El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre del 2017, en donde un 78.3 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, por arriba del promedio nacional.
Sólo un 27.2 por ciento de la población consideró que el Gobierno Municipal es efectivo para resolver los principales problemas de su localidad, entre ellos la inseguridad, de acuerdo con la encuesta que dio a conocer ayer el INEGI.
León es una de las 55 ciudades del país donde el INEGI realiza la encuesta y que dio como resultado que los municipios con mayor porcentaje de personas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron Villahermosa (96.6 por ciento), Ecatepec (94.6 por ciento), Chilpancingo (94.1 por ciento), Reynosa (89.6 por ciento), Coatzacoalcos (89.5 por ciento) y Fresnillo (88.1 por ciento). El promedio nacional fue del 74.9 por ciento.
Las ciudades cuya percepción de inseguridad es menor fueron Puerto Vallarta (29.5 por ciento), Mérida (30.7 por ciento), Piedras Negras (35.3 por ciento), Saltillo (35.7 por ciento), Durango (37.8 por ciento) y Tepic (48.6 por ciento).
En el caso de Guanajuato, la otra ciudad en donde se levantó la encuesta por primera vez, es el la capital del estado, en donde el 54.2 por ciento de la población dijo sentirse insegura. La encuesta se aplica en las capitales de los estados y para el caso de Guanajuato se mide la percepción en León. A partir de junio de 2017 se incorporaron las ciudades de Los Cabos, Guanajuato capital e Ixtapa-Zihuatanejo.
A nivel nacional, de la población consultada para esta encuesta el 81.3 por ciento manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; el 73.7 por ciento en el transporte público; el 68.1 por ciento en el banco y el 66.1 por ciento en las calles que habitualmente usa.
Otros lugares donde los ciudadanos se sienten inseguros refleja que un 60.1 por ciento en mercados; 58 por ciento en carreteras; 53.8 por ciento en parques recreativos; 43.5 en el automóvil; el 43.1 por ciento en los centros comerciales; el 38.7 en el trabajo; el 29.9 por ciento en la casa y el 25.6 por ciento en la escuela.
Durante el segundo trimestre del año el porcentaje de la población que mencionó haber sido testigo de conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fueron un 65.4 por ciento respecto a consumo de alcohol en las calles; el 64.2 por ciento robos o asaltos; el 52.1 por ciento vandalismo en viviendas o negocios; el 42.2 por ciento venta o consumo de drogas; el 35.1 por ciento pandillerismo y el 34.9 por ciento disparos frecuentes con armas de fuego.
La inseguridad ha provocado que la población cambie de hábitos, por ejemplo, el 61.8 por ciento evitó llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito; el 55.5 por ciento reconoció que ya no permite que sus hijos salgan de su vivienda; el 50.3 por ciento dejar de caminar por los alrededores de su vivienda pasadas las 20:00 horas y el 34.3 por ciento dejó de visitar a sus parientes o amigos.
La encuesta mide la sensación de inseguridad por temor al delito; la expectativa social sobre la tendencia del delito; la atestiguación de conductas delictivas o antisociales; cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito; percepción del desempeño de las policías preventivas municipales, estatales y federales, la Gendarmería Nacional, Ejército y Marina como autoridades de seguridad pública; conflictos y conductas antisociales; desempeño gubernamental y fuentes de consulta de información sobre seguridad pública.
Otro dato significativo que aporta la ENSU al mes de junio es que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. El promedio nacional de percepción de inseguridad es del 74.9 por ciento de la población, mientras que en el caso de las mujeres el registro del 80.2 por ciento y en los hombres del 68.9 por ciento.
Además la ENSU refleja que un 36.4 por ciento de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal, lo que representa un aumento de 2.5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2016. Además un 36.7 por ciento de la población señaló que la situación de inseguridad empeorará.
Finalmente, destacan los resultados de la encuesta referidos a la percepción del desempeño de sus corporaciones de seguridad. Un 85.6 por ciento consideró que la Marina ha tenido un desempeño muy o algo efectivo; el 82.4 por ciento el Ejército; el 69 por ciento la Gendarmería; un 62.9 por ciento la Policía Federal; un 47.6 por ciento la Policía Estatal y al final, un 37.3 por ciento la Policía Preventiva Municipal.
Mientras se mantiene la percepción negativa de los leoneses sobre la inseguridad y la poca capacidad de respuesta de las autoridades locales para atender este problema, siguen atoradas las iniciativas ciudadanas para fortalecer la seguridad pública de León. A esta mala percepción de los leoneses sobre la seguridad se suma el mal desempeño de los policías, unos despedidos por corrupción, otros por abusos cometidos contra los ciudadanos y unos más por el pasmo en la toma de decisiones encaminadas a recuperar el terreno perdido frente a la delincuencia común y organizada.
DIFERENCIAS
El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo ayer en León para presentar un análisis sobre la situación crítica que vive Guanajuato en materia de inseguridad y rezago social junto con las propuestas que considera viable para revertir esta situación aunque el tema de interés de los medios de comunicación fue conocer su interés por la candidatura del PRI para la gubernatura en 2018 y su punto de vista sobre las condiciones que prevalecen en el partido para salir fortalecidos de la lucha interna que se anticipa.
Hizo una definición importante sobre el proceso interno de selección de candidato que contrasta con lo propuesto por otro aspirante y Senador de su partido, Gerardo Sánchez García, al referir que no hay condiciones para que sean las estructuras internas y la militancia quienes definan al candidato sino que se requiere que el Comité Ejecutivo Nacional junto con el priismo de Guanajuato designe un candidato de unidad.
El viernes pasado, en entrevista con El Heraldo de León, el senador Sánchez García fue muy claro al definir que tiene interés por la candidatura de su partido de cara al 2018 pero que hay dos condiciones bajo las cuales entraría a una contienda interna, primero que no venga una decisión centralista (dedazo) con un candidato de ocurrencia porque no serían competitivos frente al PAN y segundo, que solamente iría de candidato bajo una alianza del PRI con otros partidos, solo no.
Este lunes, en León, el senador Chico Herrera advirtió sobre el riesgo de que haya un cochinero en el proceso de selección de candidato a la gubernatura en su partido, si se opta por una elección entre la militancia, habría un enfrentamiento que dejaría al PRI mal parado para competir en las elecciones que vienen tal y como sucedió en el proceso intermedio donde sus resultados fueron un rotundo fracaso.
El motivo es que hay un grupo político que tiene secuestradas las estructuras, empezando por el Comité Directivo Estatal, a pesar de que la nueva delegada del Comité Ejecutivo Nacional, la Senadora Graciela Ortiz tiene el firme compromiso por poner un piso parejo para todos los aspirantes.
Destacó la trayectoria política y experiencia en materia electoral de la enviada especial de Enrique Ochoa pero aún falta hacer muchos arreglos para que haya equidad en la contienda y no tendrían mucho tiempo para alcanzar ese propósito.
El pronunciamiento del ex candidato a la gubernatura del estado y ahora senador fue muy claro al abordar que no existen condiciones para que sea la militancia quienes elijan a su candidato para el 2018, lo más conveniente sería sacar un candidato de unidad.
Por lo visto, los senadores Sánchez García y Chico Herrera tienen visiones contrarias a la forma en que podrían resolver su proceso de elección interno y seguramente las diferencias aflorarán a medida de que se acerque la hora de la definición del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Un buen comienzo para los priistas que buscan recuperar el poder en Guanajuato, donde acusan un fracaso de las políticas públicas en materia de desarrollo social y seguridad, sería empezar a sentarse a dialogar para construir un acuerdo que le de competitividad a un partido que no tiene nada que hacer frente al PAN si mantienen, como hasta ahora, su lucha interna por la candidatura del 2018.
TAREA
El Congreso del Estado designó ayer a quienes integrarán la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana en el marco de instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción, y serán María del Carmen Huerta Guerrero, Dulce María Moreno Cuéllar, Fabián Gutiérrez Rangel, Luis Enrique Hernández Godoy y José Demetrio Valadez Martínez, por parte de las instituciones de educación superior e investigación y Juana Alicia Jasso Ruiz, Enrique Eduardo Durán Córdova, Ramón Wilfredo García Aguilera y José Antonio Morfín Villalpando, por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
La tarea que tienen estos representantes de las instituciones de educación superior y de investigación con aquellos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil no es menor porque tienen la oportunidad de quitar de las manos de los políticos el combate contra la corrupción a pesar de los candados que establecieron en el Sistema Estatal Anticorrupción y en donde se reservan para los Poderes Legislativo y Ejecutivo, los nombramientos de las figuras claves que van a perseguir a los funcionarios públicos que cometan conductas ilícitas con recursos públicos.
La corrupción es uno de los peores males que vive la sociedad guanajuatense, un último estudio del INEGI señaló el costo que tiene por ejemplo para las empresas esta práctica a pesar del discurso oficial de transparencia y rendición de cuentas. No sólo cuesta dinero público sino que cuesta vidas cuando las políticas públicas y los recursos frenan oportunidades a quienes menos tienen.
Quienes decidirán a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana deben de saber que tienen en sus manos la responsabilidad histórica de asumir una decisión autónoma y que esté encaminada a fortalecer el papel de la sociedad para abatir la corrupción expresada en sus múltiples formas.
Los políticos y funcionarios tienen un discurso hueco y poco creíble de transparencia y rendición de cuentas que se traduce en descontento social y en el peor de los casos, en una conducta que se imitan por a quienes roban, por no trabajar para lo que se les paga o usar indebidamente los recursos para sus proyectos electorales o fines personales.
Estos guanajuatenses pasarán a la historia si logran romper la hegemonía y cooptación de los partidos y el gobierno, que de manera simulada siempre se acomodan para cambiar y seguir igual. La impunidad de los funcionarios sería cosa del pasado si se logra el cometido del Sistema Estatal Anticorrupción.
Aunque esto solamente será un primer paso en la construcción de un auténtico Estado de Derecho, donde los privilegios de los funcionarios y los políticos sean erradicados, caiga quien caiga, la sociedad ya no tolera más actos de corrupción.
