Entre los tantos y tantos temas que afronta México en la actualidad, la Reforma Electoral se presenta como un asunto álgido y de enorme calado para el presente inmediato de la democracia y evidentemente, para encaminar a nuestro país a la consolidación del autoritarismo.
Por un lado, la inminente presencia de fuerzas militares y de agencias de inteligencia estadounidense en nuestro país, con el único propósito de salvaguardad la integridad maltrecha de millones de mexicanos y sus familias, para enfrentar y luchar contra el narcotráfico y los narcos políticos que hoy gobiernan muchos territorios de México.
Por otro lado, la campaña emprendida por el gobierno federal y sus aliados políticos y estratégicos (cómo el caso del gobierno del estado de Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y Jalisco) para difundir a la ciudadanía y medios de comunicación cifras a la baja en materia de inseguridad pública, cuando por otro lado, la percepción social va en incremento de mayor violencia e inseguridad.
Nos dicen un día y otro también, que los homicidios dolosos van a la baja en todo el país y por supuesto, en entidades federativas y municipios de mayor incidencia delictiva, con análisis comparativos de meses y años anteriores, para convencer al pueblo en la lucha y buenos resultados contra el crimen organizado. Cuando las desapariciones forzadas y las extorciones están al orden del día.
Pero todo va muy bien, dice la 4T y el gobierno de la república. Así como también, los gobiernos estatales y municipales aliados políticos de MORENA y los gobiernos emanados de otros partidos contrarios al oficialismo, pero alineados a Claudia Sheinbaum y sus políticas públicas, que solo pretenden cooptar voluntades de gobernadoras, gobernadores y alcaldes asfixiados de deudas y malos manejos en sus presupuestos.
Durante la semana pasada, el gobierno federal dio a conocer el esbozo de lo que sería la nueva Reforma Electoral, con la idea de favorecer al partido de Estado MORENA y perpetuarse en el poder, con la propuesta de desaparecer las candidaturas plurinominales y disminuir sustancialmente el financiamiento público, para dar mayor entrada al dinero del narco.
Si bien es cierto, que desde siempre han sido cuestionadas las candidaturas plurinominales y lo que representa al erario público, hay que admitir que dichas representaciones significan la presencia de partidos minoritarios y su participación en un proceso y ejercicio plural, que fortalece la vida democrática.
El financiamiento público, que dota de recursos a los institutos políticos y que, en muchas ocasiones, ese dinero es utilizado para el dispendio y el beneficio de unos cuantos, que administran y viven de los partidos (PVEM, PT y ahora el PRI), siempre ha sido cuestionado su rol en la equidad electoral y la lucha contra la corrupción.
El financiamiento público tiene como objetivo, que dichos recursos impactan de forma positiva en estas organizaciones, al favorecer sus procesos internos de institucionalización y preservar la vida orgánica y electoral de los institutos políticos con el paso del tiempo, en los distintos momentos que participan en la contienda electoral.
Pero ahora, la propuesta del gobierno de la 4T es disminuir considerablemente el financiamiento público, con la justificación de obtener un ahorro considerable al presupuesto federal, dando entrada por consiguiente a más y más dinero de origen ilícito y, por consiguiente, favorecer la entrada del narco y consolidar una nueva clase política de narco políticos.
Francamente inaceptable.
