Critican pago de $700 por buscar desaparecidos

La Red Feminista de León cuestionó el programa “León con las Personas Buscadoras”, al considerar que los 7 mil pesos que ofrece el Ayuntamiento a 30 familiares para participar en jornadas de búsqueda representan una forma de trasladar a las familias una responsabilidad que corresponde al Estado.
Consideró que entregar hasta 7 mil pesos a familiares de personas desaparecidas puede convertirse en una forma de “tercerizar” las responsabilidades de las autoridades.
Para la Red Feminista, el problema no es que las familias reciban el dinero, sino que el Ayuntamiento presente este apoyo como una respuesta frente a la crisis de desapariciones.
“Acompañar no es pagarle a las familias para que hagan el trabajo del Estado”, señaló en su posicionamiento.
La Red cuestionó que se establezca un pago de 700 pesos por cada jornada, pues las personas buscadoras no están realizando un trabajo remunerado ni ofreciendo un servicio al municipio.
“No salen al campo porque hayan elegido un nuevo empleo, no buscan remuneración por hacer una actividad que implica dolor, ansiedad y tristeza. Buscan porque alguien que aman desapareció y porque las instituciones no han dado respuestas suficientes”, señaló.
También cuestionó que el programa contemple únicamente a 30 personas frente a una problemática que afecta a cientos de familias.
Otro punto preocupante, señaló, es que la convocatoria establezca que las personas seleccionadas deberán aceptar que no existe responsabilidad civil, laboral, fiscal, administrativa o de cualquier otra índole por parte del municipio.
Para la Red, esto genera una contradicción: el Ayuntamiento convoca, selecciona, establece las condiciones y entrega el recurso, pero al mismo tiempo busca deslindarse de responsabilidades.
Exigió al Ayuntamiento explicar qué diagnóstico sustenta la convocatoria, cuántas familias pretende atender y por qué se determinó beneficiar a 30 personas.
También pidió informar qué acciones realiza para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, garantizar la seguridad física y psicológica de las personas buscadoras y mejorar la coordinación con las instituciones estatales responsables.