A cuatro años de aquel trágico 27 de abril, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo en el que viajaban estudiantes de la Universidad de Guanajuato, se dictó sentencia contra los agentes involucrados en los hechos.
En el ataque, Ángel Yael Ignacio Rangel perdió la vida, mientras que Edith Alejandra Carrillo resultó gravemente herida.
Al elemento de la Guardia Nacional Jesús Ángel Ávila Gómez, por la muerte de Yael, se le encontró culpable de los delitos de homicidio calificado consumado y tentativa de homicidio calificado, por lo que se le dictó una sentencia de 54 años, 3 meses y 2 días de prisión.
De acuerdo con la resolución judicial emitida durante la audiencia de individualización de sanciones, se determinó que el elemento disparó sin que existiera un riesgo actual, real o inminente en contra de civiles desarmados.
En el caso del otro elemento de la Guardia Nacional implicado en la agresión, identificado como Iván Ibarra Blanco, se le impuso una sentencia de 33 años de prisión.
Aunque esta condena es menor a la del primer agente, entre las razones consideradas por la jueza se estableció que su conducta únicamente puso en peligro el bien jurídico tutelado, ya que la bala disparada se alojó en la bocina del vehículo y no privó de la vida a ninguna persona.
Por ello, y con base en el principio de proporcionalidad, se determinó que sería desproporcionado imponer la misma pena a quien solo puso en peligro la vida de las víctimas y no a quien efectivamente privó de la vida a una persona.
Aunque la jueza ordenó diversas medidas de reparación para las víctimas, no se fijaron montos económicos concretos, ya que dicha determinación corresponde al Juez de Ejecución Penal.
Algunas de las medidas de reparación para las víctimas, en el caso de los padres del estudiante que perdió la vida, fueron atención psicológica y psiquiátrica, gastos funerarios, terapias y el pago de honorarios de abogados.
Además, se ordenó una disculpa pública por parte de los culpables y que, a través de un comunicado oficial, la Guardia Nacional reconozca el sentido de la sentencia y restablezca la dignidad de las víctimas.
En la camioneta en la que viajaban los estudiantes aquel 27 de abril de 2022, tras salir de una reunión, cuando fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional, dentro del vehículo viajaban Ángel Yael, Edith Alejandra y Aarón Eduardo, este último salió ileso del ataque.
En cuanto a Aarón Eduardo Ramírez Jorge, se ordenó como medida de rehabilitación atención psicológica y servicios educativos para su maestría.
Como parte de la compensación, se determinó la reparación del daño moral, el pago de terapias médicas, psicológicas y psiquiátricas, además del pago de honorarios legales por 250 mil pesos acreditados mediante contrato.
En el caso de Genoveva Jorge Sánchez, madre de Aarón y propietaria del vehículo, se ordenó la reparación de los daños materiales de la camioneta.
