La declaración que hizo el síndico del PAN, Carlos Medina Plascencia, sobre lo que considera una incompetencia del Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, respecto al proceso de adquisición de chalecos antibalas para los policías, causó revuelo ayer durante la sesión del Ayuntamiento.
Las expresiones vertidas ante el pleno del Ayuntamiento, sobre que el funcionario municipal era un incompetente o que ya estuvo suave de atribuir a otros la responsabilidad que tiene en la buena conducción de la Secretaría a su cargo, colocan la permanencia de Ramírez Saldaña con alfileres en su cargo dentro de la administración municipal.
El primer alcalde panista de León y quién se ha asumido como una especie de conciencia moral del PAN dentro de la actual administración, no sólo cuestionó la capacidad que tiene el Secretario de Seguridad Pública para atender su responsabilidad administrativa ante el Comité de Adquisiciones que preside el panista sino que hasta dejó entrever que se debe investigar la adquisición de chalecos el año pasado, una vez que ahora se pretendía contratar a la misma empresa.
Y fue más allá, al afirmar que francamente no veía resultados en otros rubros que son responsabilidad del Secretario Ramírez Saldaña, probablemente en alusión al desempeño que ha tenido frente a la alza en la incidencia delictiva en algunos rubros.
Medina Plascencia relató en asuntos generales, el proceso técnico y el sentido de responsabilidad que tienen los integrantes del Comité de Adquisiciones para garantizar un ejercicio transparente de los recursos públicos y aludió que en el caso de la licitación para la compra de los chalecos para los policías, se encontraron inconsistencias.
Es decir, afirmó que los integrantes del Ayuntamiento no son responsables del retraso y dificultades que ha tenido el proceso de contratación de la empresa proveedora del equipo para los policías, en donde volvió a insistir, que para él había incompetencia. Esta situación errática se ha repetido en otros procesos de licitación, admitió el panista.
Y para rematar su postura personal respecto al desempeño que ha tenido Ramírez Saldaña ante el Comité de Adquisiciones, sentenció que no habría mejores resultados mientras sus compañeros panistas y de otros partidos de oposición no daban crédito a lo que escuchaban frente al alcalde, Héctor López Santillana.
Otro que también cuestionó ayer la capacidad del Secretario de Seguridad Pública, fue el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, quien de plano responsabilizó a Ramírez Saldaña de no hacer bien su trabajo para equipar adecuadamente a los policías.
Hacer la propuesta a tiempo y no a unos días de perder los recursos federales destinados a la compra de equipo para los policías es responsabilidad de la Secretaría, no de los integrantes del Comité de Adquisiciones.
Ya existe el antecedente de los retrasos en que incurrió el jurídico y administrativo de la Secretaría aludida en el caso del fideicomiso para el fortalecimiento de la seguridad pública en León. Incluso, la contratación de los proyectos está detenida porque se quiere imponer otras empresas para que los lleven a cabo aun cuando son propuestas que nacieron de la sociedad civil, en este caso, de la Mesa de Seguridad y Justicia.
Por otra parte, este lunes, el Senador Fernando Torres Graciano y el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla, ambos panistas, van a preparar un foro sobre seguridad pública y podrían echar más leña al fuego en el caso del desempeño de la Secretaría que cuestionó ayer Medina Plascencia.
Por donde se le vea, al Secretario Ramírez Saldaña no le queda mucho tiempo para ofrecer resultados de su gestión y menos ahora que vienen las campañas políticas y donde la inseguridad será la bandera de quienes aspiren a un cargo de elección popular, incluso dentro del propio PAN.
PERMANENCIA
Al concluir la sesión formal del Ayuntamiento, los medios de comunicación se acercaron con el alcalde para pedir su punto de vista respecto a las escandalosas declaraciones de su compañero de partido y respondió que no se puede atribuir toda la responsabilidad a una persona, en este caso sobre el Secretario de Seguridad Pública.
Afirmó que Ramírez Saldaña se mantendrá en el cargo en tanto los resultados lo validen, que el proceso de evaluación de los funcionarios de su administración es permanente y que la opinión que más cuenta para revisar si hay un buen desempeño, es aquella que proviene de los ciudadanos.
No es la primera vez que el alcalde sale a defender a su Secretario de Seguridad Pública, ya lo hizo hace unos meses cuando surgió otra controversia similar con el síndico Medina Plasencia respecto al sistema de información y vigilancia de León. Recientemente, el gobierno del estado de Aguascalientes anunció la adquisición de la tecnología en seguridad que recomendó Carlos Medina Plascencia, la cual, por cierto, no opera en el municipio.
El alcalde también pidió esperar a que se revisen los procedimientos de compras y obra pública que revisa el CIDE en estos momentos, porque a partir de esta evaluación se tendrán mayores elementos para realizar los ajustes y adecuaciones que permitan contrataciones más transparentes y eficaces.
Incluso mencionó que la transparencia, el uso racional de los recursos y la seguridad de los elementos de policía es un asunto que le interesa mucho por lo que ofreció revisar las inquietudes expresadas por el síndico panista.
Este viernes temprano, el Secretario de Seguridad Pública ofrecerá una conferencia de prensa y ahí seguramente saldrá a fijar la postura respecto a la opinión que tiene el síndico Medina Plascencia respecto a su desempeño administrativo y hasta operativo, en la corporación que tiene a su cargo.
El pronunciamiento del síndico llegó en mal momento a una administración que ha hecho esfuerzos por corregir el rumbo en materia de seguridad. Hace unos días, el lunes, durante la ceremonia de graduación de elementos policíacos en la Velaria de la Feria, el alcalde López Santillana reiteraba a los elementos, frente al Secretario Ramírez Saldaña, que no permitiría la corrupción e impunidad de los policías, incluyendo a los jefes.
Ese mismo lunes, antes del evento con los policías, el alcalde tuvo que corregir la plana a las comisiones unidas de gobierno y hacienda, respecto a revisar su propuesta para subir parcialmente las tarifas del DAP al 5 por ciento de los mayores consumidores de energía eléctrica y ajustar a la alza, por arriba del 5 por ciento que marca el Congreso local, al predial en 62 colonias en León.
La “fallita” de subir impuestos no fue contenida por ninguno de los síndicos panistas que las presiden, entre ellos Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plascencia, y generó un rechazo tajante del PAN estatal junto con los partidos de oposición, cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil.
El alcalde va a tener mucho trabajo con el cabildo azul para estrechar los canales de comunicación porque no pueden estar confrontados públicamente por el desgaste que significa para el ejercicio de gobierno y la mala señal que se manda a los ciudadanos.
Y es que hay muchos otros temas que van a brincar en adelante, a medida que se acerquen las definiciones para las candidaturas en el 2018 y las posturas podrían radicalizarse.
FIRMAS
Hay un movimiento de 109 regidores del PRI en los 46 municipios de Guanajuato que van a solicitar al Congreso del Estado que se cancele el programa Escudo y que se revise la actuación y resultados de los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La idea del grupo de priistas es que se cancele de manera anticipada los contratos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con los proveedores de la tecnología de Escudo y que esos recursos se destinen a otros proyectos sociales que contribuyan a reducir la violencia y delincuencia que se registra en Guanajuato.
Otra de las líneas que plantea el PRI, a través de sus regidores, es que los 46 Ayuntamientos destinen más recursos al rubro de seguridad a fin fortalecer su desempeño, que es una de las principales demandas de la sociedad.
Esta petición se enmarca en un contexto donde la organización Impunidad Cero emitió su índice de desempeño de las procuraduría y fiscalías estatales, y en donde Guanajuato se encuentra entre los primeros cuatro estados con mejor actuación.
Ayer, en el Congreso del Estado, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, ya respondió cuál es el proceso que deben seguir los priistas que están interesados en mejorar la seguridad en Guanajuato.
Hay que ponerse a trabajar todos en este asunto, incluyendo a los priistas, y que la petición respecto a remover funcionarios en el Poder Ejecutivo no es una atribución del Congreso del Estado; falta ver que dicen en el PRI.
