miércoles, septiembre 2, 2026
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Destaca legisladora trabajo en Comisión de Justicia

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá resaltó las coincidencias entre los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso que derivan en trascendentes reformas al código penal.

Ejemplificó la iniciativa para penalizar los ciberdelitos, así como la iniciativa que faculta al Registro Civil para anotar nombres indígenas en actas de nacimiento.

Reconoció que ninguna de las reformas tiene un proceso aislado porque llevan implícita una conexión hacia el combate al delito, siempre a favor de la sociedad.

“Van todas conjuntas (iniciativas y reformas) de manera tal que tengamos un resultado benéfico para los guanajuatenses y que podamos estar pensando en un futuro próximo en mejores condiciones de seguridad para nuestro estado”, planteó.

Se pronunció por la construcción de un estado de paz para respaldar las instituciones desde la ley para la disminución de la angustia y el dolor social.

La legisladora abordó varios tópicos del trabajo parlamentario durante una entrevista en las instalaciones de El Heraldo de León.

CONTRA EL CIBERDELITO

Aludió la importancia de las tres reformas avaladas la semana pasada sobre el Código Penal contra los delitos digitales y, ahora, Guanajuato ya cuenta con herramienta de sanción.

Se refirió al acecho cibernético donde los niños son las principales víctimas al recibir “mensajitos” o la invasión de la privacidad de la red. Puede caer en el rango de ciberbullying.

El otro es el “sexting” que consiste en compartir imágenes o audios sin el consentimiento de la persona y que llega a dañar la vida de quienes se ven involucradas.

El tercer delito -que ya forma parte del código penal- alude a la captación de menores de edad o “grooming” que consiste en que, a través de medios digitales, se hace un contacto con el fin de conductas delictuosas de tipo sexual. También ya se tiene herramientas para su sanción en Guanajuato.

Adicional, la Comisión de Justicia aprobó una iniciativa que presentó Acción Nacional para delitos complementarios hacia un catálogo de ciberdelitos.

Uno de ellos es el hackeo, que se refiere al ingreso digital de los sistemas de seguridad y el robo de información.

El otro es la suplantación de identidad que provoca que haya delitos en cuentas y tarjetas personales que llegan a ser “vaciadas”.

Los tres primeros están en espera de la publicación del Periódico Oficial. Los otros dos son iniciativa en consulta para establecer opiniones técnicas especializadas y alcanzar su respectiva penalización.

Aceptó que sí, son miles de casos de personas afectadas por delitos cibernéticos.

 “Todos somos vulnerables porque la tecnología nos está rebasando”, planteó.

Se pronunció a favor de una cultura de sistemas de seguridad para estar protegido de estas situaciones de acosos o delitos vía digital.

SÍ A NOMBRES INDÍGENAS

Durante años, la ley del Registro Civil contempla que no se pueden registrar en actas de nacimiento nombres ofensivos o que no comprueben su significado.

Esta situación excluía a los nombres indígenas a pesar de tener un amplio contenido cultural y tradicional.

Pero un dictamen ventilado en la Comisión de Justicia abarcó cinco modificaciones al código civil que tienen que ver con el derecho a la identidad, que significa que aquellas personas de origen indígena puedan preservar la tradición cultura y origen a través de sus nombres.

En el código se establece la obligación del oficial del Registro Civil de respetar el deseo de los padres de familia sobre nombres de origen indígena para sus hijos.

Hasta antes de esta iniciativa, en Guanajuato había sido un asunto de criterio y muchas veces en el entendido de que “el oficial” no es culpable de no conocer la propia lengua original.

Ahora se preserva el derecho de la identidad como personas y también de la identidad como mexicanos.

“Es una reforma bonita, importante, que garantiza un derecho a los niños (…) es el derecho de los padres de nombrar a sus hijos”, explicó.

Otras dos iniciativas tienen que ver con eliminar la temporalidad del divorcio por libre consentimiento, ya no solo un año.

Y cuando lo hayan perdido y quieren volver a casarse, que no tenga que pasar un año como actualmente lo establece la ley.

Luego de citar varias reformas e iniciativas de la comisión, defendió el sólido trabajo en la comisión de justicia se han estado teniendo coincidencias para el apoyo social.

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