Los diputados federales del PAN sostuvieron este lunes una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, y el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, para revisar los avances de los programas de seguridad y la operación Escudo así como para plantear las alternativas que contribuyan a sacar adelante la agenda legislativa pendiente en materia de seguridad en el Congreso de la Unión.
El 30 de junio, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade Quezada se reunión con los legisladores federales de Guanajuato para hacer el relevo del Coordinador del grupo, que pasó de Alejandra Gutiérrez a Ariel Corona, y ahí se planteó que uno de los temas fundamentales en el que deberían enfocar sus esfuerzos era el relativo en la materia de seguridad.
El grupo de legisladores federales lo integran Alejandra Gutiérrez, Karina Padilla, Lorena Alfaro, Adriana Elizarraras, Ariel Corona, Miguel Ángel Salim, Erandi Bermudez, Ricardo Sheffield y Rene Mandujano. En septiembre se incorpora Olimpia Zapata, suplente de Mayra Enríquez.
El primer pronunciamiento del nuevo coordinador de legisladores federales del PAN, Ariel Corona, fue que tenían la encomienda de trabajar para lograr la aprobación de leyes que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que se enfocarían a impulsar las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior, Mando Mixto y aquellas encaminadas a endurecer los sanciones a quienes porten armas de uso exclusivo del Ejército y a quienes se dediquen al robo de hidrocarburos.
Estas iniciativas se han discutido meses en la Cámara de Diputados y el Senado de la República sin que se llegue a una conclusión satisfactoria a pesar de los reclamos de los gobernadores, a través de la CONAGO, y de grupos parlamentarios de oposición, mientras que otras Leyes como la relacionada con el sistema integral de justicia penal para adolescentes, para prevenir y sancionar la tortura y otra de ejecución penal ya fueron aprobadas por la LXIII Legislatura.
Previo al encuentro con los legisladores panistas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron a conocer los resultados del Grupo de Coordinación Guanajuato, compuesto por fuerzas federales y estatales de seguridad, del primer semestre del año y resaltaron los resultados en materia de combate al robo de combustible, que es un delito de competencia federal.
Además, el gobierno del estado hizo un pronunciamiento fuerte contra el gobierno federal por el desinterés que muestran los legisladores y senadores que tienen mayoría en el Congreso para sacar adelante las leyes que precisamente van a impulsar los legisladores panistas en su nueva agenda que definieron con su Comité Directivo Estatal.
Por ello, resulta evidente que el PAN, los legisladores federales panistas y el gobierno del estado han trazado una estrategia conjunta para enfocar el debate público respecto al tema de inseguridad y violencia que se vive en la entidad, a una falta de leyes que están en discusión en el Congreso de la Unión y que no han sido aprobadas por la oposición del PRI.
Ayer, precisamente, al concluir la reunión de legisladores federales con los responsables de seguridad pública y procuración de justicia del estado se hizo más evidente esta estrategia de culpar al PRI y al gobierno federal de la inseguridad que vive Guanajuato.
La confirmación vino de uno de los legisladores que asistió al encuentro quien habló sobre la urgencia de sacar adelante la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para poner sanciones más estrictas a quienes porten armas; de avanzar en la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que define las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública y las responsabilidades de las autoridades locales así como de la Ley del nuevo Mando Mixto, que contraviene el Mando Único que pretende concentrar las tareas de seguridad en el gobierno federal.
Y es que la explicación ofrecida es que el PRI tiene 261 votos de los 500 en la Cámara de Diputados, que la Comisión de Seguridad que está en manos del tricolor tiene detenidas las iniciativas hasta que cada que se convoca a reuniones para revisar el tema se revienta el quorum legal para revisar las iniciativas.
El gobierno, el partido, los funcionarios estatales y legisladores federales están convencidos que por más esfuerzos que se realicen en Guanajuato, la situación de inseguridad y violencia no va a mejorar mientras el PRI tenga secuestrada la agenda de seguridad en el Congreso.
FECHA
El gobernador del estado, Miguel Márquez, confirmó este lunes que ahora sí, antes de que termine julio, se llevará a cabo la reunión con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Ricardo Ramírez de la Parra, luego de que el 29 de marzo de este año, el funcionario federal se comprometió a venir a León para revisar los avances del proyecto de El Zapotillo.
Durante el evento de apertura de la Presa de la Olla, el mandatario estatal explicó que uno de los pendientes del lunes sería una llamada telefónica con Ramírez de la Parra para definir la agenda y la fecha de su visita a Guanajuato.
Reconoció que a pesar de que ya pasaron más de tres meses de que supuestamente iba a venir el Director de la Comisión Nacional del Agua a León, confía en que el gobierno federal no deje de lado el asunto de El Zapotillo.
La visita cobra relevancia después de lo que pasó hace unos días en Jalisco, donde se presentó el estudio que elaboró un organismo técnico de la ONU, en donde se recomendó construir la cortina de la presa en 105 metros de altura, como lo contemplaba el proyecto originalmente antes del amparo de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para dar viabilidad al proyecto que abastecerá de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la región de Los Altos y León.
Este sería un avance importante en el proceso porque se cuenta ya con una opinión técnica de expertos internacionales que señalan la viabilidad de la obra a pesar del planteamiento del gobernador de Jalisco de buscar la redistribución del agua bajo un nuevo acuerdo entre ambos estados y el gobierno federal.
Es importante la definición que tendrá el gobierno federal sobre este asunto que señala el mandatario jalisciense una vez que el propio estudio del organismo técnico de la ONU señala un caudal menor al pronosticado por la Comisión Nacional del Agua.
La visita de Ricardo Ramírez de la Parra también es fundamental porque tendrá que explicar el estatus financiero de la concesionaria de la obra, en donde hay dos avances importantes en las últimas semanas, la incorporación de una firma que administra fondos de capital para apuntalar la situación financiera de Abengoa México y la visita que hizo el representante de la firma española al país para sostener reuniones con autoridades federales.
Para subsanar la situación financiera de la concesionaria del acueducto de El Zapotillo, se tendría que salir del concurso mercantil, suspensión de pagos, que entró entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Este es un asunto que tiene preocupadas a las autoridades de Guanajuato y Sapal, en virtud de que no podrían aportar un solo peso más a la empresa para continuar con la obra en tanto no se defina con claridad su condición financiera.
El proyecto no puede ser retrasado más tiempo debido a que se ha incrementado el costo previsto originalmente, alrededor de 7 mil 500 millones de pesos, aun cuando a Aristóteles Sandoval, a Miguel Márquez ni a Enrique Peña Nieto les vaya a tocar inaugurar la obra en 2018.
Finalmente, Semarnat se tendrá que poner las pilas para sacar adelante la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra para no retardar más el proceso de autorización de la obra del Acueducto.
CORRELACIÓN
El Presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, presentó ayer una relación de la incidencia delictiva en 2017 comparada con el gasto público destinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en donde sobresale el alza de delitos, en especial los homicidios dolosos, a pesar de un presupuesto creciente que no ha contenido la violencia e inseguridad en Guanajuato.
La cifra de gasto público y de incidencia delictiva pone en evidencia la falta de estrategias de seguridad que ayuden a la contención de los delitos según la conclusión que hace el organismo de la sociedad civil.
Por ejemplo, el Observatorio subraya que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tiene un presupuesto superior a los 2 mil 890 millones de pesos y que en conjunto la estrategia del programa Impulso alrededor de 8 mil millones de pesos pero esta inversión no se ha reflejado en la reconstrucción del tejido social, un elemento clave para la reducción de la violencia y la delincuencia en el estado.
En el caso del Poder Legislativo, tiene un presupuesto superior a los 670 millones de pesos, sin contar la inversión destinada a la construcción de su nuevo edificio legislativo, y el Poder Judicial más de mil 580 millones de pesos lo que tampoco se refleja en una mayor eficacia de leyes y aplicación del sistema de justicia penal para combatir el delito y la impunidad.
En el caso de las dependencias responsables de seguridad pública y procuración de justicia, tienen en conjunto más de 4 mil 576 millones de pesos en su presupuesto anual y tampoco hay una correlación entre el gasto realizado y la reducción de índices delictivos en Guanajuato. Esto sin contar los 2 mil 700 millones de pesos destinados al programa Escudo.
Tampoco en León se observa que los recursos destinados a la seguridad pública y desarrollo social tengan un impacto en la reducción de su incidencia delictiva.
El organismo detalla que las colonias Hacienda Viñedos, San Miguel, Zona Central, La Obrera, Chapalita y Santa Ana del Conde son las zonas con mayor incidencia delictiva en la ciudad, lo que puede dar pistas para un trabajo mejor articulado de los tres órdenes de gobierno en la contención de los delitos.
En junio, por ejemplo, la zonas en donde repuntó el delito fueron Prado Hermoso, La Obrera, San Miguel, Lomas de Medina y Bellavista, y en donde se requiere una mayor atención de la Secretaría de Seguridad Pública de León. En estas zonas se registraron la mayoría de los 30 homicidios dolosos que reportaron las autoridades municipales a pesar de en el caso de Lomas de Medina se encuentra uno de los polígonos de atención prioritaria de los programas de desarrollo social.
El organismo señala que el 2017 se mantiene con un reporte elevado de homicidios dolosos, una vez que entre enero y junio de este año se han registrado 182 casos, y en donde febrero fue el mes más violento en lo que va del año con 35 homicidios.
En los últimos 12 meses se han registrado alrededor de 292 homicidios dolosos, 24 en promedio cada mes, lo que refleja la ola de violencia que se apoderó de las calles de la ciudad en una supuesta confrontación de bandas del crimen organizado. En León, destaca el Observatorio Ciudadano de León, tampoco se ha contenido la racha de homicios dolosos.
En el primer semestre del año se han reportado en León 212 robos a casa habitación; 730 robos a comercio; 454 robos de autos; 220 robos a transeúnte; 155 homicidios dolosos y 251 casos de lesiones dolosas. Estos datos con base a la Secretaría de Seguridad Pública de León, según las cifras que ofreció el Observatorio Ciudadano de León.
Esta conclusión del análisis del organismo ya se había hecho en un libro que presentó el Consejo Estatal de Seguridad Pública en donde revisa el ejercicio del gasto público de las últimas tres administraciones federales y concluye que una mayor inversión en seguridad no se refleja en una reducción de la incidencia delictiva. A eso hay que agregar la parálisis en el Congreso, en donde están detenidas leyes que ayudarían a contener la violencia e inseguridad que azota al estado.
