INMORAL
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo sobre la propiedad del estadio León y determinó la legítima propiedad del empresario Roberto Zermeño y Roberto González por lo que ordenó al municipio la devolución del inmueble y el pago de los costos que generó el juicio. A pesar de la resolución la Secretaría del Ayuntamiento confirmó que el equipo seguiría jugando en el estado hasta el año 2022 y que promoverá otros recursos legales ante la decisión que avaló la corte.
Ayer a mediodía, durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros que la integran aprobaron la propuesta que declaró en firme una sentencia en contra del amparo que promovieron las autoridades municipales, quienes ya no tienen el derecho sobre el predio de seis hectáreas en donde se ubica el estadio donde juega el equipo de Primera División, el estacionamiento y sus instalaciones, y que deben entregar en un plazo de 30 días a partir de la sentencia.
Luego, en conferencia de prensa, el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, explicó que se habían enterado de manera “extraoficial” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había desechado el recurso que se interpuso y que quedaba firme la resolución del Tribunal Colegiado XVI quedaba firme en favor de Roberto Zermeño y Héctor González. Ni siquiera se consideró la necesidad de aplazar la resolución por posibles contradicciones entre las sentencias previas de los tribunales y la propuesta de la Corte.
El funcionario municipal recordó que en 2011, ambos empresarios como presidente y vicepresidente del club León demandan al municipio de León por la vía mercantil respecto a la devolución del estadio, las oficinas aledañas y el estacionamiento. Esto derivado del incumplimiento de una cláusula del fideicomiso en el que Roberto Zermeño había devuelto el estadio a las autoridades a cambio de una contraprestación; el fideicomiso se extinguió antes del plazo de 10 años previsto, en la administración de Vicente Guerrero Reynoso y de ahí se derivó el problema legal.
En mayo de 2014, se ordenó al municipio la devolución de la propiedad y contra la resolución se emitió un recurso de apelación por parte de las autoridades ante un Juzgado de Distrito, una segunda instancia, quien ratifica lo que emitió la primera instancia, en agosto de 2015.
Luego el 28 de septiembre de 2015, el municipio interpuso un juicio de amparo contra la sentencia de primera instancia y se radica en un Tribunal Colegiado en Materia Civil del XVI Circuito. Posteriormente, hay cambio de administración en octubre de 2015 y se hace un replanteamiento del juicio de amparo promovido y se aplica otra estrategia de defensa del patrimonio municipal. El 18 de mayo de 2016, se presentaron nuevos alegados del municipio y el despacho privado contratado para revertir el sentido del fallo.
El 22 de junio de 2016, el municipio y el estado solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el caso por interés público y porque se verían afectados no solo los intereses de las autoridades sino de los palcohabientes y aficionados. En noviembre, la corte se negó atraer el caso y lo devolvió al Tribunal Colegiado, en donde el municipio solicita un cambio para reasignar el expediente a otro Tribunal por conflicto de interés de uno de los magistrados, lo que se negó y volvió a plantearse a la Corte.
En febrero de 2017, los propietarios de palcos y plateas promovieron amparos ante la autoridad judicial, los cuales aún no están concluidos, siguen en proceso de resolución. Cuando el Tribunal Colegiado negó el amparo al municipio, se buscó un amparo directo en revisión que se planteó a la Corte y finalmente, al revisar el expediente y pese a la negación de aplazamiento, se ordenó desechar el recurso que interpusieron las autoridades.
Una vez que la administración municipal sea notificada de manera oficial del contenido y los alcances de la sentencia determinaría cuáles son los siguientes pasos a seguir en materia jurídica, según lo informó ayer el Secretario del Ayuntamiento López Gómez.
De acuerdo con las autoridades municipales, todavía existen mecanismos legales que van a interponer en cuanto tengan el documento de la resolución y garantizaron que en la parte deportiva se mantiene un contrato de arrendamiento. Respecto al tema de los propietarios de los palcos y plateas, ya había existido un ofrecimiento de Roberto Zermeño y Héctor González de no afectar sus intereses ni poner en riesgo la permanencia del equipo León.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un balde de agua fría para las autoridades municipales porque si bien no fueron las responsables de la pérdida del estadio, tardó nueve años este proceso desde que inició la primera demanda hasta la resolución que se emitió ayer, si tendrán que asumir el costo político en un periodo complicado en materia electoral.
Ayer mismo, el PRI emitió un pronunciamiento en el que acusa que el PAN perdió el estadio debido a un fideicomiso mal hecho y la extinción anticipada que originó los pleitos judiciales que llevaron a perder el estadio, que era patrimonio de los leoneses. De hecho mencionan a Felipe de Jesús López Gómez y a Esteban Ramírez quienes participaron en la constitución del fideicomiso en el año 2000 y que luego de extinguió anticipadamente por Francisco García León, como los presuntos responsables de esta situación.
Lo que se omite por parte del PRI es que en la pasada administración municipal fue cuando se perdió la posesión del estadio León, también sería bueno preguntar al entonces Secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz, y a su director Jurídico, la razón por la cual la defensa del inmueble fue avasallada frente a los abogados privados de los empresarios que reclamaron el inmueble. Nadie sabe dónde está el primer juez que aceptó la demanda civil de Roberto Zermeño, sería bueno que también diera la cara para explicar a los leoneses sus razones.
La realidad es que poco se puede hacer cuando el interés económico se sobrepone a los intereses de la sociedad; no es el primer caso ni sería el último en que el patrimonio municipal es arrebatado por la voracidad de empresarios, quienes solo tienen que buscar un buen despacho de abogados y convencer a los magistrados de que su reclamo es legal aunque sea inmoral.
La única forma de superar esta mala noticia para los leoneses, en un proceso electoral en puerta, podría ser el anuncio de construcción de un nuevo estadio de fútbol aunque ahí también van a saltar intereses de quienes buscan consolidar nuevos negocios al amparo de los recursos públicos.
En León hay muchas carencias que tiene la población en materia de infraestructura social y construir un estadio con recursos públicos, en vez de promover la inversión privada, también será igual de inmoral. Sobre todo cuando ya hay quienes promueven un nuevo estadio, hoteles y centros comerciales, claro con el auspicio del erario público y no de su bolsillo.
