Este lunes se retomará la negociación que mantiene el gobierno del estado con los representantes de las cámaras y asociaciones empresariales aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial de León y con representantes de las organizaciones sociales que integran la Mesa de Seguridad y Justicia de esta ciudad, a fin de restituir la participación de las autoridades con parte de los recursos que habían comprometido para reforzar la seguridad pública.
Originalmente, se habían comprometido 100 millones de pesos para el fideicomiso de seguridad para León, de los cuales la aportación del gobierno estatal y municipal sería de 50 millones de pesos cada una, más los recursos que lograran conseguir los representantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, que fueron los principales impulsores del Fideicomiso que administraría los recursos.
León, Irapuato y Celaya tenían tres mecanismos financieros similares, porque era una opción para fortalecer las policías municipales ante la cancelación de los recursos federales para seguridad pública el ejercicio fiscal 2017 y por estar consideradas dentro de las 50 ciudades con mayor incidencia delictiva, especialmente homicidios dolosos.
En el caso de León, el dinero se destinaría a tres proyectos estratégicos de seguridad: el fortalecimiento del desarrollo de capital humano dentro de las direcciones que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública; la aplicación del modelo de Colonia Segura, enfocado a la prevención de la violencia y la delincuencia, así como un programa de inteligencia policíaca que mejore el combate a la delincuencia en la ciudad.
De manera paralela, había un proyecto para la construcción de una Base Militar en León, que costaría alrededor de 300 millones de pesos, pero fue cancelado debido a los problemas entre los ejidatarios y el costo que representaría adquirir la tierra. Entonces se decidió llevar las nuevas instalaciones militares a Irapuato dentro de los propios terrenos de la XII Región Militar.
En el camino, el gobierno municipal retrasó la aprobación del fideicomiso varias semanas y el Gobierno del Estado gestionó con la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción de un proyecto más amplio pero también más costoso para garantizar la presencia permanente de más elementos de la Policía Militar en Guanajuato: la construcción de una Brigada Militar con 3 mil 200 elementos.
Vino entonces a finales de abril, un viaje a Apodaca, Nuevo León, donde se visitaron las instalaciones de la Brigada Militar que se construyó con el apoyo de cuatro estados, de sus municipios y aportaciones, en especie y económicas, del sector privado. Un modelo donde la suma de voluntades, con un costo aproximado de 500 millones de pesos, permitió tener ahora una presencia más efectiva de los militares y una tendencia a la baja en los delitos.
Se planteó en el regreso de Apodaca a los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, que los recursos que originalmente iban a ser destinados al fideicomiso para la seguridad pública de León se destinarán mejor a la Brigada Militar. Y en que todo caso, el gobierno estatal y municipal aportarían un peso por cada otro peso que aportaran los empresarios.
La respuesta de los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de León fue que no, que se buscarán otros mecanismos, aunque había claridad en que ambos proyectos eran necesarios para reducir los índices delictivos en Guanajuato pero sin sacrificar uno a cambio de otro.
El último día de abril, luego del viaje y el anuncio de las autoridades de la construcción de la Brigada Militar en Irapuato vino el rompimiento; un pronunciamiento muy duro de los empresarios y organizaciones de la sociedad civil contra las autoridades por retirar el dinero comprometido y por abandonar una estrategia por otra.
Esta semana, el Consejo Coordinador Empresarial de León y la Coparmex Zona Metropolitana de León, dos de los organismos fundadores de la Mesa y que aglutinan a los principales liderazgos del sector privado, ratificaron su respaldo a los proyectos de seguridad pública para León y la postura crítica asumida ante el gobierno municipal y estatal.
La respuesta gubernamental fue abrir entonces la información del proyecto de la Brigada Militar y en Silao reunió a los representantes del sector privado de los municipios de León, Irapuato y Celaya, y a donde no asistieron los opositores al retiro de recursos al fideicomiso de esta ciudad.
A los medios de comunicación en León también se les ofreció la información completa del proyecto por parte del Comandante de la XII Región Militar, General Miguel Ángel Patiño Canchola, quien aclaró que la Policía Militar no sustituye las tareas de seguridad pública que son responsabilidad de las policías estatal y municipal; que no se va a militarizar el estado; que las fuerzas federales no serán exclusivas de hacer operativos en Guanajuato y que únicamente actuarían a petición expresa de las autoridades civiles, en el caso de los municipios.
Para cerrar la semana, el viernes en la tarde, después de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la CICEG, en donde su dirigente Luis Gerardo González García hizo un llamado a la unidad entre autoridades y empresarios en el tema de seguridad, se celebró otra reunión privada entre las autoridades estatales y representantes del sector privado.
El propósito fue por un lado mostrar el proyecto de la Brigada Militar para sumar la voluntad y aportaciones de los empresarios leoneses y por otro lado, destrabar el asunto del fideicomiso de seguridad para León que ha generado un ruido innecesario ante la divergencia en las posturas respecto a la aportación de los recursos que estaban comprometidos.
El gobernador Miguel Márquez estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; el Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre; el alcalde Héctor López Santillana y la consejera jurídica del gobierno del estado, Raquel Barajas.
Por parte de las cámaras empresariales e integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de León estuvieron Rocío Naveja; Luis Alberto Ramos, Antonio García; Miguel Ángel Franyutti, Guillermo Ramos Mena, Ismael Plascencia Núñez, Enrique González Muñoz, Federico Arrieta entre otros. Faltaron los principales líderes del sector, Gustavo Guraieb Ranth y Jorge Hernández, que venían en vuelo de Chihuahua donde revisaron proyectos de seguridad.
Este lunes a mediodía, el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, colocará junto con el gobernador de Guanajuato la primera piedra de la obra de la Brigada Militar. En la tarde, en Guanajuato capital, habrá otra reunión con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de León para aterrizar los primeros acuerdos de este viernes, entre ellos reactivar la participación económica del gobierno estatal en el fideicomiso que atenderá los proyectos para mejorar la seguridad pública en esta ciudad.
CAZA
El saldo de civiles y efectivos militares que fueron abatidos en un operativo contra las bandas de la delincuencia organizada dedicadas al robo de combustible en la región de Puebla, que es una de las entidades con mayor número de delitos en esta materia, y el posterior uso de mujeres y niños para bloquear carreteras federales en protesta por la presencia de las fuerzas armadas prendió las señales de alerta en el Gobierno de la República.
La respuesta a un problema que tenía meses en la agenda de los estados que sufren estos embates de la delincuencia, entre ellos Guanajuato, fue el anuncio de una estrategia integral contra el robo de combustible, una vez que también se usa a la población para cometer el ilícito.
En la estrategia van a participar la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos.
Para dimensionar el problema del robo de combustible en Guanajuato, en la pasada glosa del informe de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que se habían decomisado alrededor de 2.7 millones de litros de hidrocarburo y más de 379 vehículos implicados en estas actividades ilícitas, la mayoría robados en otras entidades y traídos aquí para cometer el delito.
Las autoridades estatales y federales, junto con las fuerzas militares han evitado que en Guanajuato se desborde este problema y llegue a niveles como los observados en Puebla, ya que desde el año pasado se puso en marcha el Operativo Jabalí, donde participan mil efectivos en la revisión de ductos y vigilancia de las vías del ferrocarril. Se ha puesto especial atención en los tramos de Irapuato, Salamanca y Celaya, estos últimos donde se han detectado más tomas clandestinas.
En León fue emblemático el robo de una unidad de transporte público hace unos meses y que luego fue habilitada para el transporte del combustible robado entre esta ciudad y San Francisco del Rincón.
Este viernes, en Irapuato, el Comandante de la XVI Zona Militar, Arturo Velázquez Bravo, reiteró que van tras la cabeza de los huachicoleros que opera en Guanajuato tras conocer los hechos en Puebla así como las instrucciones del Presidente de la República de combatir a los delincuentes que cometen estos delitos.
Identificó a una persona de nombre José Antonio Yepez, alias “El Marro”, a quien le han decomisado unidades para transportar hasta 1.5 millones de litros de combustible cada mes y se han detectado 100 propiedades donde opera su banda.
Las autoridades militares van tras este personaje y su banda (al menos otros 20 objetivos) que estiman tiene ocho años de operaciones en Guanajuato y en donde extrae alrededor de 18 millones de litros cada mes de manera clandestina. Por mientras más de 130 trabajadores y funcionarios de Pemex son indiciados por ser cómplices de la delincuencia organizada en este saqueo de combustible.
NEURONA
El que sorprendió esta semana en una entrevista con El Universal, fue el senador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, quien habló del escenario del PAN en 2018 y en ese marco la posibilidad de buscar la candidatura por la Presidencia de la República.
No es el primer exgobernador panista que se destapa su interés, ya lo hizo Ernesto Ruffo, quizás al no observar que los principales aspirantes, entre ellos, Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle, cumplan a cabalidad los atributos que se requieren para lograr un consenso entre los panistas y luego salir a la calle a ganar las preferencias de los electores.
Hasta ahora, el exgobernador ha sido uno de los principales críticos del oportunismo político que prevalece en su partido pero también ha señalado cuales serían, desde su punto de vista, las alternativas para recuperar el alma y los valores que imprimieron los fundadores al PAN. Estos últimos extraviados en el partido cuando dejaron de ser oposición y se convirtieron en gobierno, sobre todo, después de 25 años de ostentar el poder en Guanajuato, como se observa actualmente.
Si bien ha tenido un desempeño importante para el PAN en el Senado de la República, donde es Presidente de la Comisión de Educación, de eso a que tenga realmente posibilidades para convertirse en candidato a la Presidencia de la República hay una distancia enorme, si se toman en cuenta las nuevas condiciones de encono que prevalecen entre los panistas que luchan por esa misma posición para el 2018.
Habrá que ver si la neurona mata a hormona entre sus seguidores, que a cuanto foro que viene a Guanajuato lo promueven entre los panistas como una opción para sacar al PRI de los Pinos. Al menos, aseguran, ya tiene al promotor de Vicente Fox, Juan Hernández, de su lado pero falta ver quiénes serán sus padrinos mágicos que vayan a financiar su campaña.
