Los diputados y senadores de Morena están desatados. Falta aún para que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como Presidente de la República; pero sus correligionarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya comenzaron a cumplir las promesas que su líder ideológico hizo en campaña. Una de ellas, probablemente una de las más sonadas, la reforma educativa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, ha comenzado su desmantelamiento. Llama la atención cómo los legisladores morenistas se han abalanzado en su contra, como una jauría de lobos devorando a su presa. Llama la atención que, la justificación de su proceder, sea la defensa del magisterio. ¿Y los niños?
En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, presentó una iniciativa para derogar la fracción IX del artículo tercero constitucional, que da sustento al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y a la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hay que enfatizar que, ese mismo artículo, obliga al Estado a garantizar la idoneidad de los docentes para que estos, a su vez, puedan asegurar “el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. Parece contradictorio el poder garantizar que solamente los mejores profesores podrán tener acceso a una plaza laboral, si no existe un sistema de evaluación del desempeño que, de manera objetiva, pueda arrojar evidencias sobre la idoneidad del docente.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo, en particular a la Secretaría de Educación Pública, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, a suspender de manera inmediata los procesos de evaluación magisterial, mientras no se revise el marco normativo que regula dichos procesos. En el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Reforma Educativa: una violación a los derechos humanos y laborales”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, afirmó que se abrirá un nuevo capítulo que permita un futuro más promisorio para los niños de México, por lo cual se abrogará la reforma educativa.
Esta última declaración invita a la reflexión. Lo que se percibe, es una férrea defensa del magisterio, que se siente lastimado por el proceso de evaluación, el cual vulnera sus derechos laborales. En realidad, el punto de discusión debería ser la educación de nuestros niños. Al respecto, el artículo cuarto de nuestra Carta Magna es muy claro: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Es cierto, seguramente la reforma educativa tiene mejorables, pero no puede ser tan nefasta como para abrogarla; y mucho menos por el tema de la evaluación del desempeño magisterial. Hay otros temas que aborda la reforma educativa que, no solamente deben ser conservados, sino fortalecidos; y la evaluación de los profesores simplemente no puede dejarse fuera del marco regulatorio, así como tampoco podría dejarse al arbitrio de los legisladores, el diseño de un sistema de evaluación “a modo”. En efecto, el Estado mexicano debe garantizar que solamente los mejores profesores tengan la posibilidad de educar a nuestros hijos. Es por su bien y por el bien de todo el país.
