En la Mesa de Seguridad y Justicia de León están más que preocupados porque mientras la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito aprobó destinar 15.7 millones de pesos para la construcción de la Brigada Militar en Irapuato, el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública municipal aún sigue dando largas para presentar a los síndicos y regidores que integran el Ayuntamiento, el documento que avale la aportación de 12.5 millones de pesos para arrancar los proyectos del Fideicomiso para la Seguridad de León.
Este jueves se presentará ante el Pleno del Ayuntamiento la propuesta de aportación municipal al proyecto de una Brigada Militar en el municipio de Irapuato mientras que los funcionarios responsables de agilizar el trámite para la aportación al Fideicomiso le siguen dando largas a los 12.5 millones de pesos que están comprometidos desde hace varias semanas.
El Observatorio Ciudadano de León y la Mesa de Seguridad y Justicia tienen claro que el atorón no está en la Tesorería municipal sino en las entrañas de la Secretaría de Seguridad Pública local, donde hay varios personajes que han boicoteado los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil porque pone en evidencia las carencias con que se maneja la corporación.
Hay que recordar que el gobierno del estado y municipio habían comprometido la entrega de 50 millones de pesos cada uno para la constitución de un Fideicomiso que apoyará el fortalecimiento de la seguridad pública en León. Pero luego de que se anunció traer una Brigada Militar, se redujo el apoyo a 25 millones de pesos, de los cuales serían aportados 12.5 millones de pesos por el estado y 12.5 millones de pesos por el municipio.
Ya pasó casi un mes desde que las autoridades anunciaron junto con la Mesa de Seguridad y Justicia que arrancarían los cuatro proyectos aprobados (plan de seguridad, programa de fortalecimiento de los recursos humanos, programa de inteligencia y programa de prevención social del delito) y los funcionarios responsables de la Secretaría de Seguridad Pública de León siguen sin aterrizar el documento que será presentado a la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito para su aprobación.
Lo anterior, a pesar de que los organismos del sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil solicitaron a las autoridades municipales arrancar estos proyectos para incidir en una reducción de los delitos que tienen intranquilos a los leoneses.
Para los integrantes de la Mesa no ha sido fácil lidiar con un gobierno que dice tener voluntad política para apoyar las iniciativas de los ciudadanos y por el otro enfrentar la oposición que existe a nivel operativo en las áreas estratégicas de seguridad. Esta duda sobre la capacidad de los funcionarios para entender la participación social y la necesidad de corregir el rumbo ante la inseguridad que se vive, se ha reforzado con la postura de retrasar la operación del Fideicomiso.
Esta semana se va a poner un ultimatum al gobierno para que en agosto arranquen los proyectos que se propuso serían financiados por el Fideicomiso ante las deficiencias que se muestran en materia de seguridad pública en la ciudad. A la necedad de reconocer la gravedad de la situación que se vive se suman los obstáculos que se ponen para revertir la ola de violencia e inseguridad.
TERNA
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales envió a la Presidencia del Congreso del Estado el dictamen que sería discutido en el Pleno para la designación de los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde se incluyen 17 propuestas para seleccionar a los nueve integrantes que validarán este proceso.
En total, se habían recibido 35 propuestas ciudadanas, de organismos sociales, y de instituciones de educación superior para la integración del Comité, y luego de las entrevistas que se registraron ayer, únicamente se seleccionaron a 17 candidatos.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales revisaron la documentación de cada uno de los perfiles que se presentaron con miras a que el Pleno seleccione a cinco candidatos de instituciones de educación superior y cuatro de las organizaciones de la sociedad civil.
La lista que seleccionó la Comisión quedó integrada por Héctor Gutiérrez Rangel, María Esther Santos de Anda, Dulce María Moreno Cuellar, Guillermo Echeverría Cárdenas, Luis Enrique Hernández Godoy, Sergio Hernández Caballero y Mariela del Carmen Huerta Guerrero.
Además José Demetrio Valadez Martínez, Germán Rodríguez Lule, Enrique Durán Córdova, Carlos Barragán Vélez, Gonzalo Hernández Hernández, José Antonio Morfín Villalpando, Salvador Jiménez Razo, Juana Jasso Ruiz, José Ángel García Rodríguez y Ramón García Aguilera.
De este grupo, el Pleno del Congreso del Estado deberá definir quiénes serán los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por un término de tres años a partir de su designación.
El dictamen fue firmado por las diputadas Libia García Muño Ledo; Beatriz Hernández Cruz, Beatriz Manrique Guevara, Verónica Orozco Gutiérrez y Arcelia González González así como por los diputados Jorge Eduardo de la Cruz Nieto y Guillermo Aguirre Fonseca.
La Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia García Muñoz Ledo, precisó que el objetivo de este proceso es que exista credibilidad en quienes resulten electos para participar en el Comité de Participación Ciudadana, en el marco de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Quizás de ahí derivó el rechazo de propuestas como la que se hizo para postular al panista y presidente de la Concamin Región Bajío, Ricardo Alaniz Posada, ya que se trata de evitar cualquier vinculación partidista con este Comité. También hay que subrayar que de las 35 propuestas que se presentaron por escrito solamente 29 personas acudieron a la entrevista en una sesión abierta.
Los criterios para la selección de la terna preliminar fueron los mecanismos de registro y evaluación que propondrían para garantizar los principios de transparencia, legalidad, imparcialidad y certeza; las características y perfiles que deberían reunir los ciudadanos que conformarían el Comité de Participación Ciudadana y la experiencia y conocimientos en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción con la que cuentan cada uno de los candidatos.
La definición será en la sesión del Pleno del Congreso del Estado el próximo 17 de julio de acuerdo con lo programado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
QUEJAS
El Titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, José Ricardo Aguilar Torres, reveló ayer que la investigación de la denuncia que hizo el PRI estatal contra el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se podría extender hasta mediados de agosto una vez que se van a recabar más datos para la “sustanciación” del informe que pasará al Tribunal Electoral.
Detalló que desde hace dos semanas se inició el procedimiento especial sancionador en contra del funcionario estatal ante la denuncia que hizo el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, quien centró su queja en el uso de recursos públicos para la promoción de la imagen personal.
Se han tomado los datos de prueba que aportó el PRI pero se debe integrar un informe que contenga otros elementos y las diligencias de la investigación preliminar antes de que pase el expediente al Tribunal Electoral.
Aclaró que aparte de las pruebas que presenta quien denuncia, el Instituto realiza una investigación exhaustiva para tener elementos suficientes y generar el emplazamiento del funcionario implicado, ya sea que acuda el mismo o envíe a su representante legal. En esta etapa se registran las audiencias de pruebas y alegados para remitir todos los elementos de prueba posible al Tribunal y determine lo correspondiente.
La investigación preliminar tardaría otras dos semanas, si no surge la necesidad de recabar otros datos que contribuyan al proceso y en tres semanas se llevaría a cabo la audiencia con la parte acusadora y el acusado. Luego viene otra semana más para remitir el expediente completo a los integrantes del Tribunal Electoral, si los datos recabados son suficientes.
El funcionario del Instituto Electoral del Estado precisó que la ley no marca una temporalidad específica para concluir la investigación, ya que el plazo depende del tiempo que en que se integren los elementos suficientes y el desahogo de pruebas.
Por su parte, el Comité Directivo Estatal del PRI consideró que estará atento al proceso que siguen las autoridades electorales sobre el caso una vez que aportó los elementos necesarios para que sea sancionado el funcionario estatal aunque reconoció que el Instituto tiene la obligación de allegarse aquellos datos que considere necesarios para emitir su informe al Tribunal.
Aunque ya adelantó que en caso de que se exonere al Secretario Rodríguez Vallejo de la violación al artículo 134 constitucional, por el uso de recursos públicos para su promoción personal, recurrirán a otras instancias federales.
Ayer, también el PAN presentó al Instituto una queja contra el PVEM por la campaña publicitaria colocada en diversos municipios de Guanajuato, en espectaculares donde señala la inseguridad que se vive, y en los que considera que se denigra a las instituciones del gobierno estatal.
El Comité Directivo Estatal del PAN argumentó a las autoridades electorales que esta campaña del PVEM usa como bandera política la seguridad de las personas. El rechazo de esta campaña sobre la inseguridad también ha sido expresado por los organismos del sector empresarial en Guanajuato.
