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Choques con sectores menguaron confianza

Bárbara Botello Santibáñez fue la primera mujer en convertirse en alcaldesa de León, con gran esperanza de los leoneses, pero también es la primera mujer en ser acusada y detenida por presunto peculado.

Los leoneses le demostraron que le tenían confianza con los 303 mil 048 votos que le depositaron en las urnas el 2 de julio de 2012, que le dieron el triunfo electoral sobre el panista Miguel Ángel Salim Alle, a quien rebasó con 40 mil votos.

El programa de obra despertó aún más confianza ciudadana, entre ellas la construcción de escuelas de vanguardia, las plazas de la ciudadanía, la continuidad de la ruta del peatón en céntricas calles, la calzada, la vivienda vertical en la calle Río Bravo y San Miguel.

Así como la construcción del Parque Industrial Colinas de León, el distribuidor vial Benito Juárez, la remodelación de la deportiva del estado y el inicio del Parque Industrial Pilba, para promover el desarrollo de León con apego a la ley y transparencia en el ejercicio de recursos públicos.

Todo parecía navegar “viento en popa” en la administración municipal, pero la esperanza de sectores sociales poco a poco se fue desvaneciendo, con la serie de confrontaciones con los curtidores y con comerciantes del Centro Histórico.

Bárbara Botello Santibáñez repetía que “voy a impulsar un gran proyecto social y daré prioridad a recuperar empleos, a reactivar la economía y atracción de turismo”, pero también se quejaba de falta de apoyo del Gobierno Estatal.

Con el arranque de las obras de la Ruta del Peatón en el Centro Histórico en las calles Motolínea, La Paz, Pedro Moreno, Hermanos Aldama, Emiliano Zapata, 5 de Febrero, a principios de noviembre del 2013, en plena temporada alta, detonó la inconformidad y protestas de los comerciantes.

Y más cuando se atrasaron las obras y resultaron con fallas, principalmente en la Hermanos Aldama, Emiliano Zapata y 5 de Febrero, que perjudicaron en desplome de ventas, pérdidas económicas y empleos y que entregaron hasta el 4 de noviembre del 2014.

HALLAN DESASTRE

Otro de los problemas que afrontó la administración de Bárbara Botello, fue con los curtidores del Barrio Arriba en donde el programa de clausura de 80 empresas por no cumplir con la norma ecológica y reglamento de SAPAL de no curtir en húmedo, ocasionó movimiento de manifestaciones y enfrentamiento de policías y curtidores, empresarios y trabajadores.

En contraste el programa de construcción de obras emblemáticas, las Plazas de la Ciudadanía en el polígono de León 1, en Las Joyas, en Jacinto López, la Escuela de Vanguardia en Las Joyas inaugurada el febrero de 2015, en Cumbres La Gloria el 24 de agosto de 2015, los colonos contentos con Bárbara Botello Santibáñez.

El primer parque industrial Colinas de León en septiembre de 2014 daría realce al municipio en la comunidad empresarial, laboral, en el polígono de las Joyas, para la atracción de importantes inversiones, entre ellas la primera de la empresa Oshkosh.

En ese tiempo la entonces Alcaldesa aspiraba a convertirse en candidata a la gubernatura de Guanajuato, sin embargo, hacia el interior del PRI el “avispero” estaba a lo máximo, sin embargo, logró apoyo para llegar a ser la candidata a diputada federal pluriminal.

De acuerdo con la ley electoral tenía que pedir licencia para retirarse del cargo de alcaldesa el 7 de marzo del 2015 que le aprobó el Ayuntamiento y se quedó en su lugar Octavio Villasana Delfín.

Con el triunfo electoral de Héctor López Santillana el 7 de junio 2015 y al asumir la presidencia municipal y encontrar lo que dijo un desastre en la administración, comenzó la investigación sobre irregularidades de la administración pasada.

Entre las irregularidades que informó el edil que se detectaron fue la compra en abril de 2014 de un terreno de 26 mil 834 metros cuadrados, en lugar del autorizado por el Ayuntamiento y comité de adquisiciones de 15 mil 934 metros cuadrados, para la construcción de la estación de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) en el bulevar Timoteo Lozano.

OTRAS IRREGULARIDADES

Otras irregularidades que detectó la Contraloría son la indemnización de 304 mil 098 pesos, que incluye prima de antigüedad de 100 mil 296 pesos y liquidación de 203 mil 802 pesos, que de acuerdo con la ley no le correspondían, por solicitar retiro de su cargo.

Como sanción administrativa, le aplicó la Contraloría y Ayuntamiento una inhabilitación por 5 años para no ocupar cargo público y una multa de 836 mil pesos.

También una falta administrativa de pago de servicios personales con dinero público, en hospedaje y spa y masaje en un hotel donde se realizó el taller de reflexión del gabinete y actualización de la entrega global de la gestión gubernamental 2012-2015, el 13 y 14 de junio 2014, con un daño de 9 mil 503 pesos a las arcas municipales. La sanción procedente fue de 13 mil pesos e inhabilitación de 5 años para no ocupar puesto público.

Además de irregularidad en influir en la licitación de contrato de recolección de basura para que no se tomara en cuenta a los recolectores y empresarios locales al proponer un fondo inicial de 18 millones de pesos, lo cual ocasionó movilizaciones el 9 de abril de 2014.

Ante ello la exalcaldesa y diputada federal compareció ante la contraloría el 7 de abril en donde rechazó los cargos que le imputaban y aseguró que el procedimiento estaba apegado a derecho, en el caso de contratos de recolección de basura indicó que no intervino.

Retornó a comparecer el 9 de abril para dar contestación a la compra de terreno para la estación del SIT en Timoteo Lozano, refirió que no participó al no formar parte del comité de adquisiciones y era facultad de la dirección de bienes inmuebles de la dirección de servicios generales.

Además de que señaló que las acusaciones de irregularidades “son de fondo político y persecución partidista”.

Posteriormente el Gobierno del Estado y los diputados panistas promovieron juicio de desafuero a Bárbara Botello Santibáñez en la cámara de diputados federal, donde no procedió.

Sin embargo, las investigaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), derivaron en la presentación de una demanda penal por peculado de 1 millón 577 mil pesos por contratos otorgados a empresas que no cumplieron con prestar los servicios, y ahora es el proceso que afronta con su detención el jueves a temprana hora.

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