Las 30 personas detenidas el pasado sábado 20 de octubre, relacionados con los disturbios que causaron en la Zona Centro del municipio de Jerécuaro ese mismo día, incluyendo la quema de patrullas y una motocicleta, ya fueron vinculados a proceso por un Juez, acusados por el delito de Terrorismo.
Como se recordará y tal como este medio lo dio a conocer oportunamente, el pasado sábado 20 de octubre por la tarde, ingresó a Jerécuaro un numeroso grupo de hombres, algunos embozados, y que gritando consignas contra «el mal gobierno» , y exigieron la salida del Ejército, La Marina y del Mando Único Estatal de aquel municipio, alterando el orden, causando terror entre la población que no los secundó ni los apoyó, y luego le prendieron fuego a una patrulla de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a una motocicleta, para después huir a bordo de un camión de pasajeros que previamente habían rentado.
La fuerza pública se movilizó y los atrapó cuando tomaban carretera, asegurando en total a 30 hombres, donde todos, menos uno, manifestaron ser vecinos de Apaseo el Alto.
RECLUIDOS
Por ello ayer, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado informó que logró acreditarles cargos penales por el delito de terrorismo en contra de los 30 detenidos, quienes han sido vinculados a proceso y recluidos en el CERESO, para que enfrenten la causa penal.
Los datos de prueba reunidos por los agentes del Ministerio Público fueron presentados ante el Juez de Control, considerando que los inculpados provenían, en su mayoría, de otra ciudad, en este caso de Apaseo el Alto.
En aquella fecha, con sus acciones, perturbaron la paz pública, pues comerciantes de la zona cerraron sus negocios y personas que se encontraban en el lugar, se retiraron para salvaguardarse.
Por ello, tras el análisis y al término de la audiencia de control de detención, se estableció que son suficientes pruebas para vincular a proceso a los detenidos bajo cargos de terrorismo, a quienes además se les estableció una medida cautelar de prisión preventiva, para que no evadan la justicia y sean condenados, estableciendo un plazo de cierre de 4 meses.
