Aparentemente, el proyecto elegido por los ciudadanos en la consulta ciudadana realizada la semana pasada, fue el de Santa Lucía, frente a la obra que se estaba construyendo en Texcoco.
Se eligió la opción que prevé conservar la actual operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, complementando su operación con el aeropuerto de Toluca y además, la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, en Tecamac. Le confieso que no soy conocedora en aeronáutica ni en ingeniería. He visitado algunas veces el aeropuerto de la Ciudad de México y desde las primeras veces que hice escala en él, me pareció grande, enorme, caótico.
Se fue adecuando con el tiempo, se le fueron agregando salas, pero el tráfico en él, al ser un destino internacional, es evidentemente, muy socorrido. El rechazo de AMLO al nuevo proyecto del aeropuerto que planeaba construirse en Texcoco, tiene su “fundamento” en una supuesta corrupción observada por el presidente electo en su ejecución. Además de su “magnitud”. La solución de Andrés Manuel implica una menor inversión y supuestamente, un menor daño ambiental.
Desafortunadamente, la forma en que se tomó la decisión de cancelar el ya avanzado proyecto en Texcoco, tanto a los ojos de su servidora como a los de la mayoría de los mexicanos, por no decir que la totalidad, es totalmente ilegítima, inconstitucional y arbitraria. Si bien en los medios de comunicación se han vertido tanto hechos como opiniones relacionados con esta decisión, nadie se ha atrevido a decir abiertamente, que López Obrador actuó como un verdadero dictador.
Su “consulta” estuvo plagada de inconsistencias y errores, por lo que jamás sabremos cuáles fueron los verdaderos resultados que se arrojaron en la misma. Si efectivamente los votantes informados, decidieron que era mejor opción la propuesta por Andrés Manuel y su equipo, o el proyecto en el que ya se habían invertido millones de pesos y en la que intervinieron varios empresarios que habían hecho una planificación y un estudio apoyado en estudios técnicos.
Los reclamos y las reacciones negativas, de sorpresa y frustración, ante el anuncio que hiciera el presidente electo, no se hicieron esperar. Esta decisión, que a mi parecer, se encuentra fuera de toda legislación aplicable, convocada sin autoridad alguna, puesto que es un hecho sin precedentes que un ¿funcionario público? que aún no ha asumido su cargo, convoque y decida respecto a un proyecto que le afecta a millones de mexicanos.
A la vez, es una muestra de la forma en que se conducirá a lo largo de su sexenio. Quizás no llegó a considerar que en este proyecto como en otros tantos, están aportados recursos que provienen de nuestros impuestos.
Y respecto a este asunto ¿qué sigue? ¿Se les responderá a los inversionistas y constructores? ¿Quién asumirá las pérdidas? ¿A dónde se destinará la obra ya trunca?. Exigimos saberlo. La imagen del López Obrador mesurado y empoderado que vimos después de las elecciones del pasado primero de julio, dista mucho de la imagen que ahora está reflejando. Esperemos que sus decisiones próximas, ya como presidente de la República, sean más conscientes y sobre todo, legítimas y legales
Marcia Alcaraz
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