RIESGOS
Una de las principales armadoras japonesas en el mundo, Toyota, anunció un recorte de su inversión para la construcción de su planta en Apaseo el Grande, cercana a los 300 millones de dólares aunque mantendrá la producción 100 mil camionetas Tacoma, luego de que canceló la fabricación del Corolla.
Originalmente, la inversión contemplada por la armadora, superaba los mil millones de dólares pero ahora se anunció que sería por 700 millones de dólares, se retrasaría un año su operación aunque mantendría la generación de 10 mil empleos indirectos.
Un día antes del anuncio oficial de Toyota, en el marco del Foro Automotriz de Guanajuato, el presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, Fidel Otake Harada, explicaba la incertidumbre que priva entre las empresas del sector por las posturas asumidas del gobierno de los Estados Unidos en la renegociación del TLCAN.
En la mañana del jueves, el representante de las empresas automotrices y de autopartes en el estado, explicaba que existen otros mercados para las armadoras que operan en el territorio estatal aunque el principal destino de las exportaciones era el mercado de los Estados Unidos. Sí se puede sostener la producción y exportación a otras naciones pero repercutiría que cambiaran las reglas del juego en el mercado de Norteamérica.
Las empresas del sector están preparadas para ajustar sus planes de inversión y producción ante el nuevo escenario que plantea el gobierno estadounidense, muestra de ello es el anuncio que realizó Toyota un día después.
En este entorno, el equipo comercial de Estados Unidos endureció su postura en la renegociación del acuerdo, al establecer un criterio de mayor grado de integración regional y preferentemente con un uso mayor de partes manufacturadas en su país. Aunque apenas es un arranque de las negociaciones, la cuarta ronda tuvo verificativo en ese país, es factible que si sobrevive el TLCAN tendrá reglas más rígidas para las empresas automotrices que operan en México.
Subir a un 85 por ciento el grado de integración regional de los vehículos en el mercado de Norteamérica como se formalizó por el equipo comercial estadounidense, va a significar riesgos y oportunidades para las armadoras que operan en México, y donde Guanajuato tiene una participación significativa en la producción.
De acuerdo con datos del Clúster Automotriz de Guanajuato, aquí se ensamblaron 827 mil unidades en 2016, el 18 por ciento de la producción nacional de vehículos, lo que significa que uno de cada cinco se integran en la entidad.
El año pasado, la exportación del sector automotriz y autopartes superó los 17 mil millones de dólares, lo que representa el 80 por ciento del total estatal, y en la región del Bajío se ubican 11 de las 24 armadoras que tiene México.
El nuevo entorno de incertidumbre que priva en la negociación del TLCAN, en sectores estratégicos como el automotriz, y los ajustes que harán las armadoras para adaptarse a la nueva realidad comercial que derive del acuerdo, ya sea que Estados Unidos lo abandone o logre ventajas para favorecer las inversiones en su territorio, van a obligar al gobierno federal y a los estados, donde se ubica esta cadena de valor, a modificar sus políticas públicas para retener las inversiones.
La estrategia del gobierno federal en la renegociación del acuerdo, explicada a las autoridades estatales la semana pasada en una reunión para conocer los avances en las obras de infraestructura de Toyota, va a ser separar el sector automotriz para evitar que se complique la operación de las empresas en la región.
Están pendientes por resolver los temas de los salarios en el sector automotriz y autopartes, el grado de integración de los vehículos con componentes elaborados en los tres países y los criterios de ajuste en temas de energía y normas de calidad de las unidades.
Aunque también hay una integración de las empresas armadoras en los tres países que van a buscar frenar cambios significativos en la relación comercial a través de un cabildeo con los congresos de cada nación.
El enfoque de fortalecer la cadena de valor de la industria automotriz en la región de América del Norte, frente a otros bloques comerciales en el mundo, parece que no ha sido valorada por el gobierno de los Estados Unidos, quien ahora busca cambiar las reglas del juego y favorecer sus propios intereses a costa de los beneficios a sus dos socios en el TLCAN.
Habrá que estar atentos a que otros cambios se registran en los próximos meses en esta industria, para quienes el arribo de Donald Trump ha sido una pesadilla porque rompió con el buen clima de negocios en América del Norte en menos de un año de gobierno.
Con el TLCAN ajustado o sin el mecanismo comercial, la industria automotriz de Guanajuato va a tener que adaptarse a las nuevas reglas del juego, mientras que el gobierno también debe dar muestras de estar preparado para enfrentar cualquier contingencia que derive de ello.
Los planes que se tenían sobre que Guanajuato sería el primer productor de vehículos en el 2020 puede tener ajustes y cualquier viraje en la política comercial va a afectar al sector, que actualmente genera el 17 por ciento del PIB estatal.
SUBFACTURACIÓN
Hace casi un mes, el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, estuvo en León y advirtió que el gobierno federal tendría que volver a ratificar el decreto para promover la competitividad de las industrias del calzado, textil y vestido junto con otras medidas para defender la industria nacional de los embates de los importadores.
El decreto presidencial para frenar la subfacturación y el contrabando de calzado concluye su vigencia en diciembre de 2018 y fue una herramienta que en su momento dio resultados positivos a la industria frente a la embestida de los importadores.
Desde hace varios meses, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ha propuesto a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía que es necesario transformar el decreto en una nueva Ley Aduanera con el objetivo de endurecer las medidas contra las empresas comercializadoras de calzado y frenar la entrada al país de calzado bajo la figura de contrabando técnico y de subfacturación en el precio.
Pero los zapateros no han sido escuchados en su planteamiento, los legisladores federales del PAN han puesto sobre la mesa del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Treviño, este tema pero no han logrado mayores avances.
Esta semana, el representante de los zapateros, Luis Gerardo González García, participó en un evento que organizó el gobierno federal con la Concamin nacional denominado Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor y volvió a insistir en el tema que los tiene preocupados ante el aumento de importaciones vía subfacturación.
De entrada, planteó que el decreto presidencial para frenar el contrabando y la subfacturación de calzado ya había perdido efectividad, entró en vigor desde diciembre de 2014, y a poco más de un año que pierda su vigencia, se han disparado los ingresos de calzado bajo esas dos modalidades.
Las cifras de los zapateros indican que de los más de 59 millones de pares que han sido importados en este año, casi un 70 por ciento han ingresado al país con un precio por debajo del estimado y que únicamente un 30 por ciento, lo ha hecho con un precio correcto.
Por eso la insistencia de la industria del calzado para que el decreto que publicó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en 2014 sea convertido en una nueva ley aduanera, lo que implica tener sanciones más severas para los importadores que incurren en la subvaluación en la importación de calzado.
La industria manufacturera nacional va a unir esfuerzos para que las autoridades del SAT pongan freno a los importadores que recurren a las prácticas desleales de comercio. En este foro del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, se organizó una mesa de trabajo con otros sectores industriales con la finalidad de acercar una estrategia conjunta contra la importación desleal de productos.
Al menos esa fue la coincidencia principal de la mesa de trabajo donde participó Nuri Kalach Massry, representante del consejo directivo de la industria Textil; Gastón Zambrano Margáin, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera; Samuel Gershevich Salnicov, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y Guillermo Vidales Flores, presidente de la Comisión de Aduanas de la Concamin.
Luis Gerardo González García explicó que para combatir la ilegalidad en que incurren los importadores va a ser necesario mejorar los mecanismos legales para restituir el Estado de Derecho en materia de comercio internacional; aplicar castigos contra los importadores que recurren a la subvaluación y sellar la frontera del sur del país al ingreso de productos de contrabando.
Además se va a requerir que se destruyan las mercancías decomisadas, fomentar la legalidad en el mercado interno, continuar con la mesa de combate a la ilegalidad donde participan el SAT y Concamin, así como mejorar la coordinación de actividades preventivas del comercio ilegal entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
FISCAL
El Congreso del Estado informó que fueron 12 candidatos quienes se registraron para participar en el proceso de selección de Fiscal Anticorrupción y son: José Demetrio Valadez Martínez, Claudia Mireya Nieto González, Marco Antonio Medina Torres, Navigio Agustín Gallardo Romero, Rafael Barroso Meza, Miguel Héctor Ponce Ramírez, María de Lourdes Vélez Moreno, Juan Iván Luna González, Edgardo Agustín Pimentel, José de Jesús Centeno Carrillo, Gilberto Salvador Baeza Melesio y José Luis Vargas Ramírez.
Ahora lo que sigue es que estos perfiles van a ser revisados por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constituciones y de Justicia. Se va a abrir al público el formato, metodología, etapas y forma de evaluación de cada uno de los aspirantes para eliminar cualquier suspicacia en el proceso.
Algunos criterios para revisar son el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, el profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio al cargo de Fiscal Anticorrupción. De los 12 solo quedarán tres personas seleccionadas para una etapa final donde los legisladores deberán definir al nuevo fiscal.
En este contexto, la legisladora del PVEM, Beatriz Manrique Guevara, se reunió el viernes pasado con el representante del Parlamento Ciudadano de León, Jaime Gallardo Saavedra, a quien le externó su compromiso en que hará una propuesta al Pleno para manifestarse, todos los partidos, a favor de una nueva convocatoria para la elección de la fiscalía especializada en materia de corrupción, ya sin el requisito de 10 años de experiencia en investigación y persecución del delito.
Por otra parte, el legislador del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, ya hizo de conocimiento de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, las peticiones que hizo el Consejo Coordinador Empresarial de León y el Parlamento Ciudadano de León para eliminar el requisito arriba mencionado y el derecho al veto del gobernador del estado respecto al fiscal.
Los legisladores tienen la tarea de que la fiscalía no nazca muerta porque si al final privan los intereses políticos del grupo de poder, de nada servirá un fiscal anticorrupción a modo, que únicamente sirva de palero, en vez de tener plena autonomía en la tarea que tendrá encomendada.
