BATALLA
A medida de que las autoridades municipales y abogados le rascan a la historia del litigio que interpuso Roberto Zermeño por la vía mercantil para recuperar el Estadio León, se encuentran más convencidos de que hubo mano negra de algunos magistrados, que bajo una artimaña y laguna legal, le abrieron el camino para reclamar como suyo algo que había cedido a cambio de una contraprestación (terreno y cambio de uso de suelo en 10 mil metros del polígono), que ya le había dejado en las bolsas al menos 60 millones de pesos, por las transacciones que hizo con otros particulares.
Esta semana, cuando se notificó al municipio a través de sus abogados defensores sobre la resolución del Tribunal Federal en la que se establece que tenía que entregar el inmueble a Roberto Zermeño y Héctor González, se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión de la decisión de los magistrados que impidió otorgar el amparo a las autoridades y desechar el argumento de uno de sus integrantes, de que había que tomar en cuenta el derecho de los dueños de palcos y plateas antes de emitir una postura definitiva.
Por ahora hay tres rutas legales que se atienden sobre el tema del estadio, la primera la que siguen los propietarios de los palcos y plateas y en donde se presentan amparos ante las autoridades federales para defender su derecho sobre los títulos de propiedad que poseen; la segunda, la revisión que se solicitó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una tercera que tiene que ver con la destitución que se hizo de Roberto Zermeño y Héctor González como representantes de la Asociación Civil Club Deportivo León a cargo de los socios fundadores de la organización, Alfonso Sánchez y Guillermo Liceaga.
El Colegio de Abogados de León, quien apoya a la asociación civil Defendamos Nuestro Estadio, sigue con las asesorías y apoyo gratuito a los dueños de palcos y plateas para interponer los amparos, al considerar que sí tienen derechos como lo argumentó el único de los abogados que pidió otorgar el amparo al municipio.
Para los profesionistas será muy lejana la posibilidad de que se entregue el estadio a los particulares, aun cuando se argumenta que la extinción anticipada del fideicomiso que fijaba un plazo de 10 años, fue una de las causales que tomó en cuenta uno de los magistrados en 2011 para aceptar la demanda de Zermeño.
No se tomó en cuenta que dentro de las mismas cláusulas del contrato, se establece que cuando se terminara anticipadamente el fideicomiso, pasaría a manos del municipio y que el propio demandante había renunciado a cualquier derecho sobre el estadio, los terrenos, la franquicia y la marca del equipo León.
Esta observación también la tienen presente en la Secretaría del Ayuntamiento, que es la instancia encargada de dar el seguimiento puntual al caso, una vez que Zermeño esperó a que pasaran los 10 años que establecía de manera original la vigencia del Fideicomiso para contratar a un abogado que empleó una laguna legal para interponer por la vía mercantil la demanda contra el municipio y reclamar la devolución del inmueble.
Los magistrados que aceptaron la demanda en primera instancia, desconocieron que Zermeño ya había transferido los derechos de propiedad al municipio y había renunciado expresamente a ellos a partir de una contraprestación que autorizó el Ayuntamiento. Es decir, no sólo transmitió los derechos intangibles como el club, la marca y franquicia, sino que también formalizó la entrega de los derechos del inmueble y los terrenos.
Entonces se habían reservado 10 mil metros del terreno, se le entregó el cambio de uso de suelo (hoy hay un centro comercial y un hotel), se reservó el usufructo del estadio por tres años y con un contrato de un año de arrendamiento y se le condonaron adeudos fiscales que tenía con las autoridades municipales.
Estos últimos no tenían nada qué ver con la defraudación fiscal que hizo por evadir el pago de impuestos federales y que lo llevarían a la cárcel varios años, de acuerdo con algunos de los actores municipales que participaron en esa negociación.
Esta versión fue corroborada esta semana por el exalcalde Jorge Carlos Obregón Serrano, quien sostuvo que Zermeño hizo trampa para quedarse con el estadio y los terrenos al ser favorecido por los tribunales.
Finalmente, no hay un plazo para ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta o rechaza la solicitud de revisión; si la rechaza quedan otros recursos legales de distinta naturaleza, si la aceptan, tardaría meses en darse un resultado de la evaluación que hagan los magistrados.
RESPONSABILIDADES
El viernes pasado, se aprobó por mayoría en el Ayuntamiento de León, ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, que la Contraloría Municipal inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa contra exservidores públicos del gobierno PRI-PVEM ante presuntas irregularidades detectadas en las bases y la licitación de la recolección de la basura en 2014.
Este hecho es derivado de la notificación que recibió el municipio sobre los resultados de la auditoría a las bases de la licitación, criterios de evaluación, dictamen de la licitación pública y costo – beneficio, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y cuya prescripción de las responsabilidades tenían plazo de vencimiento el 24 de marzo próximo.
Lo que motivó la reunión extraordinaria de los miembros del Ayuntamiento del viernes fue que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, establece que los procedimientos para sancionar a quienes se observaron las presuntas irregularidades deberán iniciar antes de que prescriban las faltas.
Apenas el día 17 de marzo de 2017 se inició formalmente el proceso para sancionar a los ex funcionarios, 7 días antes de que concluyera el plazo que otorga la ley, en medio de un debate sobre el propio procedimiento legal y las razones políticas que había en el PAN para inhabilitar a quienes formaron parte de la administración pasada e impedir que lleguen a ocupar otro cargo en el municipio de León.
De acuerdo con el PRI, la Contraloría va contra una docena de exfuncionarios municipales ligados a la alianza que tuvieron con el PVEM en la pasada administración y la primera medida será una notificación oficial en los próximos días para que comparezcan y se les dé a conocer las acusaciones en su contra.
Luego viene un plazo para que se desahoguen las pruebas a su favor y se presenten los alegatos que a su juicio, demuestren que no cometieron ninguna irregularidad; enseguida que la Contraloría tenga estos elementos se pasaría a la Comisión de Gobierno, como ha sucedido en otros casos similares, para que elabore un dictamen sobre las sanciones que se podrían imponer a los presuntos responsables de las irregularidades que señaló la auditoría que aplicó el órgano de fiscalización del Congreso del Estado.
Cuando la Comisión de Gobierno determine las sanciones, entonces pasa al pleno del Ayuntamiento el dictamen para su aprobación o no y se notifica al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
Lo interesante será ver cuál es la sanción que fijen los panistas a los exfuncionarios de la pasada administración, porque en el caso de los que permanezcan dentro de la estructura municipal, únicamente serían amonestados mientras que a quienes se señala de no ejercer su cargo de manera diligente, la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos sólo contempla una inhabilitación de seis meses a un año de castigo.
Los inculpados tienen el derecho de recurrir al amparo o al Tribunal Contencioso Administrativo si es que en el periodo de presentación de pruebas no logran acreditar su inocencia a las faltas que les son imputadas por las autoridades. Estos procesos muchas veces duran en su resolución más tiempo que la propia sanción a que se hacen acreedores por las irregularidades cometidas, según sea el caso, lo que deja sin efecto el castigo.
Como las faltas que se les señalan tienen que ver con el artículo 11, fracción primera, de la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado es posible que únicamente los castiguen por tener descuidos en el ejercicio de su cargo, no por un señalamiento concreto de mal uso de recursos públicos, donde se aplican sanciones más severas como fue el caso del exdirector de Desarrollo Institucional, José Cruz Hernández, a quien le dieron 10 años de inhabilitación para desempeñar cargos en la administración pública municipal.
Salvo que mañosamente, el PAN busque sacar de la competencia política a alguno de los acusados de no cumplir adecuadamente con la función que tenía asignada en el proceso de elaboración de bases y licitación para la contratación de la recolección de la basura, según los resultados de la auditoría, el proceso se podría alargar y entonces no solamente lograrían inhabilitar a los exfuncionarios del PRI y el PVEM a un cargo público dentro del Ayuntamiento de León sino que los bajarían de la competencia política en el 2018.
Además sería una buena bandera política para los panistas en plenas campañas electorales decir que sí castigaron a quienes cometieron irregularidades en la pasada administración del PRI-PVEM.
Para algunos de los actores políticos involucrados en las acusaciones, no deja de ser relevante el uso de la justicia con fines electorales, así ha sido siempre y en todos los colores y administraciones, ya sea municipal, estatal o federal. Así lo veremos cuando arranque el proceso electoral del 2018 aunque se jure que solo se busca justicia a ciegas.
DEMANDA
La agresión que sufrió el reportero Gilberto Israel Navarro Basaldúa por un exfuncionario municipal, Jorge Alberto Rodríguez Rocha, quien es hijo de una regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato capital y cuya evidencia de viralizó en las redes sociales, es una muestra más de la intolerancia y el abuso de poder de quienes ostentan un cargo público para limitar la libertad de expresión, uno de los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos y valor activo de nuestra democracia.
La conducta mostrada por el exfuncionario no debe quedar impune, porque se puso en riesgo la vida del periodista. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado deben dar una respuesta puntual a la demanda que se interpuso por la vía penal y en el expediente que se abrió de oficio para investigar los hechos, respectivamente, al ser derivados de una crítica que se hizo al agresor previo a estos lamentables hechos.
En el Congreso del Estado también tienen mucha tarea qué hacer en este asunto y así se expresó por un grupo de 70 periodistas que mostraron solidaridad ante la agresión y urgieron a los legisladores que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupo Vulnerables a sacar adelante un dictamen relativo a una ley que proteja a los periodistas y a las personas protectoras de los Derechos Humanos.
Las nuevas condiciones bajo las que se desenvuelven los periodistas, hacen necesario un marco legal que garantice plenamente su derecho a la libertad de expresión y que castigue a quienes abusan del poder y agreden injustificadamente a quienes los critican.
Ojalá que las autoridades no tarden mucho en dar respuesta a los planteamientos de los periodistas, en especial quienes revisan la agresión que sufrió Gilberto Israel Navarro Basaldúa porque es un hecho grave que no debe quedar impune.
