El aumento de 16 a 18, y 19 a 20 pesos el kilogramo de tortillas golpea la economía de las familias populares que dependen de bajos ingresos económicos y ninguna autoridad interviene para dar una solución en el precio del maíz.
Mientras que en los centros comerciantes mantienen el precio de la tortilla en 12 pesos el kilogramo que aprovecha la gente que vive cerca, pero la que vive lejos tendría que pagar 12 pesos del pasaje de transporte urbano.
“La Profeco está de membrete, ya no tiene facultad de intervenir para evitar el aumento de precios, ni para hacer revisiones y evitar la especulación, ni para defender los derechos de los consumidores, como es la alimentación con un producto básico para la familia”, expuso Elizabeth Jiménez, madre de tres hijos pequeños.
Formada también en la tortillería “La buena”, Delia Vázquez, señaló que “el Gobierno no tiene sensibilidad social, no previó nada para que no aumentara el precio de las tortillas, con el problema de la pandemia se olvidó de todo los demás”.
“En las tortillerías de San Felipe de Jesús, los Ángeles y la Killian, se pusieron de acuerdo para subir las tortillas a 19 y 20 pesos, como ninguna autoridad las regula ni las sanciona, hacen lo que se les venga en gana porque dicen que también les aumentaron el maíz, la harina, la luz, el gas y el transporte de los insumos”.
“Los tortilleros ya sacan sus gastos y ganancias, al Gobierno no le interesa las familias de bajos recursos, porque según no se pueden meter en solucionar este problema social de la tortilla cara, porque son tiempos electorales, luego los acusan de querer ganar votantes para sus candidatos, mientras dejan al pueblo abandonado, a la buena de Dios”, dijo la maestra jubilada Graciela Durán.
