En los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició 107 carpetas de investigación por el delito de aborto, a pesar de que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su criminalización.
Guanajuato continúa entre los estados cuyos congresos locales no han armonizado su legislación, lo que mantiene un escenario de incertidumbre jurídica para las mujeres.
De acuerdo con una solicitud de información realizada para este reportaje, la FGE informó que Celaya concentra el mayor número de carpetas abiertas en este periodo, con 22; le siguen Irapuato, con 19, y Salamanca y Silao, con ocho cada uno.
Aunque estas investigaciones ya no pueden derivar en sentencias condenatorias tras el criterio establecido por la Suprema Corte, abogados y organizaciones advierten que la sola apertura de carpetas continúa generando procesos de criminalización, estigmatización y presión institucional hacia las mujeres que atraviesan estas situaciones.
Una decisión en soledad
Emilia tenía 20 años cuando decidió abortar, era el año 2011. Hace 15 años, se enteró de que estaba embarazada, ya tenía una hija como mamá autónoma. Una relación fabulosa, así recuerdo los años que convivió con su pareja antes de embarazarse a los 19 años.
«Previamente al embarazo, fue muy fabuloso. Fue una relación increíble. La recuerdo con mucho cariño; jamás pensé que fuera a ser ese tipo de papá porque fue una relación muy fabulosa, en cuanto me embaracé, recuerdo que del embarazo de mi hija lloramos cuando supimos, porque aparte también él era muy chico, él es un año más chico que yo. Entonces yo decidí, mi primera reacción fue: quiero abortarla, y él me dijo que no».
Sin embargo, en ese momento recordó que era muy codependiente de él, así que durante su primer embarazo la idea de abortar se esfumó, pues él la amenazó diciéndole que si lo hacía la dejaría.
«Decidí no abortarlo porque me creí esta historia de la familia tradicional y dije: Claro, vamos a hacer una gran familia. Pero no; él decidió abortarla en vida, ya cuando estaba embarazada, y todo el embarazo fue la etapa más triste de mi vida».
Sin opciones en Guanajuato
Solo un año después de dar a luz a su primera hija, Emilia se embarazó. Mientras ella entraba en pánico, su pareja se ausentó de formar parte de su crianza y de la vida de ambas.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que quería abortar, por lo que comenzó a buscar en internet ayuda para llevar a cabo la interrupción. Recordó que hace más de una década era difícil conseguir información y que recibió numerosos mensajes de anuncios donde ofrecían apoyo si estaba sola. Así llegó a un consultorio en el centro de León, donde intentaron persuadirla para no hacerlo.
«No me dejaron salir hasta que les dije que efectivamente no iba a abortar, que sí lo iba a tener y que iba a considerar la adopción, porque esa era la forma de ayudarte. Que te ayudaban con las citas médicas, que te ayudaban en dónde vivir por si te corrían y al final podrías darlo en adopción», recordó.
Pero continuó buscando alternativas. Se dio cuenta de que abortar en Guanajuato no era una opción, así que comenzó a buscar en la Ciudad de México, donde desde abril de 2007 la interrupción del embarazo es legal si se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
El trayecto
Antes de viajar intentó métodos caseros, desde té de ruda hasta golpearse el estómago o provocarse caídas. Finalmente pidió un préstamo de 5 mil pesos, lo justo para costear el transporte y el procedimiento. Todo este proceso lo vivió sola, pues, aunque sus padres la apoyaban con el cuidado de su primera hija, sabía que una segunda sería muy difícil.
La clínica, contó, se encontraba en la alcaldía Azcapotzalco, y para no levantar sospechas dijo a su familia que trabajaría todo el día.
«Lo recuerdo porque yo tenía muy planeada mi ruta. Me iba a ir súper temprano en la mañana a decirle a mis papás que iba a hacer horas extras, tanto en la mañana como en la noche, para tener todo el día libre», contó.
Una visita muy exprés, calculada y sin ningún margen de error. Para llevar a cabo el aborto decidió un procedimiento quirúrgico, ya que así no tendría que regresar a chequeos posteriores. Sin embargo, al llegar le informaron que el médico no había acudido ese día y le recomendaron regresar al día siguiente.
El pánico la invadió con el dinero contado y el tiempo en contra, decidió que la interrupción se realizará con medicamentos. Le explicaron el proceso y le administraron la primera dosis.
Durante algunas horas permaneció en la clínica hasta que comenzó el sangrado, pero se acercaba la hora de regresar. Emilia tomó su camión de vuelta a Guanajuato y durante las siguientes seis horas de traslado abortó.
Entre escalofríos, el dolor intenso, la temperatura y las contracciones constantes, recuerda lo pequeño que eran los baños, sola y cansada asegura que en ningún momento tuvo miedo de morir.
«Lo expulsé en el camión. No sé si se fue todo, solamente le bajé y se fue, pero ahí ya vi que era un coágulo demasiado grande como para ser un pedazo».
Además, sus padres ya no podían apoyarla más económicamente, pues ya la ayudaban mucho con su primera hija y le parecía un egoísmo quitarle recursos a ella.
«Estaba súper segura de que prefería morirme a estar embarazada. Entonces, sí fue complicado el aborto, pero era más mi miedo a tenerlo que a que mis papás descubrieran mi embarazo».
El miedo legal
El miedo también cruzaba lo legal: en aquel entonces, como ahora en Guanajuato, el aborto aún no estaba despenalizado.
«Tenía miedo de que llegara, me pusiera mal y me metieran a la cárcel por abortar. No me importaba si médicamente estaba mal, me importaba lo legal o tenerlo. Era un miedo, pavor».
Un milagro, así recuerda ese momento de su vida pues a pesar de lo que tuvo que pasar en el camión al día siguiente se levantó y continuó con sus actividades diarias: trabajar y maternar. Al momento de la interrupción tenía casi 12 semanas de gestación.
Aunque en el lugar donde se realizó el procedimiento le indicaron acudir a un chequeo para verificar que todo hubiera salido bien, Emilia ya no tenía tiempo ni recursos.
«Jamás fui a checarme, jamás verifiqué que se había salido, jamás nada. Nunca supe nada».
Ahora, al mirar atrás, se cuestiona si la historia pudo ser distinta, pues aunque buscaba cuidarse con métodos anticonceptivos, no siempre tuvo acceso a ellos.
«Mis papás no eran muy abiertos al respecto, entonces no contaba con su apoyo. Para cuando salí embarazada de mi hija, el condón se rompió, me tomé la pastilla del día siguiente y ahí está. No fue negligencia. Para este otro embarazo me estaba inyectando y usé condón se rompió también y me volvió a pasar».
Después de tener a su primera hija solicitó la ligadura de trompas en el Hospital Materno Infantil de León, pero no se lo permitieron; le dijeron que era muy joven y que debía tener al menos 28 años y tres hijos, además de la autorización de su pareja.
Fue hasta los 21 años, y después de interponer una queja ante Derechos Humanos, que pudo acceder al procedimiento.
Durante mucho tiempo, la familia de su expareja la hizo sentir culpable por abortar, aunque nunca estuvieron presentes en la crianza de su hija.
Quince años después, Emilia aseguró que fue la mejor decisión que pudo tomar y que no ha sentido temor ni arrepentimiento.
«No soy religiosa, pero sí creo en Dios y estoy segura de que Dios apoyó mi decisión porque lo hice desde el amor, desde el amor hacia mi hija, para que no batallara, para que no le faltara nada; incluso del producto, porque al final iba a venir a sufrir».
Emilia se apega a la frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal.
«Esta decisión la tomé desde el amor y estoy segura de que mi Dios, el universo o en lo que creamos no me genera ningún castigo».
Sin condena, pero bajo investigación
Para el año en que Emilia se practicó el aborto, de haber surgido algún inconveniente legal, podría haber sido condenada y privada de su libertad, según señaló David Araujo Muñoz, licenciado en Derecho e integrante de Araujo y Mercado Servicios Jurídicos Integrales, en Guanajuato la condena por aborto era de uno a tres años de prisión.
David Araujo Muñoz, abogado e integrante de Araujo y Mercado Servicios Jurídicos Integrales, señala que la criminalización del aborto persiste en Guanajuato pese al fallo de la Suprema Corte.
«Hace 10 años probablemente sí hubiera sido motivo de prisión, porque todavía existía esta punibilidad en el tipo penal y efectivamente habría sido perseguida y probablemente condenada a una pena privativa de la libertad».
Desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la criminalización del aborto es inconstitucional, por lo que ningún juez en las 32 entidades del país puede condenar a una mujer o persona gestante por interrumpir su embarazo.
Sin embargo, Guanajuato es uno de los ocho estados junto con Durango, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Morelos y Tlaxcala que no ha legislado conforme a lo establecido por la Suprema Corte.
El especialista señaló que existen criterios no solo jurisprudenciales, sino también de convencionalidad, en los que México reconoce el aborto como parte de los derechos reproductivos y de la autonomía de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
«Por lo que es contrario a los derechos humanos que el estado de Guanajuato aún se niegue a despenalizar esta situación y siga persiguiéndola como delito», explicó.
Agregó que en 2025 se promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 159, 160 y 161 del Código Penal del Estado de Guanajuato, donde se criminaliza tanto a la mujer o persona gestante que decide interrumpir su embarazo como al personal médico o parteras que le asisten.
Sobre las 107 carpetas de investigación iniciadas en los últimos cinco años, David Araujo señaló que, aunque el Ministerio Público puede iniciar la carpeta, esta no podría judicializarse. Consideró urgente regular el tema en el estado, pues aunque ya no existe un delito que perseguir, las mujeres continúan siendo criminalizadas.
«Si tú llegas y tuviste un aborto espontáneo, la policía puede investigarte para saber si lo provocaste, e incluso el personal de salud muchas veces prefiere evitar prestar el servicio para no meterse en problemas. Eso también resulta en una violación a los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar», señaló.
El Código Penal del Estado de Guanajuato contempla el aborto únicamente cuando es producto de una violación, uno de los puntos que, de acuerdo con el abogado, la Suprema Corte ha considerado discriminatorio, pues mantiene causales limitadas para acceder a este derecho.
«Porque sigue siendo una forma de discriminación y perpetúa la idea histórica de que el único fin de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar es tener hijos, limitando su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a construir un proyecto de vida propio», dijo.
El hecho de que a las mujeres no se les permita la opción de interrumpir un embarazo, añadió, afecta su esfera jurídica, su autonomía y su dignidad humana. La criminalización no solo alcanza a quienes toman la decisión, sino también a terceros que las asisten para que el procedimiento se realice de manera segura.
Además, el abogado explicó que la derogación de estos artículos del Código Penal implicaría un acceso más seguro al derecho a la salud.
Sobre la actuación del personal médico, que se niegan a practicar un aborto con los argumentos de que van en contra de sus convicciones personales o éticas, David Araujo indicó que, cuando se trata de derechos humanos, no es posible anteponer creencias morales, filosóficas o religiosas por encima del acceso a servicios de salud garantizados por el Estado.
Cuando se trata de cuestiones de derechos humanos no puede existir objeción de conciencia que limite el acceso a un servicio. No se pueden sobreponer ideas personales al beneficio social ni a la tutela de bienes jurídicos. No existe una excusa para que un doctor se niegue a practicar un servicio de esa naturaleza, enfatizó.
Médicas entre el estigma y la incertidumbre
Jocelyn Rivera, médica cirujana por la Universidad de Guanajuato, con maestría en psicoterapia psicoanalítica y sexóloga clínica, entiende el impacto que la criminalización del aborto puede tener en las y los profesionales de la salud, pues limita su libre ejercicio. No solo se penaliza a quien aborta, sino también al médico o médica que acompaña el proceso.
Jocelyn Rivera, médica cirujana y sexóloga clínica, advierte que la
criminalización del aborto limita el ejercicio profesional y el acceso a un servicio esencial de salud en Guanajuato.
Esto provoca miedo y estigma incluso dentro del propio gremio.
«Nos enfrentamos al estigma y al escarnio social, pero también al interno por quienes dicen no estar de acuerdo además, existe el riesgo de ir a prisión por hacer tu trabajo. Es un tema muy complejo», compartió.
El hecho de que en el estado de Guanajuato aún no se despenalice el aborto y que no exista claridad jurídica, aun cuando ya no sea vinculante a una condena, genera dijo una sensación de estar atados y atadas de manos.
La especialista forma parte de la Red Salvemos Miles de Vidas, una red de profesionales de la salud preocupadas y ocupadas en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La red considera que salvar una vida implica salvar a la persona gestante, a la mujer o persona con posibilidad de gestar, y garantizar que el aborto sea visto como un servicio esencial de salud, no como algo que deba regularse desde un Código Penal para asegurar el acceso universal al derecho humano a la salud.
Criticó que el aborto sea el único servicio de salud que forma parte de un Código Penal, y cuestionó cómo es posible que este tipo de decisiones estén en manos de personas que no pertenecen al ámbito médico.
«Yo pongo un ejemplo siempre: si los legisladores enferman de COVID, van a ir con un médico, no van a ir con otro legislador que les diga qué pueden y qué no pueden hacer. Entonces, ¿de qué manera afecta? Pues afecta al acceso, porque no pensamos en todas las circunstancias», expresó.
Circunstancias como el hecho de que muchas mujeres no puedan trasladarse a la Ciudad de México o a estados donde ya está despenalizado, o aquellas que no tienen acceso a redes sociales para buscar acompañamiento.
«La criminalización afecta, impacta a nivel de vida. Estamos perdiendo vidas, y no solamente hablo de un cuerpo que deja de latir o de respirar. La vida se compone de muchísimas cosas, la estabilidad emocional, la calidad de vida. Entonces, la criminalización obstaculiza el acceso al derecho universal a la salud», dijo.
Lo grave, agregó Jocelyn Rivera, es que aunque ya no sea vinculante a una sentencia, el aborto aún forma parte del Código Penal. Por ello, las mujeres en Guanajuato todavía enfrentan la posibilidad de que, ante una atención médica, se dé aviso al Ministerio Público y, aunque no proceda una condena, se abra una carpeta de investigación.
En ese contexto, aclaró que son falsos los argumentos que señalan que abortar es peligroso, pues el aborto con medicamentos es uno de los procedimientos obstétricos más seguros.
«Quien decide parir merece una atención digna y amorosa, igual que alguien que decide abortar».
Rivera señaló que existen palabras que suelen utilizarse para confundir y que pueden resultar peligrosas, una de ellas es clandestinidad.
«Quiero redimir y resignificar la palabra clandestinidad, porque clandestinidad no necesariamente es peligroso, y la clandestinidad también ha sido lo que durante mucho tiempo nos ha acompañado a las mujeres y a las personas con posibilidad de gestar».
Actualmente, explicó, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuentan con protocolos y evidencia científica que respaldan la seguridad del aborto con medicamentos, incluso en casa bajo la orientación adecuada.
Tras el ultimátum emitido por la Suprema Corte al Congreso del Estado de Guanajuato, Rivera consideró que su cumplimiento significaría saber que efectivamente se están salvando miles de vidas.
«Eso aseguraría que cualquier persona, niña, mujer o adolescente pueda tener acceso a un servicio de salud sin ser juzgada, que se garantice que cada quien pueda decidir sobre su vida», dijo.
Añadió que no debería ser necesario pedir permiso para ejercer un derecho, y que en eso se pierdan vidas por lo que de por fin despenalizarse el aborto pueda darle oportunidad a de ejercer su trabajo de forma libre y sin ser perseguida.
Acompañar en un contexto de criminalización
La Red de Acompañantes de León surgió en 2014, luego de que Naye Tello y Edith Méndez se conocieran en un taller sobre aborto en casa. En ese momento, Edith buscaba materiales para realizar su tesis sobre el aborto en Guanajuato.
A partir de este encuentro, la red comenzó a articularse entre amigas y conocidas. María Alcántara Loredo, integrante de la red, explicó que, aunque fue fundada e impulsada por ellas, con el tiempo se fueron integrando y capacitando a más mujeres, enseñándoles a acompañar abortos en casa y a generar redes de apoyo entre acompañantes.
María Alcántara Loredo, integrante de la Red de Acompañantes de
León, acompaña a mujeres que deciden interrumpir su embarazo en
un contexto de criminalización en Guanajuato.
A través de su red social de Facebook canalizan la mayoría de los casos de mujeres que deciden interrumpir su embarazo. El primer contacto consiste en preguntas para confirmar el embarazo y, posteriormente, solicitan un número de WhatsApp para que una acompañante establezca contacto directo.
Cuando las contacta una acompañante tiene que hacer una serie de preguntas que constituyen un pequeño historial médico y es básicamente para saber si son candidatas o no para un aborto con medicamento, explicó Alcántara Loredo.
Este acompañamiento cuenta con protocolos para medir riesgos previos y asegurar que el procedimiento sea seguro y exitoso, sin poner en riesgo a la usuaria.
Sabemos que muchas compañeras no están abortando en un centro de salud público o privado y, además, lo hacen en un estado donde se criminaliza a las mujeres por abortar. Entonces, queremos que bajo ningún motivo tengan que llegar al hospital, señaló.
Principalmente son mujeres entre los 20 y 30 años quienes solicitan acompañamiento, aunque también han acompañado casos de mujeres entre los 35 y 40 años, muchas de ellas ya madres.
Entre los motivos más frecuentes, explicó la activista, se encuentran situaciones de violencia o precariedad económica.
Yo necesito que él crea que esto fue un aborto espontáneo, es una frase que escuchan con frecuencia, pues algunas mujeres buscan justificar la interrupción ante sus familias o parejas para evitar conflictos o violencia.
Aunque el miedo está presente, María Alcántara explicó que más allá del ámbito religioso o moral, el principal problema suele ser la falta de información o la desinformación. Aun así, las mujeres toman la decisión.
María coincide con Jocelyn Rivera, médica cirujana, al señalar que la Organización Mundial de la Salud establece que el aborto con medicamentos es un método seguro y eficaz; de acuerdo con la OMS, alrededor del 99 por ciento de los abortos con medicamento son exitosos y menos del uno por ciento presenta complicaciones.
Misoprostol, fármaco empleado en abortos con medicamentos, cuyo
acceso en Guanajuato ocurre en un contexto de criminalización y
desinformación.
Realizar este acompañamiento en un estado donde predomina la religión católica y donde el aborto aún no está despenalizado ha generado odio, amenazas e incluso señalamientos de muerte. Debido a estas agresiones, la red mantiene bloqueadas a más de 500 personas en redes sociales, muchos de los perfiles pertenecientes a personas que profesan la religión católica.
A pesar de este linchamiento mediático y del miedo, algunas familias de las acompañantes desconocen su trabajo y activismo, ante el temor de que puedan enfrentar consecuencias laborales o personales, lo que añade una capa adicional de ansiedad y estrés.
Mientras el debate continúa en el Congreso y en las instituciones religiosas, en la vida cotidiana las mujeres aún enfrentan las consecuencias de la criminalización: el miedo a ser investigadas, señaladas o perseguidas por tomar una decisión sobre sus cuerpos y el rumbo de sus vidas. Las 107 carpetas de investigación abiertas en los últimos años no son solo cifras, representan historias, contextos y realidades distintas.
En medio de esta discusión, las redes de acompañantes continúan su labor, ahora no en silencio, sino desde la información, la comprensión y el acompañamiento, de la mano de médicas que, pese al señalamiento social y la incertidumbre jurídica, mantienen redes de apoyo para quienes lo necesitan.
Lo que sí es un hecho es que el tiempo ya comenzó a correr y, en menos de 90 días, el Congreso del Estado deberá enfrentar una decisión que también atañe a la sociedad, a las instituciones de salud y a los grupos religiosos.
Porque mientras aún se debate si el aborto es moralmente correcto o incorrecto, afuera las mujeres continúan enfrentando embarazos no deseados, violencia sexual, precariedad económica y el miedo latente de ser perseguidas. Algunas buscan acompañamiento y orientación en redes, otras viajan a estados donde el aborto ya fue despenalizado.
En Guanajuato, la discusión sigue abierta, pero la realidad como coinciden todas las voces del reportaje ya ocurre todos los días. Mientras el Congreso delibera, las mujeres siguen tomando decisiones en escenarios de incertidumbre. Porque aunque la ley pueda tardar la realidad no.
Este reportaje fue realizado por Aidé Sánchez, con la colaboración en fotografía y edición de gráficos de Ángela Cruz.
Agradecemos a todas las voces que participaron en su elaboración y compartieron sus testimonios. El nombre de la persona entrevistada fue modificado por razones de seguridad.
