Al conflicto entre el municipio y la empresa Red Recolector por la reposición del fallo de la licitación de la recolección de los residuos sólidos urbanos de León que ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se va a agregar otro elemento que no había sido hecho público a dos días de que se emita una nueva resolución de las autoridades.
Sucede que hay dos empresas que habían participado en la licitación en 2014, se desistieron formalmente de participar nuevamente en la revisión y análisis de su propuesta original en el concurso y que servirá a las autoridades para emitir un nuevo fallo.
La empresa Técnicas Medio Ambientales de México Tecmed solicitó por escrito a la Comisión Técnica Especializada por el Ayuntamiento para la reposición del fallo de la licitación, motivado y fundamentado, que se retire su postura técnica y económica y que no sean tomadas en cuenta dentro del análisis para la reposición del fallo de la licitación pública.
El representante legal de la empresa Tecmed hizo esta postura formal de conocimiento de las autoridades municipales ante la versión que se difundió de que serían tomadas en cuenta todas las ofertas que habían hecho quienes participaron en el proceso.
Por otra parte, la empresa CAABSA EAGLE también solicitó a las autoridades municipales que integran la Comisión Especial que no sea tomada en cuenta su propuesta para dictar un nuevo fallo. Esto fue notificado este lunes a las autoridades municipales.
Ambas empresas habían estado cerca de obtener la concesión para la recolección de los residuos sólidos urbanos en León cuando se realizó la licitación en la pasada administración municipal pero ahora pidieron que sus empresas no sean tomadas en cuenta nuevamente.
La empresa Red Ambiental ha sostenido que el fallo del Tribunal únicamente permite comparar las propuestas técnicas y económicas de ellos y Gisa, quienes ganaron la licitación, con la que ofreció JS Hermanos, siendo ésta última más costosa que la que habían ofrecido quienes ganaron el contrato por 20 años.
Este fin de semana, tanto autoridades municipales como Red Recolector hicieron públicas sus diferencias respecto a la interpretación de la sentencia del Tribunal y la necesidad de entablar un diálogo, hecho que no sucederá hasta después del 7 de junio cuando se vote la propuesta que presenten los integrantes de la Comisión Especial al Ayuntamiento.
Uno de los principales puntos de defensa de las autoridades municipales para quitar la concesión a las dos empresas que ganaron la licitación es que resulta muy costoso el servicio mientras que Red Recolector ha advertido que si cambian el sentido de la orden del Tribunal y le quitan el contrato tendría que recurrir a las autoridades judiciales para que sean cubiertos daños y perjuicios.
Este lunes, la Secretaría del Ayuntamiento reiteró que se va a cumplir a cabalidad lo ordenado por el Tribunal y que la empresa Red Recolector no debería estar preocupada por esta situación, ya que está muy claro que habrá un nuevo fallo, en los términos legales que se expidieron al municipio, ni más ni menos.
ESCENARIO
Antes de que termine agosto se podría dar el último ajuste en la administración de Miguel Márquez, porque la primera semana de septiembre el PAN, como otros partidos políticos, se tendrá que registrar ante las autoridades electorales el método de elección de candidato para la gubernatura en 2018, lo que obligaría la renuncia de uno de los aspirantes a esa posición.
Los panistas que trabajan en el gobierno dan como un hecho la salida del Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para buscar la candidatura de su partido aun cuando el propio Miguel Márquez no ha declarado públicamente quién será su gallo para la elección del próximo año.
Las únicas dos figuras visibles hasta ahora que han expresado su interés por buscar la candidatura del PAN a la gubernatura son el Senador Fernando Torres Graciano y el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, aunque el propio síndico leonés, Carlos Medina Plascencia no se ha descartado para buscar esa posición. El ex diputado federal panista, Luis Alberto Villareal, quien inicialmente tenía aspiraciones se ha mantenido muy discreto en su operación política.
El destape del Senador Juan Carlos Romero Hicks para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, aun cuando ya hay aspirantes más aventajados, es un claro ejemplo que habría otros imitadores que se autopropongan para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato.
A diferencia de la construcción de la candidatura del propio Miguel Márquez en la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez, a la fecha no se tiene definido cuál serían el proyecto del PAN para gobernar otro sexenio en Guanajuato ni quién sería el perfil que lo encabezaría ya que en estos momentos la Comisión de Doctrina apenas construye la plataforma política que ofrecerán a los ciudadanos para refrendar otra administración más al frente del gobierno estatal.
La semana pasada, el propio Senador Torres Graciano explicó que desde su punto de vista el partido ya iba tarde en la conformación de las reglas que servirían a los aspirantes abrir su postura para buscar el respaldo de los militantes y posteriormente salir a buscar el voto de los ciudadanos.
A partir de octubre de este año se tendrían 60 días para las precampañas internas de los partidos políticos, y en el caso del PAN podría haber más opciones a las que han trascendido fuera de la organización, incluyendo la postulación de alguna mujer.
Una vez que pasaron las elecciones en Estado de México, Coahuila, Nayarit y municipios de Veracruz, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tendrá que resolver junto con el Comité Directivo Estatal en Guanajuato cuál será el método para elegir a su candidato. Los estatutos marcan el método de elección interna y la designación, aunque este último también tiene reglas, no sería de manera arbitraría.
El presidente del PAN en Guanajuato, Humberto Andrade Quezada, elabora una matriz con perfiles de ciudadanos en el estado que puedan sumarse al proyecto de su partido en cada uno de los distritos electorales con miras a la elección de sus representantes en el Congreso del Estado, Congreso de la Unión, alcaldías y gubernatura. Lo anterior, bajo los nuevos criterios de reelección y paridad de género en las candidaturas.
Y es posible que los panistas guanajuatenses busquen amarrar un acuerdo con el todavía Presidente del PAN nacional, Ricardo Anaya, antes de que renuncie al cargo para destaparse como otro precandidato a la Presidencia de la República por ese partido.
Aún sin reglas definidas, el activismo de los panistas es más que evidente, el juego político está a su máxima expresión en el PAN y sin una idea todavía clara de quienes irán a la contienda interna para la joya de la corona, la candidatura a gobernador.
POLITIZACIÓN
El diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, alertó a las autoridades en Guanajuato sobre la politización del proyecto el Zapotillo, una vez que se destrabó la parte financiera y legal por parte de Abengoa, y la necesidad de elaborar una estrategia de defensa para traer el agua a León aunque sea hasta el año 2020.
Ayer, en conferencia de prensa, el legislador panista advirtió dos hechos respecto a este proyecto, la reserva que impuso por siete años el gobierno de Jalisco a un estudio que elaboró la ONU sobre el cumplimiento de los criterios ambientales del proyecto, con base a los acuerdos multilaterales que tiene firmados México, y el uso del tema del Zapotillo por el actual alcalde de Guadalajara como bandera electoral para los procesos en 2018.
En Jalisco, advirtió, se va a trabar nuevamente el proyecto para dotar agua a León por lo que insistirá ante la Comisión Nacional del Agua, vía la Cámara de Diputados, para que se abra la información del proyecto y se aceleren los trabajos que permitan continuar con el Acueducto que dotará de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, a los municipios de los Altos de Jalisco y a León.
El legislador federal recordó que van dos exhortos que emite la Cámara de Diputados para que la Comisión Nacional del Agua transparente el proyecto ante la incertidumbre que había antes de que se resolviera el tema financiero de la concesionaria de la obra del Acueducto; ahora será más necesario que se involucren a fondo las autoridades de Guanajuato para impedir que sigan poniendo trabas en el vecino estado.
Argumentó que el agua que almacenará el Zapotillo es un escurrimiento de Aguascalientes, ni siquiera es de Jalisco, y que los leoneses pagan cada año alrededor de 80 millones de pesos para tratar sus aguas residuales a fin de garantizar el flujo de agua a través de la Cuenca Lerma-Chapala, lo que garantiza un suministro adecuado a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Denunció públicamente que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reservó las conclusiones del estudio que elaboró la ONU y que demuestra que el proyecto cumple con los criterios de sustentabilidad que se exigen a México en los tratados y acuerdos multilaterales en materia ambiental.
Además de que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, ya incluyó el tema de la oposición del trasvase de agua a León dentro de su plataforma electoral con la que busca convertirse en gobernador de Jalisco.
Explicó que Sapal captó en 2016 alrededor de 118 millones de pesos por concepto del tratamiento de aguas residuales que permiten a León entregar agua limpia a la Cuenca Lerma-Chapala, en su paso por Guanajuato, y que permite que se disponga del recurso en uno de sus principales embalses.
Si quieren jugar rudo los jaliscienses y al margen de la ley van a encontrar una férrea defensa en Guanajuato aunque optó por una mayor responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua para evitar un conflicto entre ambos estados a partir de los acuerdos firmados desde hace varios años y que permiten que una tercera parte del agua que captará el Zapotillo llegue a la ciudad de León.
Pidió a las autoridades estatales y municipales fajarse ante la postura que asumen el gobierno de Jalisco y el alcalde de Guadalajara, quienes deberán atenderse a las consecuencias si tratan de trabar nuevamente el proyecto. Con la ley en la mano, a quien le iría mal sería a los jaliscienses, advirtió Sheffield Padilla.
