ZAPATEROS
El jueves 2 de marzo se realizará la asamblea general ordinaria de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y todo parece apuntar a que sería el empresario Luis Gerardo González García, quien releve en el cargo a Javier Plascencia Reyes, quien cumpliría dos periodos al frente del organismo aunque tiene la posibilidad de buscar un tercero.
Al menos esa es la versión que se cuenta entre el personal de la CICEG y entre el círculo cercano al presidente del Comité Organizador de SAPICA, cargo que ostenta actualmente el industrial zapatero González García.
Javier Plascencia Reyes presentará el día 2 de marzo su informe de actividades anuales desarrolladas por el Consejo Directivo de la CICEG, que incluye además el reporte de estados financieros del ejercicio 2016 y la presentación de los dictámenes de los auditores internos y externos.
En la convocatoria del organismo se indica que en esta asamblea se presentará la propuesta del programa de trabajo para el ejercicio 2017 y el presupuesto anual de ingresos y egresos, las propuestas de cuotas de afiliación y de cobros por servicios institucionales junto con la elección y designación de los integrantes del Consejo Directivo 2017-2018.
Plascencia Reyes parece haber optado por cumplir únicamente dos periodos como presidente de la CICEG y dar espacio para la renovación del Consejo Directivo 2017-2018, tras una gestión exitosa en la defensa de los intereses de la industria zapatera de León.
Durante su gestión, el industrial logró avanzar en el tema de la defensa del sector y en el impulso de una estrategia más agresiva para fortalecer la competitividad de las empresas, sin dejar de lado los señalamientos al gobierno federal por ajustar los mecanismos de evaluación y supervisión en aduanas a fin de evitar el ingreso de calzado bajo mecanismos de subfacturación.
Parte de su periodo fue enfocada a negociar una posición más sólida a la industria dentro del acuerdo comercial de Asía-Pacífico, y la elaboración de un estudio que permitió identificar las áreas vulnerables de la industria mexicana frente a otros competidores internacionales que disponen de mecanismos y programas más efectivos que tienen países como Vietnam, el cual sirvió para presentar una propuesta de nueva política industrial al gobierno federal.
En la semana que concluye, Plascencia Reyes se plantó ante el Senado de la República para insistir en la necesidad de diseñar una política industrial que contribuya a fortalecer el desempeño competitivo de las fábricas en México.
La nueva coyuntura económica y comercial es otro de los asuntos que estarán pendientes para el nuevo Consejo Directivo, en especial, en lo que se refiere a la renegociación del TLCAN a raíz de las promesas que hizo en su campaña quien ahora es presidente de los Estados Unidos. Se prepara un estudio que permitirá a la industria determinar cuáles son los escenarios y la posición que deben defender ante el gobierno mexicano en las renegociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Respecto a González García, proviene de una familia zapatera que tiene un amplio reconocimiento por su trabajo y participación en los asuntos relacionados con la industria y ha tenido oportunidad de conocer con profundidad0 los temas relacionados con la comercialización, y con área estratégica para los zapateros ante los embates de las grandes compañías internacionales y donde México ha ganado espacios importantes.
Finalmente, quedan dos semanas para conocer si hay algún otro industrial zapatero que levante la mano y registre su planilla dentro de la asamblea general ordinaria, aunque por ahora el único valiente que está dispuesto a buscar la posición es el presidente de SAPICA.
El reto del nuevo Consejo y quien lo encabece no es sencillo porque está en riesgo el futuro de las exportaciones de calzado de Guanajuato, cuyo destino principal es el mercado de los Estados Unidos, y en donde la nueva política comercial del gobierno de Trump parece estar dispuesto a poner las mayores trabas posibles con medidas proteccionistas.
PARLANCHÍN
El diputado local de MORENA, David Alejandro Landeros, que alcanzó una posición por representación proporcional dentro del Congreso del Estado, presentó finalmente una solicitud de separación temporal (por 90 días) ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que analizará el caso y subirá al pleno el asunto para que dentro de la votación de los 36 legisladores determinen su futuro.
A raíz de la difusión de un audio, en donde detalla la forma en que opera su partido, asesores y las presiones que tiene para la repartición y uso de los recursos públicos destinados para su ejercicio, se incrementó la presión pública al legislador para que rinda cuenta por los dichos que se expresan y ante la posibilidad de que se haya cometido un uso indebido de dinero.
Hay tres instancias que revisarán su caso para determinar cuál sería la sanción a que se haría acreedor si se demuestra mal uso de recursos públicos. En primer lugar, está la investigación que abrió el órgano interno de control del Congreso del Estado, quien deberá determinar si efectivamente se desviaron recursos públicos del fin original que estaban previstos; en segundo lugar, está la investigación que hace una Comisión interna de MORENA para clarificar los dichos del diputado en el audio que se hizo público y fijar una posición política al respecto y en tercer lugar, está la decisión que asuma la Junta de Gobierno y Coordinación Política sobre la solicitud de separación que hizo David Alejandro Landeros por tres meses.
La realidad es que independientemente de la sanción que se le aplique, una vez que se demuestre que se usó mal el dinero que tenía asignado, el legislador dejó mal parada su investidura como representante popular, a su partido MORENA que tiene como uno de sus principios rectores la llamada honestidad valiente y al propio Poder Legislativo, ante la falta de mecanismos de control que eviten dar un uso indebido de los recursos que tienen destinados para su función.
Uno de los problemas también graves de esta situación es que su suplente y actual asesor, es uno de los implicados en los audios como la persona que busca quitarlo de la posición por la jugosa dieta que recibe cada mes como representante popular, a lo que se agrega la presión que dice recibir el dirigente estatal del partido para obtener una cuota de 20 mil pesos de su salario.
Los 36 legisladores del Congreso del Estado deberían de valorar y estudiar muy bien esta situación porque pone en evidencia tres temas en donde los ciudadanos han desconfiado de sus representantes populares: el manejo de los recursos públicos, la función que desempeñan en el cargo y los intereses que representan así como la forma como se manejan los partidos que tienen una posición dentro del Congreso.
El escándalo no es menor por los propios antecedentes que tiene David Alejandro Landeros en su gestión legislativa y los diputados de las distintas fracciones políticas deberán buscar una salida que ofrezca certeza a los ciudadanos de que los hechos denunciados no pueden quedar impunes, ni para el representante de MORENA ni para ese partido.
La propia sugerencia de renunciar al cargo ya se la habían hecho sus familiares al legislador de MORENA porque efectivamente pone en evidencia que hay presiones fuertes de su partido y asesores por el dinero al que tiene acceso para la función que desempeña.
Además se tendrán que revisar los mecanismos de rendición de cuentas que tiene cada uno de los legisladores porque en el fondo ese es el problema, los vicios derivados de los privilegios económicos de que disponen y que muchas veces no se conoce a qué bolsillo van a parar.
Lo que si quedará para la historia es la afirmación que ser legislador es un “regalo de Dios” que les permite ingresos millonarios, y que según la versión del propio David Alejandro Landeros, es una creencia generalizada entre quienes hoy tienen la representatividad de los ciudadanos en ese órgano legislativo.
Puede ser la excepción el diputado de MORENA, pero cuando se analizan los sueldos de los legisladores, les queda algo así como seis millones de pesos libres de impuestos en su paso de tres años en el Congreso del Estado, solamente se ratifica lo que perciben la mayoría de los ciudadanos, ganan mucho sin rendir cuentas y trabajan poco para sus propios intereses.
BLINDAJE
En los últimos días se abrió más el debate sobre el tema de los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos debido a que empezaron las redadas de las autoridades federales estadounidenses, el caso emblemático de una mujer guanajuatense que fue deportada y separada de sus familia ante una nueva orden Ejecutiva del Presidente Trump, el encarcelamiento de un “dreamer” que estaba bajo el beneficio de una política migratoria más flexible con Barak Obama y la decisión de convocar a un día sin inmigrantes en las principales ciudades de la Unión Americana anticipan lo que vendrá en una siguiente fase y quizás más crítica que este arranque.
Trump ofreció en su campaña política endurecer las políticas de migración hacia los Estados Unidos, en el caso de los mexicanos los señaló como criminales, y ya empezó a hacer visible su política persecutoria contra aquellos que de manera ilegal residen en el país o que cuentan con antecedentes penales. Los operativos reportados por las organizaciones de defensa de los migrantes dan cuenta de lo que vendrá en las siguientes semanas.
Otra de las promesas que hizo fue aplicar un impuesto adicional a las remesas que los migrantes envían a sus familias en México, lo anterior, para financiar la construcción de un muro fronterizo que impida el paso de miles de indocumentados que llegan cada año a su país.
El estado de Guanajuato recibió en 2016 más de dos mil 400 millones de dólares de remesas, según las cifras que reportó el Banco de México, y que son mayores al promedio que se ha enviado en los últimos años a las familias de los migrantes.
Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público han ofrecido que buscarán un esquema para impedir que las remesas de los migrantes a sus familias se vean afectadas por la nueva política de Trump pero hasta la fecha no se ha hecho público un programa o mecanismo que blinde los recursos que se mandan para México.
Ante esta amenaza real que vivirán los migrantes y sus familias, el experto financiero Rogelio León Torres recordó un esquema que desarrolló el entonces gobernador Vicente Fox Quezada con la Unicef y entonces Banamex para blindar las remesas de los guanajuatenses en 1998 y que con el cambio de su administración se dejó de lado.
La administración estatal de Fox Quezada desarrollo un novedoso esquema financiero para que a través de un sistema de transferencias con Banamex, los migrantes enviaran sus recurso con un menor costo de intermediación y de paso generar una bolsa, con parte de las utilidades por los cobros de cada operación, que se destinó a proyectos infraestructura social en las comunidades con mayor expulsión de migrantes, a los cuales se sumaba la Unicef.
El programa atendía las transferencias a los guanajuatenses que trabajan en Estados Unidos a un costo más bajo que el que representaba hacerlo por otros intermediarios bancarios o no bancarios, y se llamaba Tarjeta Guanajuato (sistema de transferencia de fondos del extranjero al estado). Los familiares de los migrantes tenían la tarjeta en México y ahí recibía los recursos que le eran enviados de manera rápida y podían usar el mecanismo electrónico para sus compras.
Un estudio que también se elaboró en otras administraciones estatales determinó a donde se destinaban los recursos que enviaban los migrantes y se propuso un mecanismo para canalizar parte de las remesas a una inversión productiva que les permitiera contemplar la posibilidad de regresar a sus lugares de origen, si eran deportados, y tener una alternativa para su desarrollo.
Es por eso que ante las amenazas de Trump de cobrar una sobretasa a las remesas que envían los migrantes a México, Guanajuato es el segundo estado con mayor captación de dólares por este concepto, existen opciones financieras que se pueden desarrollar de corto plazo para blindar esos recursos.
Rogelio León Torres resalta que en su momento fue Ernesto Torres Cantú, director regional, Centro de Banamex, quien apoyó esta iniciativa financiera y que ahora es el principal CEO de Citibanamex en México.
Si el gobierno del estado decidiera apoyar a los migrantes para blindar las remesas que quiere gravar Trump, existen mecanismos financieros ya probados en el pasado, con expertos que pueden activarlos en corto plazo y hasta encontrarían voluntad de quienes lo diseñaron y ocupan hoy carteras importantes en la banca.
