Mientras las autoridades destacan una disminución en homicidios, colectivos de búsqueda en Guanajuato alertaron que la crisis de desapariciones se encuentra marcada con cuerpos sin identificar en fosas comunes y procesos forenses que aún presentan rezagos.
Así lo expusieron integrantes de tres colectivos durante el seminario «Activismo, búsqueda y derechos: Saberes situados y experiencia forense comunitaria en Guanajuato».
Durante su participación, Rocío Gómez, integrante del colectivo Unidos por los Desaparecidos León, advirtió que México enfrenta una severa crisis forense que se refleja en los panteones municipales y en la acumulación de cuerpos sin identificar.
Señaló que actualmente existen más de 62 mil cuerpos sin identificar en el país y que las fosas comunes se han convertido en espacios de búsqueda para las familias.
«Las fosas comunes municipales son escenario de búsqueda de personas desaparecidas. Mientras existan más de 62 mil cuerpos sin identificar en México, cada panteón municipal es también un espacio de búsqueda», expresó.
Rocío señaló que, tras una investigación realizada por colectivos, encontraron inconsistencias y falta de información.
«No hay certeza. Estamos preocupadas porque gran parte de los casos entre 2020 y 2022 presentan rezagos importantes en identificación y registro. Ese rezago es real en Guanajuato y en todo México».
Compartió que tan solo en el estado de Guanajuato, Celaya e Irapuato son los municipios con más cuerpos no identificados.
Gómez también cuestionó la falta de acceso a información sobre las personas sepultadas en fosas comunes y la ausencia de registros detallados que permitan su identificación.
“Nos dimos a la tarea de verificar si realmente existían estudios, registros y ubicaciones exactas dentro de los panteones. En muchos casos no encontramos características individuales ni información suficiente para garantizar una identificación posterior».
Por su parte Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato, llamó a dejar de politizar el tema de las desapariciones y recordó que las víctimas pertenecen a todos los sectores de la sociedad.
“Las desaparecidas son de todas y de todos. Los desaparecidos no tienen bandera política. Hay que desintoxicar las narrativas”, sostuvo.
La buscadora planteó que el fenómeno de las desapariciones debe analizarse desde una perspectiva histórica, económica y social. En ese sentido, cuestionó las políticas internacionales de prohibición de drogas impulsadas desde la década de 1960 y su impacto en América Latina.
Mendoza señaló que el sistema de prohibición impulsado por organismos internacionales terminó generando condiciones que favorecieron el fortalecimiento de grupos criminales en distintos países de la región.
“Yo llegué a la conclusión de que nunca fue contra las drogas. Les debemos la creación del crimen organizado en México y en otros países a este sistema de prohibición”, afirmó.
La buscadora sostuvo que la expansión del crimen organizado, la violencia y las desapariciones también están vinculadas con procesos económicos y territoriales que han impactado a comunidades rurales e indígenas.
Bibiana relacionó estas dinámicas con la experiencia de las familias buscadoras y con las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan muchas de las víctimas de desaparición.
“Las y los desaparecidos son sumamente racializados y clasificados. Mi hermano Manuel y yo crecimos en una comunidad rural de Irapuato; crecimos en pobreza. Por eso es importante entender que las desapariciones no ocurren aisladas de las condiciones sociales y económicas que viven miles de personas”.
Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda de Celaya, afirmó que la crisis de desapariciones en Guanajuato continúa creciendo pese a los discursos oficiales.
Advirtió que persisten obstáculos para conocer la identidad de personas depositadas en fosas comunes y denunció la falta de información por parte de las instituciones.
“Seguimos peleando para saber quiénes son las personas que fueron depositadas en las fosas comunes de cada municipio. A pesar de los recursos legales que hemos promovido, sigue existiendo un freno para acceder a esa información», señaló.
La buscadora también alertó sobre nuevas dinámicas que impactan la desaparición de personas en el estado, entre ellas el reclutamiento forzado de menores y el incremento en las desapariciones de adolescentes.
«Nos quieren ocultar esta realidad porque la cifra de homicidios dolosos ha descendido, pero nosotras seguimos recibiendo todos los días reportes de nuevas personas desaparecidas», afirmó.
Montoya agregó que, aunque existe una Ley General en Materia de Desaparición desde 2017, las familias continúan enfrentando dificultades para acceder a búsquedas efectivas y procesos adecuados de identificación.
«Una cosa es que existan las leyes y otra que realmente se apliquen. Todos los días seguimos preguntándonos cómo buscar, a dónde acudir y qué puerta tocar para encontrar a nuestros familiares».
