461 páginas comprenden el Proyecto de Nación 2018 – 2024 de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está contenida toda la fundamentación de las propuestas de AMLO para transformar a México. En una reciente entrevista que realizó la periodista Adela Micha a Alfonso Romo, coordinador del proyecto de nación de AMLO, el empresario insistió en que todos deberíamos leer el exhaustivo documento, para darnos cuenta de su solidez. Así que me di a la tarea de comenzar a leerlo, ya que considero que es mi responsabilidad como ciudadano el hacerlo, para poder emitir un voto basado en la reflexión y en el conocimiento de las propuestas de los distintos candidatos. Aquí presento algunos puntos que considero de interés, con relación al combate a la corrupción.
En el punto de legalidad y erradicación de la corrupción, dentro del apartado de Lineamientos Generales, se enfatiza que “México ha padecido un exceso de modificaciones constitucionales, legales y reglamentarias y la parte medular de los problemas nacionales no deriva de la falta de leyes ni de su ineficiencia, sino de la falta de voluntad para cumplirlas”. Por ello, el proyecto supone reducir al mínimo las propuestas de modificaciones legislativas, “y una de las condiciones establecidas para todas sus propuestas es que se apeguen a la observancia de las leyes, tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018”, garantizando la certidumbre jurídica de los contratos vigentes, los cuales estarían sujetos a evaluación.
Al respecto, Alfonso Romo confirmó que no buscarían generar ningún cambio violento a la legislación vigente, al menos en la primera mitad de la Administración de AMLO. Sin embargo, el Proyecto de Nación se encuentra plagado de propuestas de modificación al marco normativo, comenzando con el artículo 108 de la Carta Magna; y proponiendo adiciones de distintos tipos penales, así como la creación de algunas leyes. Por ejemplo, en materia de conflictos de interés, dentro del marco de erradicación de la corrupción, se propone la promulgación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación, o colusión, así como una reforma al Título Cuarto de nuestra Constitución, sobre las responsabilidades de los servidores públicos.
Así que, las propuestas concretas para eliminar la corrupción están fundamentadas en modificaciones legislativas. Las propuestas que detalla el proyecto de nación para terminar con la corrupción abarcan: conflicto de interés, un programa anticorrupción en los sectores fiscal y financiero, el levantamiento del velo corporativo – para evitar abusos y fraudes por la creación de empresas fantasma –, licitaciones públicas abiertas y con control social, fortalecer los mecanismos de adquisiciones, actuar penalmente contra particulares en casos de corrupción, y terminar con las pensiones de los expresidentes. Sin embargo, se insiste en que, erradicar la corrupción, depende de la voluntad y capacidad de decisión del titular del Ejecutivo. Si el presidente es honesto, los demás funcionarios seguirán su ejemplo.
Me preocupa que el proyecto de nación es contradictorio. Por un lado, señala que el documento se basa en reducir al mínimo los cambios al marco normativo, a hacer valer las leyes tal y como están escritas, y a garantizar la certidumbre jurídica de los actuales contratos. Sin embargo, para que se lleven a cabo muchas de las propuestas – como en el caso de la corrupción que abordo en este espacio – es imperante realizar modificaciones y adiciones a la legislación. Me preocupa aún más que el discurso que escuchamos de AMLO en campaña, no está del todo alineado con lo que plantea el documento, ni con lo que declaran algunos de sus colaboradores y, mucho menos, con la calidad moral de algunos de sus candidatos. Por ello, sugiero revisar a conciencia este proyecto de nación, leerlo con objetividad y un espíritu crítico; y cuestionar al candidato y a su equipo sobre su contenido.
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