La Administración 2012-2015 encabezada por el exalcalde priìsta Enrique Benjamín Solís Arzola se encuentra sujeta a auditoría por un “desfalco” de poco más de me-dio millón de pesos; hay observaciones penales.
De ésta se desprenden responsabilidades civiles y penales por parte de funciona-rios y servidores públicos, dio a conocer Guillermo Aguirre Fonseca, diputado pa-nista por el Distrito X que involucra a Silao, quien recordó que recientemente ante el Pleno del Congreso del Estado se aprobó la auditoría de la Cuenta Pública que involucra el periodo enero-junio del año 2015.
“En esta auditoría resultan algunas observaciones y hay una situación donde hay un desfalco o hay un recurso que no se encuentra dentro del erario público municipal, por la cantidad de 616 mil 584 pesos”, comentó.
Ello básicamente dentro de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso y posteriormente en la sesión del Pleno por unanimidad de votos: siete observacio-nes civiles y una del tipo penal.
Destacó que la penal recae sobre varios funcionarios del área administrativa, de la los cuales optó por no señalar nombres por respeto, dijo, al ámbito judicial y que “el día de mañana puedan extraerse de la acción penal”.
“El Ministerio Público ya realizará las investigaciones correspondientes y determinará en sí las responsabilidades de manera penal, a quien haya incurrido en este delito”.
El enfoque principal se da a un recurso que debió ingresar a las arcas municipales por un permiso (no especificado) aprobado dentro del Municipio, lo que nunca ocu-rrió.
“Al momento de estar revisando los números, de estar revisando las cuentas, re-sulta que hay un faltante… y al realizarse las investigaciones, esto recae directa-mente en diferentes funcionarios”, agregó.
FACULTAD FISCALIZADORA
Los diputados, defendió, tienen la facultad de fiscalizar los recursos públicos de cualquier ente público en Guanajuato, a través de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Una vez que todo este aparato realiza las revisiones, en-tregan los dictámenes a la Comisión y esta a su vez, los somete ante el Pleno.
Los exempleados municipales deberían ya estar notificados y luego de que la Pro-curaduría de Justicia determine una probable responsabilidad, a los involucrados competerá “probar que son inocentes”.
