficial de la vinculación a proceso por el Poder Judicial de la audiencia inicial (privada), luego de que con casi 40 minutos de anticipación la dependencia emitió un tuit para avisar sobre la decisión de la juez, una vez que ya había terminado.
Finalmente, reveló que el acusado se ha intentado causar daño en diversas ocasiones, lo que derivó en medidas cautelares que pidió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, y puso como ejemplo que hasta ha utilizado la pluma que se le entregó para firmar sus declaraciones frente al persona de ese organismo.
PRESUNTO
En el arranque de la audiencia inicial para vincular a proceso penal a Antonio, padre de los tres menores asesinados en una finca en San Miguel de Allende, el viernes por la mañana, se presentó el equipo de abogados del presunto responsable y que es integrado por Florencio Rafael Heredia Rubio, Enrique Riquelme Torres y José Salvador Herrera Chávez.
El primer abogado, Rafael Heredia, es famoso por el documental Presunto Culpable que puso en evidencia las deficiencias del Sistema de Justicia Penal mexicano en el caso de un tianguista detenido y acusado de homicidio en la Ciudad de México y que fue liberado tras demostrarse la serie de deficiencias del caso.
La película causó una polémica enorme, luego de que uno de los testigos que aparece no autorizó por escrito el uso de su imagen, lo que derivó en una prohibición de exhibir el material en las salas de cine de México, situación que finalmente se arregló y permitió su difusión con la autorización de la Secretaría de Gobernación.
El abogado fue contactado de manera inicial por un arquitecto en San Miguel de Allende que trabajó en un proyecto que desarrollo en esa ciudad el abogado, radicado ahí desde hace unos meses pero que mantiene su despacho legal en la Ciudad de México. El propio acusado participó en algunos trabajos de construcción del prestigiado abogado, quien ayer se negó a revelar quién cubriría sus honorarios por la defensa de quien fue vinculado a proceso penal por la muerte de los menores.
De manera inicial, acababa de regresar del extranjero, el abogado explicó que el caso es bastante difícil, después de conocer la carpeta de investigación que contiene los elementos para sustentar la acusación de los fiscales sobre su presunta responsabilidad en el homicidio de los menores y la tentativa de homicidio de su esposa.
Al final del día, tras casi 11 horas de audiencia, la Juez Norma Angélica Hernández, a cargo de la causa penal 1P3417-5, determinó que había elementos suficientes para vincular a proceso penal al acusado por lo que otorgó un plazo de seis meses, a partir de ayer, para que la fiscalía concluya la investigación y se acrediten en forma plena los elementos que indican que Antonio sería el responsable de la muerte de sus tres hijos.
El equipo de abogados es experto en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y al final de la audiencia explicó que van a revisar a fondo todos los elementos que contribuyan a demostrar que el acusado no fue el responsable de la muerte de los menores, a pesar de que el mismo viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado mostró algunos detalles que le permitieron hacer las imputaciones ante el Juez.
El compromiso del abogado con los familiares del acusado es que durante los seis meses que otorgó la juez, van a reunir todas las pruebas necesarias para acreditar la no responsabilidad penal de Antonio, lo que implicará contraponer los argumentos y pruebas periciales de que disponen los fiscales y que fueron presentadas en la audiencia inicial.
Hay algunos elementos y pruebas de las cuales la defensa no está de acuerdo a pesar de que consideró que la carpeta inicial de investigación está bien elaborada, aun cuando se adelantó que Antonio y su familia estuvieron en el lugar equivocado puesto que son ajenos a los hechos donde la policía ministerial y fuerzas de seguridad del estado se enfrentaron a un grupo armado durante más de dos horas.
Una de las revelaciones que hicieron los abogados defensores es que hay un ambiente de temor en la familia de Antonio, por lo que van a buscar que la verdad jurídica permita demostrar ante la juez su no responsabilidad de los delitos que le imputa la fiscalía estatal.
La audiencia inicial, donde se vinculó a proceso penal a Antonio inició a las 8:00 horas y a las 18:55 salieron los abogados a informar a la familia de Antonio sobre la decisión del juez; ahora sigue preparar la defensa y sustentar todos aquellos elementos que prueben que no es el responsable de la muerte de sus hijos.
Uno de los detalles que llamaron la atención del Poder Judicial fue el aviso de la Procuraduría General de Justicia del Estado con 40 minutos de anticipación de la vinculación a proceso cuando ni siquiera había concluido la audiencia. Todos estos elementos serán valorados por la defensa para verificar que el proceso que siguió la fiscalía haya sido conforme al debido proceso, donde el sistema garantista está enfocado a la presunción de inocencia hasta que la juez no haya corroborado la acusación que se le imputa, el homicidio en grado de parentesco de los tres menores y la tentativa de homicidio contra la esposa.
Entre la decisión de la juez y este sábado se han realizado dos manifestaciones multitudinarias en la ciudad de San Miguel de Allende en la que se pide la liberación de Antonio, porque los familiares, amigos y vecinos no creen en la verdad legal de las autoridades ministeriales.
PARALELA
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estuvo presente el viernes durante la audiencia inicial de vinculación a proceso penal de Antonio, al designar a Yaneli Fernández García como su representante para dar seguimiento al caso.
La investigación que abrió el organismo podría tardar alrededor de un mes, derivado de que se recaba toda la información disponible para determinar si existió o no un uso desmedido de la fuerza pública en el caso de la muerte de tres menores de edad en la comunidad Ampliación Cieneguita de San Miguel de Allende y en donde la fiscalía acusa al padre de las víctimas.
Pero ya se tienen algunos avances que se integran al expediente 04/17-D para determinar las causas bajo las cuales perdieron la vida los tres menores de edad, entre estos la declaración que dieron al organismo los padres de las víctimas y en especial, de quien el viernes fue vinculado a proceso penal por esta causa, y de las declaraciones de los agentes ministeriales y de las fuerzas del estado que habrían participado directamente en estos hechos.
Otro de los datos que logró integrar la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato son los derivados de la inspección del lugar y el levantamiento de evidencias junto con la integración de testimonios a la investigación paralela a la que realizaron las autoridades ministeriales.
Se solicitó además a la Subprocuraduría de Justicia Región D, donde sucedieron los hechos, la carpeta de investigación que se presentó ante la jueza que lleva el caso para revisar su contenido junto con la solicitud de que se entregue un informe general del día de los hechos.
También se pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el informe sobre los hechos junto con la identificación de los elementos que participaron en el operativo y que están a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública. También se hizo esta petición a la Policía Ministerial del Estado.
Además se indagan los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional y si tuvieron participación en los hechos al igual que a la subsede de la Procuraduría General de Justicia y a la Comisaría de la Policía Federal por el mismo asunto. En el caso del municipio de San Miguel de Allende, se requirió la información sobre los hechos a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, al cuerpo de Bomberos.
Al juez de Control del Poder Judicial que lleva el caso se le pidió copia de la audiencia de control de detención del presunto responsable de homicidio, así como audios de la audiencia inicial y al titular del C5i se le requirió un informe sobre la existencia de los reportes al número de emergencias 911 correspondiente al día de los hechos.
También se revisan los partes médicos del Centro de Reinserción Social donde fue recluido el acusado, así como la solicitud de aplicar medidas cautelares para proteger su integridad emocional y física.
El reporte final del organismo va a deslindar responsabilidades por presuntas violaciones a los derechos humanos y a contribuir en el esclarecimiento de los hechos.
