La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a los diputados a dictaminar la Propuesta de Reforma Constitucional al artículo 73 de la Carta Magna, para la expedición de una Ley General de Extorsión que permita la homologación de este delito y sus sanciones en todo el país.
José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Coparmex, señaló que se está a la espera de que la propuesta que presentaron el 26 de abril sea dictaminada.
Varias asociaciones ciudadanas se reunieron en este esfuerzo para apoyar en este tema; así, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) e integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, se coordinaron y ahora se encuentran a la espera de la resolución de los diputados.
Medina Mora Icaza dijo que el delito de extorsión se debe atender y prevenir para evitar que se normalice.
“Existen muchas formas de presentarse la extorsión; desde llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp hasta el cobro de piso o la intimidación. Debemos hablar del tema, debemos visibilizar este problema y alzar la voz para exigir que este mal se combata desde la raíz y de forma integral”, señaló el dirigente nacional de esta confederación.
Dijo que su asociación sigue dispuesta a colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en busca de la recuperación de la paz y en la correcta impartición de justicia en México.
“Impulsamos la creación de los Centros de Integración Ciudadana (que llamamos CIC) en 12 de nuestros Centros Empresariales para hacerle llegar de manera inmediata a las autoridades reportes en materia de inseguridad; ya tenemos operando el proyecto LAICA, que es una línea de atención directa para reportar el robo de transporte de carga y mercancías a la Guardia Nacional”, destacó.
Se dio a conocer que con la iniciativa de ley se pretende facultar al Congreso de la Unión para que pueda legislar en materia de extorsión y se puedan elevar las penas a los infractores, buscando que la sanción mínima sea de 10 a 20 años y dependiendo de las agravantes, suba de 20 a 40 años y la máxima sea de 70 años.
Aportaron los datos de que en los primeros cuatro meses de este 2023 se registraron tres mil 473 víctimas de extorsión, una cifra que es 2.4 por ciento menor a la documentada durante el mismo periodo del año anterior; es decir, una reducción marginal y que en los 53 meses que van de esta administración federal se han contabilizado más de 41 mil 873 carpetas de investigación por extorsión, lo que implica un incremento del 48 por ciento con respecto al mismo periodo del sexenio anterior.
