PRESCRIPCIÓN
La Comisión de la Contraloría Municipal aprobó con dos votos a favor del PAN y uno en contra del PRI iniciar un procedimiento para fincar responsabilidades administrativas a ex funcionarios que integraron el Ayuntamiento 2012-2015, los que participaron en las Comisiones de Medio Ambiente Sustentable y Técnica Especializada, así como dentro del Consejo Directivo del SIAP y que aprobaron la asignación de contratos para la recolección de residuos sólidos urbanos de la ciudad a las empresas Red Recolector y GISA.
La Comisión de la Contraloría se integra por los síndicos panistas Luis Ernesto Ayala Torres como presidente y Carlos Medina Plascencia como secretario; los regidores del PAN, Ana María Carpio Mendoza y Jorge Cabrera González así como por el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote.
Los regidores Carpio Mendoza y Cabrera González fueron los únicos que votaron a favor, Ramírez Argote en contra y el síndico Ayala Torres se abstuvo por tener conflicto de interés una vez que su hermano Javier Ayala Torres fue integrante del Ayuntamiento 2012-2015, mientras que el síndico Medina Plascencia faltó a la sesión.
El tema se inscribió en la orden del día de la sesión ordinaria luego de que la semana pasada se recibió la notificación oficial del órgano de fiscalización del Congreso del estado y en la sesión del Ayuntamiento del pasado jueves, se aprobó que se analice el caso en esta Comisión de la Contraloría.
Al arranque de la sesión, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, solicitó al contralor y al presidente de la Comisión que se pospusiera el tema de la orden del día porque no se había entregado el documento de manera oportuna para su revisión y fue rechazada la propuesta por la regidora del PAN, Ana María Carpio Mendoza, al señalar que estaban a una semana de que prescribieran las responsabilidades administrativas que podrían ser imputadas a los presuntos responsables del gobierno anterior.
El argumento central de los regidores del PAN y del contralor municipal Esteban Ramírez Sánchez para sacar adelante este tema en la orden del día, es que el día 9 de marzo recibieron un oficio de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en el que después de su investigación, solicitan al municipio dar seguimiento a los procedimientos administrativos de los funcionarios que asignaron los contratos para la recolección de la basura el 24 de marzo de 2014.
El 24 de marzo de 2017 prescribe la acción legal para fincar responsabilidades por las omisiones en que se encontraron por los auditores de la ASEG en la revisión de la justificación para que un tercero prestara el servicio al municipio, en las bases de la convocatoria de la licitación, en el análisis de las propuestas técnicas-financieras que se presentaron y en el fallo final que beneficio a las dos empresas que ganaron los contratos por los siguientes 20 años a un costo superior al que tenía la administración municipal en un contrato anterior.
El contralor Ramírez Sánchez expuso que las observaciones de la ASEG se fundamentaban en los resultados de la revisión a las bases de la licitación pública 001/2014 del SIAP y de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable; los criterios de evaluación del SIAP y de la Comisión Técnica Especializada; del dictamen de la licitación, por las Comisiones de Medio Ambiente Sustentable y la Comisión Técnica Especializada, junto con la aprobación de la asignación del contrato por el Ayuntamiento sin considerar el costo beneficio para los ciudadanos.
Aclaró que los funcionarios que sigan dentro de la administración, únicamente podrían ser sancionados con una amonestación pero los exfuncionarios señalados (se omitió el nombre de cada uno de ellos para no violentar el proceso de la Contraloría) serían sancionados con multas y hasta la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Ramírez Sánchez advirtió que en caso de no actuar diligentemente en el caso, y aprobar el inicio del procedimiento administrativo, podrían prescribir las sanciones aunque todavía es necesario notificar personalmente al servidor público actual o exfuncionarios, para garantizar que evadan el castigo por las omisiones y fallas que señala la ASEG en el procedimiento de asignación de los contratos para la recolección de la basura en la ciudad.
Durante la sesión de la Comisión se abrió un debate entre los regidores Ramírez Argote, Carpio Mendoza y Cabrera González, donde se puso en evidencia que no se revisó a fondo el documento que puso la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría a disposición de los ediles para su consulta.
Ramírez Argote volvió a confrontar la inexperiencia y falta de conocimiento de la ley de los panistas y hasta provocó que Carpio Mendoza y Cabrera González se molestaran con los cuestionamientos que les hizo de manera directa para evidenciar que no conocían las implicaciones legales de la decisión que tomarían.
Ni siquiera les consta que lo que dice la ASEG sea cierto mucho menos conocen el fundamento legal para encuadrar la conducta que se pretende sancionar a los servidores públicos, cuyos nombres se omitieron. Tampoco pudieron haber revisado los documentos donde se fundamentan las conclusiones de los auditores para tener elementos que validen que hay una conducta que señala el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.
El Contralor Ramírez Sánchez justificó que no se podían dar los nombres de las personas involucradas porque van a ser materia de una sanción, aunque en el pizarrón de la sala de juntas de la Contraloría, debajo de la pantalla de la presentación oficial, se podían observar algunos personajes de la pasada administración a quienes se imputa una presunta responsabilidad en el proceso.
También se evidenció que los panistas aprobarían un documento sin conocer el sentido del dictamen, lo que generó ataques directos y tensión entre los regidores del PRI y PAN (pon atención dijo Ramírez Argote a Carpio Mendoza, quien respondió no me digas qué estudiar, por ejemplo) hasta que intervino el síndico Luis Ernesto Ayala Torres y pidió a Jorge González que lo sometiera a votación para terminar con el tono de la discusión.
Finalmente, se sometió a votación y el PAN con dos votos a favor y uno en contra procedió a instruir al contralor municipal a que continúe con el procedimiento de fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios o exfuncionarios que participaron en la asignación del contrato de la recolección de residuos sólidos urbanos que tienen actualmente GISA y Red Recolector.
Está indefinido lo que pasará con quienes no aprobaron la decisión por mayoría del pasado Ayuntamiento y los integrantes de la sociedad civil que formaban parte del Consejo Directivo del SIAP y que validaron los criterios y lineamientos para la contratación del servicio de recolección y traslado de residuos.
Además falta que se notifique a las personas que señala la ASEG en su auditoría y tiene que ser antes del 24 de marzo para quienes aprobaron en el SIAP el fallo; el 25 de marzo para quienes lo aprobaron en comisiones y el 27 de marzo para los exintegrantes del Ayuntamiento que lo validaron.
Finalmente, se tendrá que notificar al órgano de fiscalización del Congreso del estado, la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa que determinarán el Alcalde y el Ayuntamiento.
SESIÓN
Este viernes en sesión extraordinaria de Ayuntamiento se va proponer que inicien cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa relativos a la licitación y contratación del servicio de recolección de la basura arriba mencionados.
La administración de Héctor López Santillana ha insistido en que cualquier anomalía que fuera detectada sería sancionada derivado de su política de cero tolerancia a la impunidad, y según los resultados de la auditoría que aplicó la ASEG, los ex funcionarios de la pasada administración habrían incurrido en infracciones a los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios.
Los argumentos para justificar las sanciones son que: No se establecieron en las condiciones técnicas, administrativas y financieras los requerimientos respecto al número de unidades, características específicas, costos, rutas, turnos, número de toneladas a recolectar y número de población a atender.
Se omitió señalar en las bases para la licitación los criterios y formas para la evaluación de las ofertas presentadas por los participantes y se aceptaron propuestas de los participantes ganadores aun cuando éstos no cumplieron con el total de las condiciones señaladas en la licitación ni en la junta de aclaraciones.
Y finalmente, se omitió sustentar con el análisis de costo-beneficio el dictamen sobre la imposibilidad de prestar el servicio de recolección por parte del Municipio. Esto es lo que van a valorar este viernes en la mañana los integrantes del Ayuntamiento, seguramente habrá un nuevo debate sobre el tema.
AVAL
El Colegio de Abogados de León hizo ayer un pronunciamiento público para respaldar la decisión de la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Felipe de Jesús López Gómez, para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de revisión del fallo del Tribunal Federal en Guanajuato que negó el amparo al municipio y otorgó la posesión del Estadio León a Roberto Zermeño y Héctor González.
El miércoles, la Secretaría del Ayuntamiento dio a conocer que para defender la propiedad del Estadio León acudiría ante los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revisen la resolución dictada respecto al amparo directo que promovió la autoridad municipal y negaron dos de los tres integrantes del Tribunal.
Y es que apenas ése día se recibió la notificación oficial del Tribunal federal por lo que inmediatamente se elaboró el recurso legal para solicitar que la Corte lo admita y luego se turne a una sala para su resolución. No hay un tiempo determinado de respuesta para éste proceso, puede tardar meses o años.
En opinión del presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, primero se tiene que aceptar la petición y posteriormente revisar los argumentos de los magistrados del Tribunal que negó el amparo, es un derecho que tiene el municipio si se toma en cuenta que Zermeño y compañía utilizaron una laguna legal con la extinción del fideicomiso para demandar por la vía mercantil la devolución del inmueble, aun cuando no le daba ningún derecho.
Otro asunto que quedó claro es que este pleito legal se podría prolongar mucho más tiempo si la corte declara inconstitucional la decisión de los magistrados del Tribunal, y si no fuera así, todavía hay muchas otras instancias donde se pueden presentar los alegatos en defensa del derecho del municipio y los leoneses.
La decisión pudo haber sido legal pero no justa, y hay otros elementos que van a aportar los dueños de palcos y plateas en su solicitud de amparo ante los tribunales federales porque sí hay evidencia de que se verán afectados sus derechos con la resolución de los magistrados que favorecen a Roberto Zermeño.
El Colegio de Abogados de León explicó que se ha otorgado el apoyo jurídico a la asociación Defendamos Nuestro Estadio con el propósito de hacer valer los legítimos derechos de los dueños de los palcos y plateas a través de los amparos y que fue uno de los argumentos que esgrimió uno de los magistrados que se negó a ratificar la decisión del Tribunal en favor de los particulares y contra el Municipio.
Finalmente, otro punto que se podría revisar es la causa jurídica por la cual los magistrados que llevaron el caso en Primera Instancia, en 2011 aceptaron la demanda y argumentos legales que interpuso Zermeño a través de la Asociación Civil, para reclamar un derecho al que había renunciado a cambio de 10 mil hectáreas que se reservó y luego vendió gracias a un cambio de uso de suelo que le otorgó el municipio y que en el fideicomiso que se instituyó, había quedado claro que otorgó los derechos de franquicia y marca junto con la propiedad del inmueble y los terrenos a favor de la ciudad.
