Cansados de las supuestas irregularidades por parte de abogados, jueces y ministerios públicos en una lucha legal de más de siete años por su casa ubicada en San Luis Potosí, Rocío Hernández se “encadeno” a la puerta del Juzgado Cuarto de Partido Civil, en León para exigir justicia y esclarecimiento del caso.
Señalaron omisiones en el proceso, influyentísimo y encubrimientos no solo en juzgados y fiscalías de San Luis Potosí sino también ahora en León, que es donde actualmente se está llevando el proceso.
Afuera del juzgado pegaron una pancarta que citaba “Exigimos investigación exhaustiva al fraude procesal, en el juzgado cuarto de juicio imparcial pegado a derecho de la causa penal. ¡No más violaciones al derecho humano del debido proceso!”.
Rocío, junto a su madre y hermana encararon al Juez Cuarto de Partido Civil, Gabriel Morales Díaz al que acusaron de negarles el derecho a defenderse dentro del juicio y de supuestamente aceptar el juicio de embargo de Carlos Valle Piña, Jorge López Enríquez y Manuel Nava Muñíz.
Pues aparentemente Gabriel, conocía de las medidas de aseguramiento que se encuentran vigentes, y que aun así se negó a cancelar la orden de desalojo, Rocío Hernández dijo, que al menos tiene conocimiento de 6 personas que viven situaciones similares en Matehuala, San Luis Potosí.
La propiedad de la madre de Rocío no mide más de 150 metros cuadrados.
En un posicionamiento, Rocío explicó la situación, “En 1997 mis padres adquirieron un crédito con BANCRECER, tras la crisis la recuperación y saneamiento bancario el gobierno liberó la cartera vencida, abriendo la puerta a especuladores que han despojado de sus propiedades en juicios irregulares al igual que el mío a muchísimas personas”.
Además indicó que estas irregularidades llevaron al despido de dos funcionarios del Registro Público de la Propiedad de San Luis Potosí.
