El pleno del Congreso del Estado aprobó adicionar el Código Penal del Estado de Guanajuato, que permite la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales y faculta a la Fiscalía General del Estado para operar y administrar dicho registro.
La determinación que sea la Fiscalía la que opere y administre este fondo quedó establecido en las modificaciones a la Ley Orgánica de la institución, que contará con un plazo de 80 días para crear, organizar, implementar, gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento de dicho registro.
La modificación al Código Penal Estatal, en su artículo 99 establece que el citado organismo registre a la persona sentenciada, previa orden judicial e implemente un sistema de control que establezca indicadores para la evaluación de funcionamiento del registro.
Otra de las atribuciones conferidas se refiere a instrumentar mecanismos de colaboración y cooperación con instituciones de los diversos órdenes de gobierno para diseñar y operar estrategias que robustezcan sus capacidades y faciliten el cumplimiento de objetivos.
La inscripción se realizará una vez que la sentencia haya quedado firme y el registro permanecerá vigente durante todo el tiempo que dure la pena de prisión y aplicará en los casos en que la pena sea sustituida o suspendida conforme a la ley.
Además, se mantendrá vigente por un periodo adicional de diez años a partir de que la persona sentenciada obtenga su libertad.
Para hablar a favor del dictamen, la diputada, Susana Bermúdez Cano, integrante de la Comisión de Justicia subió a tribuna y explicó que no todos los legisladores coincidieron en que un registro de agresores sexuales sea positivo.
Consideró que la medida que se propone resulta idónea y necesaria, desde el punto de vista legislativo porque no existen medios para prevenir los delitos de tipo sexual o intervenciones especializadas para personas sentenciadas por este tipo de delitos.
Señaló que el dictamen trascenderá de manera directa en la vida de las víctimas de delitos sexuales, porque la violencia de este tipo contra niñas, niños y adolescentes es la que más lesiona y atenta de manera grave contra la integridad de las personas.
Por su parte, la diputada, Ruth Noemí Tiscareño Agoittia, secretaria de la Comisión de Justicia habló en contra del acuerdo, al considerar que se aprobó una norma con deficiencias técnicas.
“Una mala ley no protege: genera falsas expectativas y termina siendo anulada, dejando un vacío institucional mayor. Votar en contra de este dictamen no significa respaldar a agresores sexuales, significa rechazar un falso dilema: no es cierto que la única opción sea aprobar este dictamen o desproteger a la niñez”, dijo.
