Los casos de acoso sexual y violación son difíciles de acreditarse en Guanajuato, debido a que las autoridades estudiantiles creen más en los docentes que en los alumnos, señaló la activista, Verónica Cruz.
Refirió que los sindicatos son otro problema, ya que presionan a las autoridades educativas y los docentes sólo son removidos, y está comprobado que los acosadores seguirán teniendo esta conducta.
Indicó por ejemplo en el caso de una escuela en el municipio de San Miguel de Allende donde niñas, madres de familia, incluso profesoras denunciaron ante las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación en el Estado que eran víctimas de acoso, no se les creyó durante un año.
“Las madres de familia nos contactaron (Asociación Las Libres), y fue que defendimos el caso, sólo con la denuncia penal, cuando vieron que había elementos fue que las autoridades creyeron y destituyeron al director”, lamentó.
Sobre la información que este medio publicó donde en un año y medio la Procuraduría de los Derechos Humanos ha aperturado 160 expedientes de violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como casos de acoso sexual, la activista consideró que es una cifra alta, pero que puede ser mayor por la cifra negra que lamentablemente existe.
MAYOR APERTURA
Resaltó que en esta administración ha habido mayor apertura para visualizar la problemática y actuar en consecuencia.
“Con la Secretaría de Educación incluso hemos hecho acompañamientos, creo que hay más apertura”, manifestó.
Comentó que en el pasado las víctimas de acoso sexual tenían que recurrir a la denuncia penal, a fin de que las autoridades estudiantiles actuaran, de lo contrario se quedaba sin sanción, y el docente señalado seguía dando clases.
“Es lamentable porque imagínate si no se les cree a las maestras, a los padres de familia, las niñas tienen menos posibilidades”, apuntó.
Dijo que en el caso de San Miguel de Allende, el proceso continúa en la vía penal, ya que una madre de familia y una profesora quisieron seguir su caso, para que el director tuviera más castigo, que la destitución.
“Ya no podrá dar clases, su expediente tienen las causas, sin embargo la maestra y la madre de familia consideraron que debe tener más castigo, y decidieron ir por la vía penal”, comentó.
El delito por acoso sexual se castiga con una pena máxima de 3 años, sin embargo en la mayoría de los casos las víctimas quedan conformes con la destitución al cargo, para que no vuelva a dar clases.
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