“Antes de plantearse militarizar el país, quizá habría que plantearse la voluntad y la capacidad de los órganos que están obligados a brindar seguridad a la población”.
Las palabras anteriores fueron expresadas por José Luis Loera, asesor de vinculación de la asociación civil Casa de Refugiados, durante su visita a la Ibero León.
REFUGIADOS
Casa de Refugiados es una asociación civil que se centra en comprender que la violencia tiene un costo humano muy grande, por lo que hay que brindar atención humanitaria a la gente que ha padecido violencia y se ve obligada a migrar de su país de origen. Tiene antecedentes de trabajo de asistencia y protección con personas refugiadas desde 1983; pero es a partir de 1995 que, de manera formal, inicia su trabajo educativo.
“Hay que hacer eco de lo que los organismos de naciones unidas han planteado: que el papel de la seguridad pública no es función de los ejércitos, y que los cuerpos que tienen la obligación de brindar seguridad a la población y la impartición de justicia, no están cumpliendo su misión”, señaló Loera.
IMPUNIDAD
El activista social y académico explicó que si en México la impunidad llega a niveles alarmantes, y se tiene esa estructura habitual ante los crímenes y la delincuencia en general, de nada servirá militarizar el país, pues se está teniendo un órgano de justicia que definitivamente no está cumpliendo debidamente con sus funciones.
“Mucho antes de optar por la militarización, es necesario tener en cuenta que la policía y los órganos judiciales combatan la impunidad. Lo importante es regresar al principio fundamental de los diferentes cuerpos que componen el estado; y en el caso del ejército, no es la de brindar la seguridad pública, sino otro tipo de operaciones en la función de un estado que debería de funcionar, pero si se están desmantelando los estados en diferentes servicios, es cuestionable que se use una estructura como el ejército para compensar los vacíos que el estado deja”, puntualizó Loera.
“Pareciera más bien que la función del ejército va a ser la de reprimir el costo humano que está teniendo un sistema que no está orientado al bien común, no solo en León sino en todo el país”, concluyó.
