La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, recibió en su programa semanal virtual “Conectando con la Gente” a Adriana Tinoco, la Comisionada Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, CECAMED, institución que cumple 27 años en funciones.
“CECAMED es el puente entre el derecho y la salud. Es un puente entre el derecho y la salud, entre los usuarios y el personal médico ya que ayuda a resolver conflictos antes de que escalen a una queja formal”, destacó Libia García.
Subrayó de la CECAMED como una instancia fundamental para defender los derechos de los pacientes y fortalecer la relación médico-paciente en Guanajuato.
Adriana Tinoco detalló que la comisión que encabeza ofrece orientación a pacientes que no se sienten adecuadamente atendidos en los servicios de salud, sin necesidad de iniciar procesos jurídicos complejos.
“Muchas veces vamos al médico con muchas expectativas, y si el servicio está saturado o no recibimos toda la información, ahí entra CECAMED para asegurar que se respete la dignidad del paciente”, acotó.
Destacó que en esta administración se han fortalecido los mecanismos de intervención temprana en hospitales y centros de salud para resolver inconformidades de manera inmediata.
“No es necesario que el paciente interponga una queja formal; si hay un problema, nos llaman y hablamos directamente con el personal médico o administrativo. Lo importante es prevenir antes de que la queja llegue a escalar”, explicó.
Por su parte, la gobernadora reconoció la trayectoria de Adriana Tinoco, quien proviene del área jurídica de la propia comisión y cuya experiencia le valió para ahora ser quien encabece los esfuerzos de este organismo lo que, afirmó, realiza bajo una nueva visión centrada en los derechos humanos.
“Que Adriana ocupe esta posición, ha sido uno de los aciertos más importantes. Ella tiene compromiso, conocimiento y pasión por ayudar a las personas”, enfatizó.
Compartieron con la audiencia de las redes sociales, que recientemente se actualizó el decálogo de derechos y obligaciones de pacientes y personal médico, lo que no se había hecho desde 2001 y con el objetivo de alinearlo con los avances constitucionales en materia de salud y derechos humanos.
