En espera desaparición del fuero

El Ayuntamiento silaoense todavía no ha sido convocado a emitir su postura respecto la aprobación de la reforma constitucional que pretende la eliminación del fuero constitucional, en manos del Congreso del Estado de Guanajuato.
Tras concluir la sesión ordinaria de este jueves 26 de noviembre, el alcalde Juan Antonio Morales Maciel expuso que hasta el momento no se ha recibido notificación al respecto “donde ya se puntualice en qué términos queda ese tema”.
Ante ello, aseguró que “mientras no se tenga tal notificación con puntualidad del Congreso, sería mucho muy irresponsable emitir algún juicio con este tema; estamos esperando en cuanto nos lo manifiesten, con gusto y si es necesario lo hacemos público”.
MEDIDA VIABLE
A opinión personal planteó que es una buena medida, toda vez que “hoy en día cualquier servidor público debemos de conducirnos con esa transparencia y, debemos siempre con un espíritu ciudadano; no debemos por qué respaldar ningún acto de cualquier persona en alguna función con algún nombramiento.
El fuero o la inmunidad es un privilegio conferido a determinados servidores públicos, con el fin de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos y, salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
El Primer Edil consideró además que hoy en día cualquier servidor público debe actuar con “empatía social”.
SIN PIEDAD
En este sentido, dijo, el Ayuntamiento ha asumido una clara indicación: “Cualquier funcionario no tiene por qué encubrirse ninguna irregularidad”. Ante cualquier situación que se manifieste o se planteé con un motivo sustentando, “nuestro actuar va a ser contundente y no vamos a solventan ninguna situación que sea totalmente de agravio a la ciudadanía”.
Omitió hablar sobre su el empleo de esta figura jurídica se ha “prostituido”, pues aseguró “sería de mi parte muy irresponsable dar un juicio… porque no tengo elementos tangibles para emitir un juicio”.
IMPLICACIONES
La reforma constitucional plantea que en caso de que algún servidor público cometa algún delito grave, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial realizarán la detención del denominado inculpado, se le iniciará un proceso judicial y será sometido a la medida de prisión preventiva. Posteriormente se solicitará su desafuero al Congreso.
De tratarse de un delito no grave, éste bajo libertad enfrentará dicho proceso y sin separarse de su cargo. Será tras una sentencia condenatoria que se peticione el desafuero.