El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López, confirmó ayer que su partido interpuso un recurso de revisión constitucional contra la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato el viernes 10 de noviembre y en la que exoneró al ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de actos anticipados de campaña y de uso de recursos públicos para favorecer sus aspiraciones políticas a la candidatura para la gubernatura.
Hace una semana, el PRI estatal aseguró que aún cuando el Tribunal Electoral del Estado había declarado infundados los argumentos de la acusación contra el ex funcionario estatal todavía tenía pendientes las resoluciones de la FEPADE, en donde se interpuso otra queja por uso de recursos públicos con fines electorales de manera ilegal.
Ayer se dio a conocer que se pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revise la exoneración del ex funcionario y que se tomen en cuenta los argumentos que acompañaron a la queja ante el Tribunal Electoral del Estado. En la resolución de los magistrados locales se exoneró también al gobernador del estado, al ex director de Desarrollo Social y Humano de León y a otro funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Santiago García López insistió que hubo uso ilícito de recursos públicos para promover al ex funcionario en sus aspiraciones a la candidatura a la gubernatura de Guanajuato por el PAN y lamentó que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado hayan evitado sancionar esa conducta a pesar de las pruebas que le fueron presentadas, las cuales fueron desechadas en la revisión del proceso.
En el fondo, el PRI quiere que las autoridades electorales pongan una cancha pareja para que el proceso del 2018 sea limpio, parejo y democrático ya que la resolución de los magistrados ni siquiera sanciona a quien de manera pública dispuso de recursos públicos para su promoción.
Incluso, se acusó a los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de actuar bajo consigna para favorecer al ex Secretario Rodríguez Vallejo, ya que se torció la ley y con ello se altera el equilibrio de la contienda electoral vigente.
La batalla podría ir para largo porque las resoluciones del tribunal federal son más tardadas, más exhaustivas, principio que no fue aplicado, según su consideración, durante la revisión de pruebas que presentaron los partidos al Instituto Electoral del Estado y que se integraron a la carpeta que se entregó a los magistrados locales.
Morena fue otro partido que se inconformó contra la decisión del Tribunal Electoral del Estado, con argumentos similares a los que planteó este lunes el PRI estatal al momento de interponer su queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Mientras los partidos de oposición mantienen su lucha para conseguir se sancionen los actos anticipados de campaña de Rodríguez Vallejo, éste sigue con sus apariciones públicas en diversos eventos públicos en el estado y en su partido.
Parece que al ex Secretario de Desarrollo Social y Humano ya no le preocupa la resolución final de los tribunales electorales respecto a las acusaciones que se formularon en su contra. Sigue firme en su interés por participar en el proceso de designación directa que acordó la Comisión Permanente del PAN para la elección de su candidato a la gubernatura en el 2018.
En el PAN estatal aún no definen quien será su candidato a la gubernatura pero Rodríguez Vallejo revivió la llama tras la exoneración del Tribunal Electoral del Estado, falta conocer la resolución final del Tribunal Electoral federal una vez que se impugnó la resolución por el PRI y Morena.
Mientras en el PRI van sobre el aspirante Rodríguez Vallejo, en el PAN se contabilizan los gastos que erogó el senador Gerardo Sánchez García en su informe de labores de la semana pasada, ya que según observaron los panistas se pudo haber incurrido en un gasto excesivo para promover de lo mismo que se acusa al panista, sus aspiraciones a la gubernatura de Guanajuato.
RETO
La aprobación del Consejo Estatal del PAN en Guanajuato para que la Comisión Permanente Estatal analice la posibilidad de realizar una coalición con otros partidos políticos como PRD y Movimiento Ciudadano, quienes integran el Frente Ciudadano por México para las elecciones del 2018, va a representar un enorme reto para explicar a los panistas cuáles son los alcances de esta decisión y lo que va a significar si aparecen candidatos de otros partidos en las boletas electorales.
Este fin de semana también se aprobó por el Consejo Nacional del PAN la decisión de suscribir esa coalición, su plataforma electoral y un programa de gobierno con miras al proceso electoral del 2018 y prevalece la incertidumbre; la única coincidencia parece ser que ya no quieren que gobierne el PRI y que no llegue Morena a la Presidencia pero falta construir los cimientos de un auténtico frente ciudadano.
Y es que, ni siquiera a nivel nacional se ha explicado bien a los militantes de los tres partidos cuál será el alcance de la propuesta electoral del Frente Ciudadano por México, y ahora tendrán que agregar las condiciones que van a prevalecer en Guanajuato a la hora de definir a sus candidatos.
El Frente necesita definir un programa de gobierno donde se explique a los ciudadanos en general, cuáles son los compromisos de los tres partidos que lo integran para atender temas relativos a la economía, a la seguridad, al desarrollo social, a la infraestructura, educación, salud, entre otros. Falta una plataforma política que permita distinguir a los ciudadanos las razones para optar por esta vía en vez de otras opciones.
Si ninguno de los tres partidos va a dejar en el cajón de su escritorio sus principios y valores, tendrán qué explicar que postura van a asumir con temas relacionados con el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, donde hay controversias y diferencias marcadas entre los tres integrantes del Frente.
Otro ejemplo es determinar cuál es el modelo de desarrollo económico y social que seguirá México en las próximas décadas, en medio de una negociación comercial donde unos están a favor de la apertura comercial y otros a favor de la rectoría del Estado en la economía.
Estas respuestas todavía no están construidas a pesar de que se inició un ejercicio de consultar a la sociedad sobre los principales problemas que vive el país y cuáles podrían ser sus alternativas de solución. Se necesitará un amplio debate entre los aspirantes para conocer las respuestas que tiene preparadas para atender estos asuntos.
También les falta definir el proceso para seleccionar a sus candidatos, unos están a favor de una elección interna y luego una abierta entre los representantes de cada partido pero aún no presentan el perfil que podría encabezar este frente ciudadano. Mientras las disputas internas se recrudecen en dos de los tres partidos, PRD y PAN, tal y como sucedió en el año 2000 cuando tuvieron oportunidad de ir juntos pero fueron finalmente separados.
Las luchas internas están fuertes y va a ser muy complicado encontrar una fórmula que los deje satisfechos a los tres partidos y sus militantes; Margarita Zavala es un ejemplo de cómo una aspirante se puede quedar fuera del proceso y buscar otras opciones si no son tomadas en cuenta en el proceso de definición de candidaturas y con ello jalar votos como independiente.
En el caso de Guanajuato, el presidente del PAN estatal, Humberto Andrade Quezada, reconoció que únicamente se habían iniciado pláticas con otros partidos para ver la posibilidad de concretar una coalición por la gubernatura, pero aún estaba pendiente el tema de alcaldías y diputaciones locales.
Esto representa otro reto porque la mayoría de alcaldes y legisladores panistas ya se apuntaron a la reelección y se debe cumplir con los criterios de paridad de género, 50 por ciento de candidaturas a mujeres y 50 por ciento a hombres. A esto se agrega el criterio de rentabilidad electoral en el caso del Frente porque no se ha definido ni siquiera la metodología para la designación directa de sus candidatos.
Finalmente, otro factor que juega en contra del Frente, nacional y estatal, son los tiempos oficiales que marca el calendario electoral. El 14 de diciembre se debe registrar la coalición para gobernador; el 3 de enero para los alcaldes y ayuntamientos y el 13 de enero para los diputados locales.
BOTÍN
A los integrantes del Consejo Directivo de Sapal para el periodo de abril de 2016 a abril de 2019, que preside el industrial zapatero Pedro González García (la primera vez que asumió el cargo, en un primero periodo, fue en 2013 bajo la administración de Bárbara Botello Santibáñez), el alcalde Héctor López Santillana les pidió de manera puntual que se enfocaran a trabajar a favor de quienes más lo necesitan, en especial en atender las enormes desigualdades y carencias de casi 600 mil leoneses que estaban excluidos del desarrollo.
Y es que el organismo se había enfocado a invertir millones de pesos que genera el cobro de las tarifas de los leoneses a infraestructura urbana que luego beneficia a grandes desarrolladores de vivienda e industriales que tienen un alto uso de agua en sus procesos y olvidaron atender, por ejemplo, las colonias marginadas y la zona rural.
Lo anterior, a costa del cobro inequitativo de las tarifas de agua potable a la población, derivado de que un habitante de las joyas paga lo mismo que otro que vive en el campestre si tienen el mismo consumo de agua por metro cúbico, situación que no ha podido ser corregido por ninguno de los Consejos que ha tenido Sapal en las últimas décadas, cuando dejó de ser un organismo con una función social para convertirse en el botín de los poderosos.
En su consejo actual están por ejemplo: Luis Gerardo González Navarro, Juan Carlos Moreno Rodríguez, Luis Ernesto Collazo Rosales, José Antonio Morfín Villalpando, Santiago Villanueva Martínez, Hugo Varela Flores, Alejandro Arenas Ferrer, Jesús Aguilera Rodríguez, Vicente Lahud Martínez, Claudia Hiber Sánchez, Alejandro Zermeño Padilla, Luis María Lozano Ontiveros y Roberto González Martínez. Estos tienen nombramientos, pero operan otros ex consejeros que son quienes en realidad deciden a dónde va la inversión para obras.
Los representantes del Ayuntamiento son: el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, que operó para que Pedro González García repitiera en el cargo otros tres años; los regidores Jesús Vázquez García y José Luis Manrique Hernández. Estos últimos, deberían tener la responsabilidad de cuidar que el organismo no se desvíe de los propósitos para los cuáles fue creado, y no sólo acudir a las juntas de Consejo a validar el cobro que raya en un robo a los leoneses en el recibo del agua.
Recientemente, Sapal ha ajustado las tarifas a particulares de manera estratosférica, sin atender los criterios que contiene la Ley de Ingresos para el Municipio de León en 2016, existen casos documentados de esa situación sin que se busque una solución alternativa a los usuarios. El único criterio que se aplica es el de un burócrata de escritorio que cobra miles de pesos de quincena y no atiende más razón que la que le dicta la prepotencia.
La desesperación por conseguir dinero para El Zapotillo, un proyecto para el que se han reservado más de mil millones de pesos que están en el banco y que son derivados de cobros a futuro a los usuarios leoneses, ha llevado al organismo operador del agua a brincar la línea de responsabilidad social a una feroz cobranza irracional.
También se ha convertido a Sapal en un botín político y económico de los grupos de poder locales, que a cuatro meses de que se renueve el Consejo Directivo, ya hay candidatos que operan para que los vuelvan a poner donde hay, en la Presidencia del organismo, al cabo nadie vigila cómo se usa lo que se cobra de agua, tratamiento y presas fantasmas a los ciudadanos.
