JUSTICIA
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuto, Miguel Valadez Reyes, estuvo ayer en León durante la reunión de la Mesa de Seguridad y Justicia y dio a conocer tres temas relevantes en materia de impartición de justicia sobre los que se trabaja actualmente.
El primero es la presentación de un proyecto del proceso judicial ante la Mesa, para definir las necesidades específicas de los jueces en materia legal ante los legisladores locales y federales para atender las demandas ciudadanas de seguridad y combate a la impunidad.
Valadez Reyes adelantó que en materia de seguridad es evidente que a los juzgadores les corresponde un papel importante, no son únicamente espectadores, porque son quienes aplican el mecanismo para que los hechos delictivos sean justamente sancionados.
Si hay una buena actuación del juez al sancionar se tendrá una repercusión social, la ciudadanía se verá beneficiada y se generará más confianza y certidumbre a lo que agregó que con una buena resolución, sentencia y castigo habría una prevención porque los demás se van a abstener, es decir, le pensarían dos veces antes de cometer delitos.
En este sentido, destacó que va a presentar a los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia el trabajo que ha venido realizando el Poder Judicial en la revisión de normas y criterios aplicados por los jueces; los mecanismos legales que permiten que los inculpados por delitos enfrenten el proceso en libertad, así como si las leyes actuales son en realidad lo que la sociedad necesita o hay que modificarlas.
Esto permitirá armonizar y equilibrar los pilares que sostienen la impartición de justicia, los derechos de los inculpados y de la colectividad (valores sociales), según la explicación que ofreció al concluir la reunión de la Mesa, cuyos integrantes reconocieron que asistiera porque tiene un lugar permanente dentro del mecanismo de participación social y gubernamental.
El segundo tema que planteó fue sobre los avances que tiene el Poder Judicial en la aplicación de un nuevo código penal estatal, en donde se subraya que de mayo de 2016 a febrero de 2017 se han emitido las primeras 11 sentencias por reincidencia y habitualidad de personas que se dedican al robo en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Salvatierra.
En este sentido, se han aplicado sentencias más altas por reincidencia en delitos como robo calificado, narcomenudeo en su modalidad de posesión con fines de comercio y hasta fraude, cuando antes los inculpados se iban sin ser sancionados.
Por ejemplo, en un caso de una persona sentenciada por el delito de robo en León la sentencia que dictó el juez fue por 7 años con 8 meses, cuando antes hubieran sido únicamente 5 años y 9 meses en prisión.
A esto se agregan casos en que ya no es necesario presentar querella por las víctimas del delito y se sigue de oficio, por lo que ahora las personas que cometen un ilícito enfrenan dos penas, por el propio delito y por reincidencia (agravante).
El ministro Valadez Reyes reconoció que no se pueden echar campanas al vuelo en este tema, porque para lograr este tipo de sentencias se requiere las pruebas que lo acrediten y no dejar a la estimación de los jueces si una persona debe ser sancionada con estos nuevos criterios legales.
Y por último, explicó la forma como se tendrá que resolver el proceso en el caso del padre de tres menores de edad acusado como presunto responsable de homicidio en grado de parentesco, en donde la declaración que rindió ante el juez de control es una prueba más que se tendrá que desahogar dentro de la carpeta de investigación antes de que se realice la audiencia final.
Aseguró que se han respetado cabalmente todas las fases del nuevo proceso de justicia penal acusatorio, donde el inculpado fue vinculado a proceso sin que signifique una declaratoria de culpabilidad, y que hay un plazo de seis meses para acopiar los datos que permitan a los jueces tomar la decisión respecto al caso.
En este contexto, del caso de San Miguel de Allende, reveló que fue entregada la declaración que hizo el inculpado por la fiscalía estatal a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, tal y como lo solicitó.
Una vez que termine la investigación, vendrá una audiencia intermedia en donde se analizan las pruebas y se depuran por la fiscalía y la defensa, previo a la definición de la audiencia de juicio oral donde se desahogan cada uno de los elementos que se aportaron en la carpeta de investigación y se toma la determinación final de culpabilidad o no. Ahí todavía no hay una fecha definitiva para ello.
COMPETENCIAS
El pasado martes, durante la inauguración de Sapica 2017, el alcalde de San Francisco del Rincón y exdirigente industrial, Ysamel López García, cuestionó la falta de apoyo de las autoridades federales en el combate a la inseguridad y el presunto pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre la necesidad de que los municipios atiendan su responsabilidad en la materia.
Esto provocó una serie de reacciones de dos de los personajes señalados por el alcalde de San Francisco del Rincón, el delegado de la Procuraduría General de la República, Porfirio García Belio, y del secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, quienes, por separado, refutaron la afirmación de López García.
El delegado federal subrayó que hay un trabajo permanente y coordinado con las autoridades municipales, en especial, con San Francisco del Rincón y de paso lamentó las declaraciones del alcalde, porque aseguró que sí lo han apoyado ante la ola de homicidios dolosos que se han registrado, junto con la Procuraduría General de Justicia del Estado.
También cuestionó que ese municipio no tenga ni siquiera a un secretario de Seguridad Pública en funciones, lo que facilitaría la coordinación y resultados de las intervenciones conjuntas entre el gobierno federal y estatal en ese municipio.
Ejemplificó que en los operativos conjuntos con el gobierno estatal se ha logrado el decomiso de armas de fuego y se ha puesto a disposición de las autoridades competentes a las personas que de manera ilegal portan diversos tipos de armamento.
Luego, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, aclaró que él nunca se ha referido de manera particular al alcalde de San Francisco del Rincón, respecto a una falta de atención en el tema de seguridad pública.
Es más, destacó que hay una buena relación con López García, que está en una constante comunicación sobre asuntos relacionados con la seguridad y hasta lo disculpó de su declaración inoportuna por la carga que lleva sobre sus hombros como alcalde de esa ciudad y la demanda de los ciudadanos por que se devuelva la seguridad.
De plano le mandó decir al alcalde que no están para pleitos, ante las condiciones que se viven en el municipio y que seguirá siendo su amigo, que se mantendrá el apoyo del estado en el operativo extraordinario de seguridad en esa ciudad y en León de manera permanente hasta que mejore la situación.
Aclaró que no tiene la piel tan delgada ante los señalamientos de López García y que van a seguir con una coordinación permanente con el municipio y federación para robustecer la seguridad en la región de los Pueblos del Rincón.
En lo que Alvar Cabeza de Vaca sí insistió, es que los 46 municipios del estado deben estar más atentos al rubro de seguridad al ser uno de los principales reclamos de los ciudadanos, se debe invertir más en policías y equipamiento así como estrechar la colaboración y comunicación para ofrecer los resultados que exige la población.
La realidad es que mientras las autoridades responsables de los tres órdenes de gobierno no asuman su responsabilidad a plenitud, difícilmente se verán resultados en las estrategias de seguridad para los ciudadanos, que están cansados de que se repartan culpas en vez de trabajar en un objetivo común, combatir la delincuencia y extender las medidas de prevención que garanticen una disminución de la violencia y delitos que a diario se vive en las comunidades.
CORTINA
En la dirigencia municipal del PRI adelantaron la ofensiva que se espera del PAN este jueves en la Comisión de Contraloría, convocada a las 11 de la mañana en la Casa Municipal, porque presumen que se aplicarán sanciones administrativas por la vía rápida a los exfuncionarios del anterior gobierno PRI-PVEM, por los procesos de licitación y contratación realizados en 2014 por parte del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), el Ayuntamiento y la Comisión Especializada que otorgó los contratos para la recolección de la basura.
La semana pasada, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento, se notificó el informe de resultados de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) respecto a la auditoría prácticada a la administración de Bárbara Botello Santibáñez, sobre la licitación y contratación de servicios que realizó el SIAP.
Este tema sería analizado por la Comisión de Contraloría para atender los resultados de la ASEG y emitir las sanciones administrativas que se observan dentro de la auditoría y ayer en la noche todavía no se entregaba a algunos de los integrantes la información relativa al asunto para su dictaminación.
La cuestión es que el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, anticipó que nuevamente los síndicos y regidores del PAN van a mayoritear las sanciones a los exfuncionarios de la pasada administración sin haber siquiera analizado el caso a profundidad, únicamente levantarán el dedo para avalar los deseos de revancha política de un partido que está dolido por haber sido sacado del gobierno en el trienio 2012-2015, tras el castigo de los ciudadanos en las urnas.
Para los regidores del PRI no hay duda de que está maniobra del PAN en el Ayuntamiento, sólo servirá para desviar la atención a la pérdida del Estadio León por haber extinguido antes de tiempo el fideicomiso por 10 años que firmó entonces con Roberto Zermeño, y donde están involucrados notables panistas que hoy siguen en la nómina municipal.
