El experto en criminología y seguridad pública, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, estuvo ayer en el Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que organizó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y volvió a dar una cátedra de cómo se construye una agenda para la seguridad ciudadana.
La relevancia de su ponencia radica en que volvió a plantear a las autoridades y organismos de la sociedad civil en Guanajuato una propuesta que ya había hecho al municipio de León, a través de la Mesa de Seguridad y Justicia, para atacar de raíz los principales índices delictivos que repuntaron en esta ciudad en los últimos años y que lamentablemente no se ha aprobado dentro del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
En primer lugar, recomendó a los asistentes que ante el cambio de gobierno en 2018, se necesita trazar un plan de trabajo con una amplia participación social y la voluntad de las autoridades responsables de garantizar la seguridad y paz a los ciudadanos para conservar aquello que ha funcionado e iniciar nuevas medidas que son necesarias y que no se han podido realizar para reducir los delitos.
Advirtió primero que hay un contexto nacional del cual no se pueden abstraer las autoridades locales, este año será uno de los más violentos en la historia moderna de México y octubre es el vivo ejemplo de ello, una vez que se ha alcanzado la cifra de 20 mil 878 homicidios dolosos. Guanajuato no puede escapar a esta realidad y necesita construir una nueva agenda porque seguramente este año también será uno de los más violentos aquí.
Explicó que si bien Guanajuato es una entidad que en materia de homicidios dolosos está por debajo de la media nacional, hay otros estados más violentos, eso no puede ser una justificación porque lo ideal sería comparar cómo estamos hoy respecto a hace unos años o bien compararse no con los que están peor sino con aquellos lugares donde la tasa por cada 100 mil habitantes es la más baja.
Desde su punto de vista, es necesario cambiar el discurso político de la violencia en Guanajuato porque ya hay otras entidades del país en donde las autoridades pasaron de justificaciones como que los homicidios son casos aislados, que los delincuentes se matan entre ellos, que hay coordinación para enfrentar el crimen, que los homicidios son una responsabilidad federal, que el gobierno federal debe mandar tropas a combatir al crimen y finalmente que podríamos estar peor pero solamente a media tabla del ranking nacional.
Alertó que en Nuevo León, donde participó en la reconstrucción de la seguridad ciudadana, se vivió esta historia que se repite en Guanajuato y la respuesta fue incrementar el presupuesto para contratar personal, aumentar infraestructura, crear academias de policía, cuarteles, comprar patrullas y armamento de primer mundo y hasta uniformes. Lo anterior, porque la inseguridad les llegó hasta el cuello.
En su exposición también se refirió a la necesidad de hacer visibles otros serios problemas de inseguridad que no tienen tanto impacto como los homicidios dolosos pero en donde Guanajuato y León ocupan los primeros lugares a nivel nacional. Se refirió a las muertes por accidentes de tránsito; a la violencia contra la mujer; la falta de oportunidades para los jóvenes que acaban en situaciones de riesgo por no estudiar ni trabajar; el vandalismo; el consumo de drogas ilegales; el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco hasta la participación en conflictos vecinales.
Es decir, que no solo se requiere evaluar la incidencia delictiva del estado sino que además hay que valorar otros aspectos de índole social donde existen factores de riesgo para que los jóvenes detonen la violencia y la delincuencia. Aquí, Palacios Pámanes se refirió a temas relacionados con el combate a la pobreza y la brecha de desigualdad que prevalece.
Aun cuando los indicadores del CONEVAL reflejan que se ha reducido la pobreza en la entidad, hay desigualdad en la distribución de oportunidades de estudiar, de acceso a la salud, a una vivienda digna, de mejor infraestructura social entre otros factores que ofrecen un contexto propicio para el desarrollo integral de los ciudadanos.
Mostró mapas de ciudades como León, Culiacán, Saltillo, Lagos de Moreno, Ciudad Victoria y General Escobedo para ilustrar cómo las zonas de atención prioritaria están en las periferias de los centros urbanos es también donde hay mayor incidencia delictiva. Otro elemento que aportó es que las personas que están privadas de la libertad vivieron en entornos complicados, como los arriba señalados, donde fueron víctimas de violencia y estuvieron expuestos a riesgos que no fueron atendidos con oportunidad.
Falta elaborar planes de prevención del delito y estudios para focalizar en donde están los problemas para priorizar los factores de riesgo y atenderlos, solamente de esta manera se podría focalizar el esfuerzo en áreas de alta densidad criminal y reducir la estadística delictiva.
El experto dijo que también persiste una fuerte resistencia a cambiar el modelo reactivo de seguridad, en donde se han invertido millones de pesos y los resultados han sido francamente limitados. No se ha profesionalizado la policía; se gradúan cadetes en seis meses; se forman policías genéricos y no cuerpos especializados; se prefiere mantener al Ejército en las calles en vez de invertir en un desarrollo profesional de la seguridad pública.
Solo falta que las propuestas que hicieron los expertos en el foro que organizó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se aterricen en medidas concretas porque la situación va a empeorar y no se visualiza un plan concreto a un año de que concluya la actual administración.
DILEMA
El Grupo Parlamentario del PAN defendió a capa y espada la postura de que los ciudadanos que participen dentro de las tareas del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, a punto de definirse en los próximos días, reciban una retribución económica del Estado por su función que van a realizar según lo establece la propia ley que da sustento al esquema.
Pero esta situación no es bien vista por los organismos del sector empresarial y colegios de profesionistas de León, quienes junto con otras organizaciones civiles se oponen a que los ciudadanos se conviertan en una especie de burócratas al ingresar a la nómina oficial.
La Coparmex Zona Metropolitana de León reiteró ayer su postura ante los legisladores que revisan la selección del nuevo comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción para que no se pague un sueldo mensual a sus cinco integrantes, independientemente de que así lo hayan determinado los legisladores en su ley.
La preocupación del sector patronal es que estos ciudadanos pierdan autonomía ante los grupos de poder en el gobierno y que la independencia con que deberían actuar quede coartada a la nómina, en especial, porque van a ser los responsables de vigilar que quienes les paguen, no cometan actos de corrupción.
La corrupción e impunidad es uno de los principales problemas del país y los ciudadanos encargados de cuidar que los recursos públicos se apliquen con honestidad y transparencia no deben formar parte de ese círculo de componendas que se da entre otros gobiernos y poderes.
La manipulación de los grupos de poder sería evidente en el momento que reciban un pago por sus servicios como ciudadanos y se perdería el espíritu de la participación social que se busca en el sistema anticorrupción.
Esta misma postura la han expresado otros personajes como Edgardo Buscaglia, quien el martes dijo a ciudadanos y autoridades, en un foro organizado en la capital del estado, que se debe abrir el gobierno a la participación de la sociedad civil en las tareas para fiscalizar el gasto en seguridad pública sin recibir una contraprestación a cambio.
Incluso su planteamiento fue más allá de una simple separación de intereses entre la sociedad y el gobierno, pues mencionó que los propios ciudadanos deben rendir cuentas cuando asumen una tarea de fiscalización del gobierno para poder legitimar su propia función social.
En la relación entre el Estado y la sociedad civil no debe haber pago de por medio porque no va a funcionar; se necesita que exista una vocación para donar el tiempo, si el ciudadano no aporta esto la democracia mexicana nunca va a surgir. Pero esto difícilmente lo van a entender los legisladores que siguen apostando a cooptar a los ciudadanos que se incluyan en su comité anticorrupción.
INNOVACIÓN
El alcalde Héctor López Santillana, integrantes de su gabinete y del Ayuntamiento tuvieron ayer una reunión privada con el Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Poiré Romero, ex Secretario de Gobernación en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El académico y experto en temas de democracia, partidos políticos y opinión pública ocupó diversos cargos con el ex Presidente Calderón Hinojosa hasta convertirse en director del CISEN y fue responsable de atender parte de la estrategia anticrimen del panista pues incluso atendió las tareas del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad federal hasta funciones de vocero en el tema.
Previo a este encuentro en el Poliforum León, Poiré Romero se reunió con los integrantes del Ecosistema de Innovación municipal que encabeza el Director General de Innovación, Enrique Marumoto Torres, a través de una plática sobre el rol activo de la esfera pública en la transformación de la ciudad. La idea es romper el paradigma del desarrollo polarizado y alinear una sola visión de ciudad.
Participaron los representantes de la ENES León, CIO, CANACINTRA, CANIETI, Incubajío, Startup México, Fundación ProEmpleo, Novaera, Parque Ibero Innovación, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado así como la Dirección General de Innovación.
Respecto al encuentro con funcionarios municipales, forman parte de un diplomado en innovación en el que participan y que va a concluir con la conformación de un proyecto de ciudad del futuro, según la versión que ofrecieron los funcionarios municipales que asistieron al encuentro.
Estas acciones de la Dirección General de Innovación también es la fase previa para el lanzamiento del nuevo Comité Ciudadano de Innovación, que ya tiene su reglamento pero falta concluir su integración antes del lanzamiento oficial en diciembre.
