Con este encabezado publicó un medio de comunicación nacional, con sede en el Caribe mexicano, la declaración de Alejandro Gertz Manero, Titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Y continuó………”En la mira del Dr. Gertz Manero, están el Delegado y Subdelegado de la FGR en Guanajuato”.

¿Quiénes son estos funcionarios federales? El jefe y Titular de la Delegación en Guanajuato, se llama Alfredo Montes García y el Subdelegado, es Gabriel Campos Piña. Y continúa la nota: “Según investigaciones internas de la FGR, derivadas de tarjetas informativas de las áreas de inteligencia de la Secretaria de la Defensa Nacional y de Marina, estos funcionarios podrían estar relacionados en hechos ilícitos, al dar protección a José Antonio Yepez Ortíz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“El hasta ahora escurridizo “Marro”, conocido también como el “Rey del Huachicol”, podría estar recibiendo oportunos “pitazos” de los operativos y movimientos en su contra, lo que le ha facilitado escapar. Pero además se dice, que cobran por investigaciones y que modifican las carpetas de investigación a favor del mejor postor. Hasta el momento, la investigación se mantiene hermética, pero se sabe que incluye a sus más cercanos colaboradores”. Concluye la nota periodística.

¿Qué le parece estimado lector? Menos mal que estamos en el sexenio de la lucha frontal contra la corrupción……cero tolerancia, dice un día sí y otro también nuestro paladín de la justicia y la democracia, el Presidente de todos los mexicanos, López Obrador. Con la mitad de esta investigación y mínima sospecha a cualquier otro funcionario estatal o municipal o bien federal, emanado del PRI o PAN, el escándalo sería total. ¡Y no pasa nada!

La Cuarta Transformación como ha denominado AMLO a su actual administración y movimiento social y político, no solaparía acto alguno de funcionarios federales que tuvieran que ver con corrupción en su gobierno. ¿Y el Súper Delegado Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández? ¿Dónde está? ¿Ya conoce de esta información?

Estaríamos hablando de una investigación interna de la Fiscalía General de la República, respecto a dos funcionarios federales, que dan protección a uno de los delincuentes más seguidos y perseguidos por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación, que encabeza el Dr. Alfonso Durazo Montaño, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México y por supuesto, también, autoridades de Seguridad Pública de Guanajuato.

No es posible entender que desde enero del presente año, hasta la fecha, no logren capturar a este vulgar delincuente conocido como el “Marro” sino es gracias a la protección de funcionarios coludidos con la delincuencia. Por ello, tiene mucho sentido que el Fiscal General haya identificado a los posibles responsables que protegen al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Por otra parte, vale la pena preguntar si solamente son estos dos funcionarios federales quienes protegen a José Antonio Yépez Ortíz o hay otros funcionarios de corporaciones federales o locales, que forman parte del equipo del “Marro”, brindando protección y cuidando las espaldas a este delincuente, que hasta el momento no es posible dar con él.

La “misión” del gobierno federal de cero tolerancia a la corrupción e impunidad hoy más que nunca está en duda con este asunto y muchos otros, donde da la impresión que siguen las mismas prácticas corruptas que protegen a unos y son implacables con otros. Con este tipo de actitudes personales y directas de los funcionarios que protegen y se asocian con la delincuencia, no pueden señalar como culpable al sistema penal acusatorio. ¡No hay pretexto!

Las irregularidades en el desempeño de servidores públicos adscritos a fiscalías o procuradurías de justicia, sigue siendo una triste y penosa realidad como lo podemos ver y más triste aún, que nadie hace nada, por parar estas malas prácticas en la administración y en el gobierno. Las víctimas seguimos siendo todos los ciudadanos y los funcionarios en jauja coludidos con la delincuencia. No pasa nada.

No hay que olvidar lo que tiene que ver con las competencias federal y local: Una forma de identificarlas es considerar lo relativo a la corporación a la que el servidor público pertenece y si comete el acto en el ejercicio de sus funciones. Ejemplo, todas las irregularidades que se cometen por ministerios públicos, policías, peritos o personal administrativo adscrito a la Fiscalía General de la República, integrantes de la Guardia Nacional, Policía Federal e incluso de la SEDENA o de la Marina, son competencia de la federación cuando los funcionarios se encuentran realizando alguna de sus labores.

Por el contrario, si el funcionario público federal incurre en alguna actividad ilícita, tenga o no relación con el cargo que desempeña, ese hecho será competencia del fuero local y corresponderá a la fiscalía o procuraduría estatal investigar el asunto. ¿Seguirá la política prevaleciendo por encima de la ley?

¿Qué autoridad se hará cargo de todo esto?

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