La definición del Presidente Enrique Peña Nieto y del PRI para perfilar a José Antonio Meade Kuribreña como el virtual candidato de ese partido a la Presidencia de la República en 2018, ya generó reacciones entre los panistas porque cada vez se aleja más la posibilidad de sacarlos de Los Pinos.
El lunes se reunieron un grupo de siete gobernadores emanados del PAN, entre ellos Miguel Márquez, con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya Cortés, para mandar una señal de respaldo a un dirigente que ha sufrido un terrible desgaste por las embestidas que le han dado dentro y fuera del partido; por las muestras de apoyo que ha recibido Meade Kuribreña de distinguidos militantes panistas y por las serias dificultades que tienen para consolidar un proyecto sólido en la conformación del Frente Ciudadano por México.
En la reunión de los gobernadores de Baja California, Nayarit, Guanajuato, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Querétaro, estuvo el titular de la Comisión de Elecciones del PAN, Santiago Creel Miranda, lo que confirma que uno de los principales temas del encuentro privado fue el asunto relacionado con el proceso electoral del 2018.
Lo anterior, independientemente de otros temas relacionados con la discusión de las fracciones parlamentarias del PAN en el Congreso de la Unión, respecto a la aprobación del paquete fiscal 2018 y los recursos que serían destinados a las entidades federativas.
Ayer, en una gira de trabajo por León, el gobernador Miguel Márquez hizo un reconocimiento a la trayectoria del ex Secretario de Hacienda y Crédito Público y a su persona aunque lo criticó por representar más de lo mismo, en especial por representar los intereses de un PRI corrupto. Aun cuando es un buen perfil, quien está detrás de él, no le ayuda, refirió el panista.
Las elecciones, precisó, no se ganan en el círculo rojo, en donde Meade Kuribreña ha sido bien visto por los analistas derivado de las cualidades que tiene en su desempeño en la administración pública federal sino entre los electores
En cambio, cuando habló de Ricardo Anaya Cortés, quien podría encabezar la candidatura del PAN, si van solos, o del Frente Ciudadano por México, si van acompañados con Movimiento Ciudadano y el PRD, exaltó sus capacidades para derrotar al futuro candidato del PRI.
Sin salirse del guión de otros gobernadores que apoyan a Anaya Cortés en su búsqueda por la candidatura presidencial para el 2018, explicó que era una persona inteligente, estructurada, preparada y hasta buen orador además de tener un arrastre con la gente, que es lo que más cuenta a la hora de hacer campaña política.
El razonamiento del gobernador de Guanajuato es que si el presidente nacional del PAN ya recibió los obuses mediáticos negativos, bajo una campaña de desprestigio en los meses anteriores a la elección de candidato, y no se ha demostrado el supuesto enriquecimiento ilícito, ya nada lo puede doblar en la lucha por la Presidencia de la República.
La realidad es que Anaya Cortés no garantizaría el triunfo en 2018 porque su enemigo está dentro del partido; ayer mismo, el Senador del PAN, Ernesto Cordero, declaró que Meade Kuribreña era un buen perfil y que los panistas, no necesariamente votarían por su líder nacional.
Además en la conformación del Frente Ciudadano por México empiezan a salir las grietas, como la que surgió en Jalisco, donde el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez dijo que el Frente está moribundo; en ese estado no irán juntos por la candidatura a la gubernatura ni PAN, Movimiento Ciudadano y PRD.
TERNA
Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia informaron ayer que la terna para elegir al nuevo Fiscal Anticorrupción en Guanajuato quedó integrada por José Demetrio Valadez Martínez, Marco Antonio Medina Torres y Juan Iván Luna González.
De los 12 aspirantes que había, se presentó finalmente a los finalistas que serían evaluados por el Pleno del Congreso para definir quién será el responsable de encabezar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En el camino quedaron Edgardo Ramírez Pimentel, Héctor Ponce Ramírez, Salvador Baeza Melesio, María de Lourdes Vélez Moreno, Mireya Nieto González, José Luis Vargas Ramírez, Navigio Gallardo Romero, Rafael Barroso Meza y José de Jesús Centeno Carrillo.
En el marco de esta sesión, el PRI se mostró en contra de dos de las personas que se incluyeron en la terna porque consideraron que estar bajo las órdenes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no garantizaban la imparcialidad y autonomía en las funciones que tendrían encomendadas. Se referían a Marco Antonio Medina Torres y Juan Iván Luna González, quienes tendrían el visto bueno del PAN para que cualquiera de ellos será nombrado este viernes en el Pleno.
Parece que en el PRI, el único aspirante dentro de la terna que cumpliría con los criterios que se requieren para convertirse en fiscal anticorrupción es José Demetrio Valadez Martínez, quien durante la presentación de su ensayo a las Comisiones, uno de los requisitos que establecieron los propios legisladores, habló sobre reducir los riesgos que representa la partidocracia y poderes fácticos en la integración y funcionamiento de la fiscalía especializada.
La presidenta de las comisiones, Libia Dennise García Muñoz Ledo, defendió que el proceso de selección de fiscal siempre ha sido apegado a la convocatoria y que la metodología que se propuso era la adecuada para elegir a los tres mejores perfiles para ocupar el cargo.
Lo anterior, a pesar de las críticas que hicieron los organismos empresariales y de la sociedad civil que criticaron que se incluyera a personas cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que podría ser un fiscal anticorrupción a modo del gobierno en turno.
Parece que la idea de tener un Sistema Estatal Anticorrupción confiable y creíble no se va a poder llevar a cabo por los cuestionamientos que hace el PRI y que seguramente no serán tomados en cuenta cuando el PAN aplique la mayoría para la elección de uno de entre los tres que están en la terna.
La versión que ofreció el PAN es que los priístas que integran las comisiones estuvieron de acuerdo en otorgar un puntaje a las diferentes etapas que marcó la convocatoria, lo que derivó en las tres personas que se presentaron en la terna aunque en la sesión pública se desistieron y hasta cambiaron su postura para deslegitimizar el proceso.
Este miércoles, el PRI estatal dará un posicionamiento sobre lo que considera el nombramiento de un “fiscal carnal” y los riesgos que corre la instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción. Le quieren pasar la factura al PAN y denunciar que fue una simulación el proceso porque al final de cuentas el sistema no tendrá la autonomía para ir a fondo en la lucha contra la corrupción.
AMPARO
La diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, promovió un amparo por la violación de las garantías constitucionales respecto a la respuesta que recibió del Congreso del Estado sobre la petición que hizo para destituir al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.
La legisladora acusó al responsable del órgano de fiscalización de contratar a un subalterno como responsable de las auditorías a pesar de que tenía un proceso abierto en su contra y estar inhabilitado a desempeñar un cargo público por el órgano de control interno del INE. Su denuncia fue interpuesta ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al Congreso del Estado a finales de octubre y fue desechada su petición.
El amparo se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato derivado de que hizo una solicitud al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el legislador panista Éctor Jaime Ramírez Barba, para solicitar la remoción del Auditor Superior del Estado y del Director General de Auditoría y Cuenta Pública y recibió una respuesta del Secretario Técnico de esa Junta, lo que constituye una omisión legal.
Según los argumentos expuestos ante el Juez, la respuesta del Secretario Técnico de la Junta no representaría necesariamente la decisión de los integrantes (legisladores) ni su validación mediante el voto ponderado que exige la ley. La respuesta que se dio a la legisladora no cumpliría con los criterios que establece la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
La batalla en los tribunales de la legisladora federal del PRI es parte de la confrontación que ha tenido con el PAN a quien acusa de una persecución política. La semana pasada, fue inhabilitada por un año por el Ayuntamiento de León respecto a la licitación de la basura que otorgó su administración en 2014, situación que argumentó, se deriva de las denuncias que ha hecho de los malos manejos del gobierno panista.
En el caso de los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado, ha denunciado que se contrató al responsable del área de auditoria y cuenta pública aun cuando estaba inhabilitado para desempeñar un cargo público, lo que constituye una violación a la ley por parte del titular del organismo y una omisión de parte del Congreso del Estado. Seguramente habrá otros frentes de batalla en la medida que se acerque el proceso electoral del 2018.
