En 2017 se detectaron 450 tomas clandestinas de en las redes de agua potable del SAPAS, la mayoría ya habían sido clausuradas; los infractores fueron acreedores a sanciones.
El director del Organismo Operador, Edgar Marín Gutiérrez, expuso que los empleados encargados de tomar las lecturas de los medidores trabajaron en la revisión de las tomas.
“En algún momento se clausuraron y se revisa que no se hayan recolectado”.
Señaló que son los mismos vecinos quienes en gran parte de los casos reportan estas situaciones ante el Sistema “porque nunca les llegan pipas o se ve que consumen agua y no pagan recibo porque la tienen cortada”.
Tras detectar las irregularidades, los actores son notificados.
PÉRDIDAS
Tales acciones afectan a la eficiencia del cobro, compartió Marín Gutiérrez, quien detalló que disminuyen los recursos tanto para solventar los gastos operativos como para realizar obras de infraestructura.
Se trata de un proceso constante de revisión, ya que la gente insiste en reconectarse. Además de los gastos de operación, se generan los de extracción y mantenimiento de la infraestructura. “No los podemos quitar, son permanentes”.
El 25 por ciento del agua se pierde en fugas y otro 25 por ciento por clandestinaje.
El funcionario compartió que como estrategia de prevención se emplean cuadrillas de supervisión.
Tras sancionar económicamente a los ciudadanos éstos colaboran en la recolección o contratación del servicio, es decir, se regularizan; se res realiza un plan de pago. La multa se calcula en base a un gasto de agua estimado durante 5 años.
“A los dos nos conviene (ponerse a mano), tanto al usuario que ya va estar regular y a nosotros porque nos va a estar pagando”.
La situación se presenta en colonias, fraccionamientos y zona centro por igual, concluyó.
