La diputada local panista Libia Muñoz Ledo, declaró que Guanajuato está a favor de la desaparición del fuero presidencial que propuso el senado y que deberá ser aprobado por al menos 17 congresos estatales.
La también presidente de la Comisión de Gobernación en el estado, señaló que los diputados de Guanajuato, analizarán a detalle que la propuesta de los senadores de Morena, no tenga lagunas jurídicas en la reforma constitucional para que el presidente de México pueda ser acusado penalmente por cualquier delito.
“Revisaremos en que términos viene, celebramos que se quite el privilegio del que gozaba el presidente de la República, pero habrá que ver las letras chiquitas, como fue aprobado en el senado, aún no conocemos el documento, y necesitamos saber en que términos fue redactado”.
Muñoz Ledo expresó que en Guanajuato se aprobó desde hace varios años la eliminación del fuero para el poder ejecutivo, legislativo y el judicial.
“Llega tarde la propuesta, en Guanajuato aprobamos la eliminación del fuero desde la legislatura pasada, tenemos más de dos años en los que ni diputados, ni el gobernador, ni magistrados, ningún funcionario goza de esa protección y ese fuero que se tenía considerado, se luchó por que se diera a nivel federal y apenas lo están aprobando, aquí nos adelantamos a este tema”.
Concluyó que lamentablemente existen estados de la República que no han avanzado en la desaparición del fuero y se siguen observando los abusos de poder de los legisladores y del ejecutivo, quienes se escudan en él.
El Senado aprobó esta semana ampliar el catálogo de delitos por los que puede ser juzgado el presidente, desapareciendo el fuero que protege al titular del Ejecutivo. El dictamen fue aprobado con 89 votos a favor y 23 votos en contra en lo general y en lo particular, y ahora pasará a los Congresos estatales, donde se requiere de al menos 17 entidades para aprobarse.
Andrés Manuel López Obrador puede ser el primer mandatario federal que puede ser juzgado por cualquier delito como traición a la patria, delitos de corrupción, electorales y cualquier otro delito que se establece en el artículo 108 de la Constitución.
