El gobernador del estado, Miguel Márquez, envió este viernes al Congreso del Estado la iniciativa de Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, la cual contempla un gasto de 81 mil 236 millones de pesos, un 7.88 por ciento más que este año. Del gasto público, se destinaría a gasto corriente 58 mil 743 millones de pesos, un 72 por ciento del total.
El Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, y el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, hicieron la entrega del documento formal a la Presidenta del Congreso del Estado, Angélica Casillas Martínez. Será complicado que los legisladores hagan mayores ajustes al presupuesto derivado de que el PAN tiene la mayoría y lo aprobará tal cual se lo enviaron.
Los ingresos presupuestarios serán de 81 mil 236 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5.1 por ciento respecto al monto total aprobado para el ejercicio fiscal 2017, según el documento que se entregó a los legisladores para su revisión y aprobación. Esto es más de 6 mil 186 millones de pesos, más que en 2017.
De estos, 8 mil 270 millones de pesos corresponden a recursos fiscales, un 10.2 por ciento de los ingresos totales; 70 mil 261 millones de pesos corresponden a recursos federales, 86.5 por ciento del total de ingresos; 616.3 derivados del programa de Escuelas al CIEN y 2 mil 88 millones de pesos que se estiman por financiamiento interno y que forman parte de lo autorizado por el Congreso en 2015.
Las autoridades estatales subrayan de su propuesta que no habrá nuevos impuestos, ni modificación a las tasas de impuestos vigentes, ni canje de placas en un año electoral; que se dejará a la entidad con una menor deuda a la que recibieron, en casi 900 millones de pesos, con lo que quedaría un saldo de 5 mil 678 millones de pesos y que se destinarán 46 mil 127 millones de pesos para los rubros de educación, campo, salud y seguridad, mientras que a los municipios se entregarán participaciones por 7 mil 547 millones de pesos y 5 mil 822 millones de pesos por concepto de aportaciones.
El gasto destinado a la operación del Poder Legislativo será de 659 millones de pesos; al Poder Judicial de mil 580 millones de pesos y al Poder Ejecutivo de 42 mil 560 millones de pesos mientras que a los organismos autónomos 2 mil 988 millones de pesos y a los ramos generales 14 mil 888 millones de pesos.
En la exposición de motivos de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos e Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, se indica que se va a buscar maximizar el impacto del gasto público, mantener las finanzas públicas sanas y el uso racional y eficiente de los recursos públicos. Estos criterios deberán ser revisados por los legisladores, que tienen la atribución legal de hacer modificaciones si lo consideran pertinente.
Del total del gasto público previsto para el 2018, casi 13 mil millones de pesos (un 16 por ciento) se destinará a inversión; 42 mil 860 millones de pesos (53 por ciento) irá a los rubros de educación y salud; el gasto social para grupos vulnerables sería de mil 453 millones de pesos mientras que para seguridad pública y procuración de justicia se propuso un gasto de 7 mil 964 millones de pesos, así como 4 mil 467 millones de pesos para el rubro económico.
Del monto de casi 13 mil millones de pesos destinados para el rubro de inversión, se detalla que serán 6 mil 293 para el eje de calidad de vida; mil 307 para el eje Guanajuato seguro; 3 mil 28 millones de pesos para el eje de Guanajuato educado y 2 mil 347 para el eje de economía para las personas.
En el caso de endeudamiento público, para el ejercicio fiscal del próximo año se contempla disponer de 2 mil 88 millones de pesos ya autorizados por el Congreso del Estado; al cierre del 2017, el monto de la deuda estatal ascendería a 4 mil 842 millones de pesos. El costo actual de la deuda pública del gobierno del estado asciende a mil 956 millones de pesos.
Por otra parte, la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración advierte que hay riesgos que enfrentará el estado para alcanzar los ingresos previstos en 2018, como son un menor ritmo de la economía mexicana, lo que afectaría la captación de ingresos tributarios y por ende menores participaciones a los estados; presiones a las finanzas públicas federales por precios internacionales deprimidos del petróleo, con lo que disminuirían los ingresos que perciben las entidades federativas y posibles recortes presupuestales del gobierno federal ante la volatilidad observada en los mercados financieros.
Otro riesgo que se prevé es el alza en las tasas de interés, lo que impactaría en el costo de la deuda o elevaría el costo de nuevos créditos, como se contempla recurrir en el ejercicio fiscal del próximo año, a lo que se agrega una baja en la calificación soberana del país, lo que afectaría a las entidades.
DETALLES
De acuerdo con el paquete fiscal 2018, la Secretaría de Educación tiene un presupuesto de gasto superior a los 22 mil 673 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública 2 mil 660 millones de pesos; la Procuraduría General de Justicia del Estado 2 mil 345 millones de pesos; la Secretaría de Obra Pública mil 999 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano mil 662 millones de pesos. Estas son las cinco dependencias con mayor gasto previsto para el próximo año.
Luego, otras dependencias que tienen programado un gasto superior a los mil millones de pesos son: la Secretaría de Gobierno con mil 465 millones de pesos; la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración con mil 226 millones de pesos; la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural con mil 120 millones de pesos y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable con mil 51 millones de pesos.
A la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior se le asignaron 644 millones de pesos; a la Secretaría de Turismo 475 millones de pesos; la oficina del gobernador 312 millones de pesos y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 187 millones de pesos, principalmente.
En el presupuesto de egresos se destinarían 3 mil 479 millones de pesos para los organismos autónomos, en donde destaca los recursos para la Universidad de Guanajuato por 2 mil 547 millones de pesos; el Instituto Electoral del Estado con 630 millones de pesos; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 103.9 millones de pesos; la Procuraduría de los Derechos Humanos 102 millones de pesos; el Tribunal Estatal Electoral 60.7 millones de pesos y el Instituto de Acceso a la Información Pública con 34.6 millones de pesos.
En el caso de las entidades paraestatales, el Instituto de Salud Pública del Estado tiene presupuestados 7 mil 460 millones de pesos; el Régimen de Protección Social en Salud del Estado con 4 mil 428.9 millones de pesos; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, mil 533 millones de pesos; el Instituto de Infraestructura Física Educativa mil 25 millones de pesos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 914 millones de pesos.
Se agregan el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación con 867 millones de pesos; el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior con 845 millones de pesos; la Comisión Estatal del Agua con 466 millones de pesos; la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con 326 millones de pesos; el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos con 301 millones de pesos; el Conalep Guanajuato con 283 millones de pesos y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte con 255 millones de pesos. Otros organismos absorben mil 988 millones de pesos.
Hay tres variables que los legisladores deberían revisar una vez que recibieron el paquete fiscal para el próximo año, si es que tienen tiempo y ganas de revisar el documento completo que les envió el Poder Ejecutivo.
La primera es cuidar que el gasto no tenga una orientación electorera en un año en que habrá elecciones, y es muy común el uso del presupuesto público para favorecer a los candidatos del partido en el poder; la segunda es que entrará en vigor el sistema local anticorrupción, donde se deberá evitar el uso político de la Auditoría Superior del Estado, que no ha dado muchas muestras de autonomía, y sancionar los casos en que se haga mal uso de los recursos públicos; y la tercera, que es el último ejercicio de la actual administración y se debería cuidar que no se aplique la máxima popular entre los políticos de que es el Año de Hidalgo.
COALICIÓN
La Comisión Permanente Estatal del PAN aprobó el viernes en la noche la integración de una comisión para iniciar las negociaciones con otros partidos políticos y conformar una eventual coalición en Guanajuato en el proceso electoral del 2018, en línea como lo determinó el Comité Ejecutivo Nacional respecto a la conformación del Frente Ciudadano por México.
Junto con Humberto Andrade Quezada, presidente estatal del PAN, estarán Éctor Jaime Ramírez Barba, Ariel Corona Rodríguez, Pilar Ortega, Juan Carlos Guillén Hernández y Alfonso Ruíz Chico. Ellos tendrán que analizar donde irán con el esquema de coalición, y formar una agenda común, así como designar en cada distrito al candidato que tenga mayor rentabilidad electoral.
La conformación de un Frente Amplio en Guanajuato seguramente le daría un margen mayor de posibilidades al partido de ganar más posiciones en el 2018 pero le va a generar un conflicto interno, porque varios panistas que buscan una candidatura se quedarían fuera al tener que ceder posiciones a sus aliados electorales.
En el Movimiento Ciudadano, los panistas no tendrían muchas dificultades porque son aliados de facto en el Congreso del Estado, mientras que con el PRD van a encontrar bastantes resistencias a pesar de la cercanía que tienen con la dirigencia estatal. En el PAN ya tienen dificultades para definir sus candidatos bajo el método de selección directa, como para agregar ahora la repartición de posiciones de un eventual Frente.
El asunto va a complicar los procesos internos para definir las candidaturas, porque se tiene qué revisar cada municipio y distrito para colocar a sus aliados que integren su Frente; lo anterior, porque hay dos elementos que no estaban presentes en el pasado proceso electoral como son la paridad de género y la elección consecutiva de alcaldes y diputados locales.
En el caso de la candidatura a la gubernatura habría menos problemas, porque ahí está más perfilado que sería un panista quien encabece el Frente, la duda es quién será el beneficiado de la designación directa, porque hay varios que quieren ocupar esa posición.
Otro tema que tendrían que resolver en el PAN será la plataforma electoral que van a ofrecer a los ciudadanos para que voten por el Frente, una vez que su proceso ya está encaminado desde hace varios meses, y se tendrían que agregar algunas ofertas políticas de sus nuevos aliados para la elección del 2018.
Es seguro que el PAN en Guanajuato hubiera preferido ir solo en las elecciones, pero la directriz que marcó el Comité Ejecutivo Nacional, de construir un Frente, les va a restar posiciones de poder en la conformación de candidaturas a puestos de elección popular.
