DESAFIO
El reto que han planteado los grupos de la delincuencia organizada a las autoridades con los asesinatos de los jefes policíacos en los últimos meses, los más recientes en Irapuato y San José Iturbide, se registra a unas semanas de que se inaugure oficialmente la nueva Brigada Militar y el arribo completo de 3 mil 200 policías militares a la entidad.
Esta será la primera brigada que se ubique en una sola entidad, la única que opera en Nuevo León atiende a tres entidades de la región y se construyó con recursos del gobierno federal, estatales y del sector privado, más de 500 millones de pesos.
En el caso de Guanajuato, se tendrá como prioridad la atención de los 46 municipios, aún cuando faltan algunos que no han terminado de aportar los recursos que se comprometieron, y eventualmente saldrán a otras entidades cuando se requiera por la Secretaría de la Defensa Nacional. En febrero abrirían oficialmente sus instalaciones en Irapuato.
Para nadie es un secreto que los grupos de la delincuencia organizada se asentaron en Guanajuato desde hace algunos años, aunque operan con mayor fuerza desde el 2017, cuando se dispararon los homicidios dolosos, el robo de combustible, el robo de transporte de carga, el tráfico de armas y droga. Se abatieron líderes de células que tenían marcado su territorio en la entidad y se han desarticulado bandas sin que ceda la violencia y la delincuencia.
El 2018 empezó igual de mal que el año pasado, y la circulación de un video en las redes sociales sobre el asesinato de una persona en un hospital de Salvatierra, que estaba internada tras sobrevivir a un ataque junto con el policía que lo custodiaba, volvió a poner a Guanajuato en el foco de atención de los medios nacionales e internacionales.
El asunto se complica más en razón de que está en pleno debate la Ley de Seguridad Interior, que se aprobó en diciembre pasado, bajo el argumento que tras una década de sacar a las fuerzas armadas de sus cuarteles a combatir a la delincuencia organizada y realizar tareas de seguridad pública, era necesario dotar de un marco legal para su actuación.
Están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las impugnaciones hechas por una autoridad municipal, grupos de legisladores federales y senadores de partidos de oposición y próximamente de los organismos defensores de los derechos humanos. Es decir, que viene un fuerte debate sobre lo que aprobó el PRI por mayoría junto con otros partidos políticos, y falta la definición de la Corte respecto a si cumple o no con la Constitución.
Además se suma un complejo proceso electoral 2018, en donde los partidos políticos buscarán conseguir el voto de los ciudadanos y el tema de violencia y delincuencia estará en sus agendas de campaña, de un lado para desacreditar lo hecho por las actuales autoridades, y por otro, para prometer reconstruir la seguridad ciudadana y devolver la paz y tranquilidad social a la población.
Las autoridades estatales y municipales en Guanajuato deben estar claras de que la llegada de la Brigada Militar no resuelve por si misma la ola de violencia que genera la delincuencia organizada en la entidad, sobre todo a raíz de las ganancias millonarias que les deja el trasiego de droga, la distribución de enervantes en el mercado local junto con el robo de combustibles, entre otras actividades ilícitas que desarrollan.
Los municipios deben invertir más en seguridad pública, pero con una visión integral, no únicamente a comprar patrullas y uniformes; se necesita recuperar la confianza de los ciudadanos con un plan de seguridad integral que abarque medidas de prevención social del delito, con un trabajo coordinado operativo y de inteligencia en el combate a la delincuencia, y sobre todo con políticas públicas que se transformen en programas efectivos de atención al problema que hoy se vive.
Porque las autoridades municipales no pueden dejar al estado y al ejército la función primaria a la que tienen obligación con los ciudadanos, es necesario construir con su propio esfuerzo el tejido social. La Brigada Militar ayudará en la medida de que realicen sus propios esfuerzos en sus corporaciones policíacas.
La actuación de los militares estará bajo observación en Guanajuato en tanto no se resuelva la controversia constitucional de la Ley de Seguridad Interior, donde es complicado poner a los actores políticos y gubernamentales en una misma visión porque vienen las campañas electorales.
La recuperación de la seguridad y la paz social es una tarea complicada, no es responsabilidad exclusiva del municipio, el estado, la federación y las fuerzas armadas; existen otros actores que deben sumarse a este trabajo en el Congreso, en el Poder Judicial, y en especial, los partidos políticos que en vez se resolver lucran con la bandera de la violencia.
Politizar el tema de violencia e inseguridad no es la vía adecuada para resolver el grave problema que se vive a diario en este país, los partidos políticos no deberían lucrar con la falta de tranquilidad y paz social en Guanajuato. Los candidatos a los puestos de elección popular deberían trabajar más en propuestas y menos en descalificaciones de sus adversarios en las elecciones.
Finalmente, los ciudadanos también pueden contribuir la mayor parte, siempre y cuando sean los primeros en cumplir con el Estado de Derecho.
