Por lo visto la empresa Red Recolector aún no termina de emplazar por la vía legal a todos los funcionarios municipales y estatales que tuvieron que ver en el retiro de la concesión por 20 años que tenían asignada por la pasada administración.
Ayer, el representante legal de la empresa, Rogelio Galván Leal, acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato para formalizar la denuncia contra el magistrado de la Cuarta Sala del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz.
El motivo de la denuncia es que presumen un abuso de poder al haber ordenado al municipio de León la reposición del fallo de la licitación realizada en 2014, luego de que JS Hermanos y Víctor Carrillo Zacarías se inconformaron ante el Tribunal al no haber fundado y motivado la decisión que tomo la administración pasada sobre este asunto.
La interpretación de Red Recolector es que el municipio únicamente debió haber confrontado la postura de los inconformes con las dos que tenían la concesión pero el propio magistrado declaró públicamente durante el proceso que el Ayuntamiento tendría que tomar en cuenta a todas las empresas que participaron en la licitación original.
Este caso también podría revertirse a la empresa que tenía la recolección de la basura en la ciudad luego de que la semana pasada el propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dio por cumplida la sentencia que ordenó al municipio y mandar al archivo el expediente.
La semana pasada la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato también desechó la denuncia que interpuso Red Recolector contra los funcionarios e integrantes del Ayuntamiento que emitieron el nuevo fallo y que benefició a GISA (que ya tenía la concesión) y a PASA (esta sustituyó al demandante).
Para no dejar pasar el asunto, los abogados de la empresa impugnaron ahora la decisión de la Procuraduría de no investigar su denuncia en donde acusaban abuso de poder por haberles quitado la concesión. Ante el Juzgado de Oralidad de la Región Cuatro, interpusieron el recurso legal, quien citará a las partes para que por un lado, expongan sus agravios y por la otra se justifique la negativa a abrir la investigación.
Mientras eso sucede y luego de que el domingo se quedaron 55 colonias de la ciudad sin el servicio de recolección de la basura, ayer el SIAP informó que se ha regularizado el servicio con trabajos extras de las unidades y personal que tienen asignado por ahora.
Además se informó que únicamente se recibieron 107 reportes de la ciudadanía en donde se informaba a las autoridades que no les habían recolectado la basura, y que en todos los casos se atendieron los reclamos.
El martes ya se contrataron 10 unidades más para prestar el servicio en las tres zonas de la ciudad aunque falta personal que conduzca los vehículos y los auxiliares que levanten la basura. Son dos operarios de la unidad, para turno diurno y nocturno, junto con otros cuatro auxiliares.
El SIAP ofreció que este fin de semana se tendría regularizado el servicio aunque por mientras se trabajan horas extras para atender los reportes ciudadanos y cubrir la totalidad de las rutas que tienen definidas por cada zona de la ciudad.
JUSTICIA
El pasado 30 de junio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Luis María Aguilar Morales, declaró que no era tarea ni responsabilidad del Poder Judicial mejorar las condiciones de seguridad en el país porque eso correspondía a las autoridades que dependen del Poder Ejecutivo.
El pronunciamiento fue más que claro respecto que el Poder Judicial de la Federación ha cumplido con su parte que le toca en la implementación y consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, no así las demás etapas e instituciones que también tienen responsabilidad con la justicia penal.
El representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salía así al paso a las críticas que desde diversas instancias que dependen del Poder Ejecutivo, federal y en los estados, se habían dirigido a los jueces, quienes efectivamente tendrían que hacer un mayor esfuerzo en la tarea de juzgar, pero sin olvidar el respeto a los derechos que la Constitución reconoce a quienes se les imputa un delito y quienes lo sufren para garantizar que se castigue solamente a quien sea hallado culpable y se repare el daño a la víctima.
Y es que son muchas las voces que desde los municipios, estados y federación critican la actuación de los jueces ante los elevados índices delictivos que se registran en zonas específicas del país, pidiendo mayores penas a quienes cometen un delito y que demandan endurecer las leyes en determinados ilícitos que son de orden federal.
En defensa de los argumentos que plantea quien encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay un grupo de organizaciones civiles e instituciones académicas que ha integrado un movimiento llamado #JusticiaSinPretextos, que alertó una corriente entre las autoridades en pro de una contra-reforma al sistema de justicia.
El planteamiento de esta organización que puede ser consultado en la página oficial del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alerta que es sumamente preocupante que estas voces descalifiquen el nuevo sistema de justicia porque buscan reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia del gobierno frente a un sistema con mayores requisitos en cuanto al proceso de investigación, protección y rendición de cuentas.
Estos expertos de la sociedad civil han participado en las reformas del sistema de justicia en temas relacionados con los cambios al proceso penal, medidas anticorrupción, protección de derechos humanos, procuración de justicia, presunción de inocencia, reforma policial, defensa de los derechos de las víctimas y sistema penitenciario.
El nuevo sistema de justicia penal tiene la aspiración de que se respeten los derechos humanos de todas las personas que pasan por un proceso penal, como es el caso de las víctimas, imputadas, familiares y testigos. Dar marcha atrás a estas reformas, como plantean algunas instancias del Poder Ejecutivo, sería un retroceso en el proceso de la democratización de la justicia en el país, según argumentan.
Las organizaciones agrupadas en este movimiento aseguran que es falso que el nuevo sistema represente una puerta giratoria a los delincuentes así como que impacte en el aumento de la incidencia delictiva y más bien se pueden originar en un aumento en las denuncias sin que las autoridades tengan capacidad de investigarlas o la ausencia de políticas públicas efectivas para la prevención del delito, entre otras.
Lo que más preocupa es el discurso gubernamental de que dejar libres a los delincuentes es un peligro para la seguridad y las víctimas porque el nuevo sistema tiene mecanismos que garantizan la presunción de inocencia para llevar el proceso en libertad y siempre bajo condiciones que aseguren la protección de las víctimas.
El planteamiento del ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la organización #JusticiaSinPretextos son un referente en medio del debate entre autoridades gubernamentales, que para evadir la responsabilidad que tienen frente a la inseguridad, apuntan hacia los jueces y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
DESCARRILADOS
La última visita que tuvieron a Guanajuato los enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, para aterrizar el nombramiento de la nueva delegada especial en el estado, se percataron de una situación que les llamó demasiado la atención, las campañas anticipadas de los responsables de los programas sociales en el estado y en el municipio de León.
Un día después de su visita, hace dos semanas, una de las senadoras del PRI que vino al estado subió a tribuna para denunciar la campaña electoral abierta del Secretario de Desarrollo Social y Humano, a lo que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría integral a los programas sociales estatales.
El Comité Directivo Estatal del PRI estaba entretenido en sus pleitos internos y con una agenda mediática centrada en el tema de inseguridad, hasta hubo Puntos de Acuerdo en la Cámara de Diputados federal para exhortar al gobierno estatal a ofrecer los resultados de los programas contra la violencia y delincuencia, una vez que se incrementó la incidencia delictiva en 2017.
Pero la instrucción del Comité Ejecutivo Nacional del PRI parece que fue muy clara, hay que acotar la promoción política del candidato oficial del gobierno aun cuando ni siquiera se han abierto legalmente los procesos electorales dentro de los partidos políticos, previos a la definición de candidaturas a la gubernatura del estado.
La semana pasada, el Presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Santiago García López, interpuso una denuncia ante el órgano electoral del estado ante el uso de recursos públicos para promover la imagen del PAN y del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo.
Las denuncias del PRI no son las únicas que se han hecho públicas contra el funcionario estatal, ya que dentro del PAN hay grupos que hay denunciado el uso del programa Impulso como una plataforma electoral de Rodríguez Vallejo.
A esa denuncia ante las autoridades estatales, se sumó este martes otra en León en contra del Director de Desarrollo Humano y Social, Daniel Campos Lango, por motivos similares, el uso de recursos públicos a favor de su partido, el PAN. Esta denuncia, a diferencia de la anterior, fue interpuesta ante la Procuraduría General de la República.
El Presidente del Comité Municipal del PRI, Denny Méndez, y la regidora de ese partido en el Ayuntamiento, Norma Patricia López Zúñiga, acudieron a las oficinas de la Procuraduría para denunciar al funcionario municipal y quien resulte responsable de manipular el uso de los programas sociales a favor del blanquiazul. La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales sería la responsable de dar seguimiento a la denuncia del PRI.
Tanto Rodríguez Vallejo como Campos Lango tendrán la mira puesta de las autoridades electorales y federales y será muy complicado que puedan operar con la facilidad como lo habían hecho en los últimos meses, en el reparto de apoyos a los pobres sin tener la lupa de órganos de fiscalización independientes.
En el caso de León, los representantes del PRI argumentaron que no confían en la Contraloría municipal para realizar una investigación seria y autónoma sobre el presunto ejercicio indebido de los recursos públicos a favor del PAN. Por ese motivo, recurrieron a las autoridades federales a fin de que se castigue al funcionario, si como sostienen, cometió un delito electoral por repartir recursos a cambio de votos para su partido.
