ASIGNATURA
La impunidad y la seguridad serán uno de los ejes centrales de las campañas políticas que se avecinan en el municipio, el estado y en el país porque representan una asignatura pendiente de los gobiernos actuales, no por nada el año pasado fue uno de los más violentos en la historia reciente, derivado de la cruenta lucha entre los grupos de la delincuencia organizada y la falta de capacidad de las autoridades para contenerla.
Reestablecer el Estado de Derecho no es una tarea sencilla y requiere de la participación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para que atiendan uno de los principales reclamos de los ciudadanos en cualquier rincón de esta nación: devolver la paz social y la tranquilidad a las familias.
En el caso de León, es innegable que los homicidios dolosos se han incrementado en los últimos años; no es una condición exclusiva pero si una señal de alarma sobre lo descompuesto que está el tejido social, y el crecimiento que ha tenido la presencia de grupos criminales en la zona. Los más de 300 homicidios dolosos reportados el año pasado, en al menos el 75 por ciento de los casos, las víctimas tenían relación con actividades ilícitas, según el diagnóstico de las autoridades ministeriales.
En el último operativo en la ciudad, de la Agencia de Investigación Criminal, quedó en evidencia que la guerra entre los delincuentes no cederá y que no les importa enfrentar a las autoridades, quienes a pesar de la preparación que tienen han sufrido lamentables bajas. La acusación de asesinatos múltiples y las formas violentas de llevarlos a cabo sorprenden y alarman a los ciudadanos.
Por otro lado, existe la tentación de los partidos políticos por lucrar con esta situación y para muestra un ejemplo. Ayer, en el Comité Directivo Municipal del PRI, la vocería del Comité Directivo Estatal de ese partido hizo una presentación respecto a los casos de homicidio, robo, corrupción y violación, en la que han incurrido elementos de la policía municipal, a propósito de los ajustes que se anunciaron en la Secretaría de Seguridad Pública de León y que implican el cambio de titular de la Academia de Policía.
Llevar al terreno de la arena política los problemas de inseguridad e impunidad no va a resolver los problemas, y menos cuando existe una responsabilidad compartida entre los partidos políticos que encabezan los gobiernos y las legislaturas donde tienen una tarea aún inconclusa.
En las próximas semanas, y a medida que se acerquen los procesos electorales, será más común ver acusaciones sobre iniciativas emprendidas por las administraciones para frenar la inseguridad y la violencia. Ayer, el PRI estatal trazó la ruta para evidenciar que la inseguridad será parte de su mensaje de contraofensiva al gobierno como parte de su campaña política rumbo a la gubernatura.
El arribo de la Brigada Militar a Guanajuato no garantiza que se vaya a erradicar la delincuencia, pero va a traer un poco de tranquilidad tener en Irapuato a 3 mil 200 elementos militares dispuestos a sumarse a las tareas de seguridad que son responsabilidad de las policías municipales y estatales.
Actualmente, hay municipios que ni siquiera han aportado la parte que les corresponde para financiar la construcción de las instalaciones militares, que por cierto serían inauguradas en febrero en una fecha emblemática para las fuerzas armadas del país.
En este contexto, falta definir lo que pasará con la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por los legisladores y que generó controversia por las implicaciones que podría tener en el futuro, en especial, al concentrar los casos en que el titular del Poder Ejecutivo podría estar al mando de las fuerzas militares o los riesgos de incurrir en violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los civiles, hasta cuestiones relacionadas con la autonomía municipal y estatal. En un periodo electoral, este asunto es ‘oro molido’ para los candidatos a los puestos de elección popular pues van a tener mucha tela de dónde cortar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó la controversia constitucional que interpuso un municipio sobre la ley, que estará vigente en tanto no se emita una resolución, aunque también hay que plantear que existen versiones que consideran que es adecuado contar con un marco legal que permita una actuación de los militares en las tareas de seguridad pública.
Por otra parte, el gobierno federal tampoco estará exento de los ataques políticos de los candidatos de oposición, que ante las claras evidencias del fracaso del modelo de seguridad pública, tras concentrar las tareas en la Secretaría de Gobernación, y que han llevado a registrar al año 2017 como uno de los más violentos en la última década.
A pesar del incremento de los recursos públicos destinados a fortalecer la infraestructura de seguridad, la modificación de leyes, la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y la mayor presencia de las fuerzas armadas, los resultados no han sido los esperados, es más, la percepción de los ciudadanos es que han crecido la inseguridad y la violencia, tal y como lo muestra el INEGI en sus encuestas recientes.
Se escucharán propuestas de candidatos que ofrecerán perdón y olvido; de gobiernos que respondan que la situación podría ser peor y que no somos una isla; de partidos que ofrezcan ocurrencias como pactar con la delincuencia y soluciones mágicas cuando lleguen al poder, entre otras falsas promesas de campaña.
Ante este entorno electorero, el papel de los ciudadanos será exigir, a los candidatos y a sus partidos que los postularon, que se comprometan a reducir los índices de violencia e inseguridad con un plan claro y metas precisas que permitan evaluar de manera permanente los compromisos que asuman. Al final, la terea respecto de la seguridad no se reduce a promesas políticas o a la dispersión de más recursos para implementación, equipamiento o personal, así como a ofrecer mayores castigos para los delincuentes, el problema es más amplio como hemos podido constatar.
