Rentabilidad económica sin justicia social: Tagle

Mientras el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) acumula más de 6 mil millones de pesos en utilidades, miles de familias continúan enfrentando dificultades para acceder al agua de manera regular.
Así lo señaló el académico de la Universidad de Guanajuato, Daniel Tagle Zamora, durante la presentación del informe ¿Para quién fluye el agua?, elaborado en conjunto con el Observatorio Ciudadano de León.
El especialista consideró que las políticas tarifarias y de infraestructura han privilegiado la rentabilidad económica por encima de la justicia social, situación que podría traducirse en prácticas de «racismo ambiental» al no destinar suficientes recursos, estrategias e infraestructura a las zonas más marginadas de la ciudad.
Desde su perspectiva, esta desigualdad se refleja en las diferencias entre los sectores de altos ingresos, donde las tarifas tienen poco impacto en el consumo, y los polígonos de bajos ingresos, donde muchas familias enfrentan problemas de abastecimiento.
Tagle Zamora también cuestionó el cobro de una tarifa mínima a los usuarios aun cuando no registran consumo de agua durante todo el mes.
“Una vivienda puede tener la llave cerrada durante todo el mes y aun así recibir un recibo cercano a los 149 pesos. Esa parte sin uso ya le genera ingresos a SAPAL. Lo que debemos analizar es si esas tarifas son socialmente justas”, afirmó.
Ante este panorama, propuso fortalecer los subsidios cruzados para beneficiar a los sectores más vulnerables y desalentar los consumos excesivos.
“Quienes tienen mayores consumos deberían pagar mucho más por el agua. En cambio, quienes mantienen consumos bajos tendrían que acceder a tarifas preferenciales. Si alguien consume demasiado, las tarifas deben convertirse en un mecanismo para desincentivar el desperdicio”, señaló.
Añadió que las mujeres suelen ser las más afectadas por estas condiciones, ya que son quienes comúnmente asumen la responsabilidad de gestionar el agua dentro de los hogares.
Por lo que consideró necesario revisar la forma en que se atiende a las comunidades que dependen del suministro mediante pipas o tomas públicas, pues las soluciones implementadas suelen responder a una lógica exclusivamente técnica.
“Las tomas públicas pueden resolver parte del problema, pero también generan nuevos conflictos. Lo que hace falta es un enfoque social, dialogar con las personas afectadas y construir soluciones junto con ellas”, indicó.
Tagle Zamora sostuvo que SAPAL cuenta con la capacidad financiera suficiente para impulsar políticas más orientadas a reducir las desigualdades en el acceso al agua
“Si esa cifra fuera correcta, estaríamos ante un problema muy grave porque profundiza las condiciones de marginación social, especialmente para las mujeres y las familias de menores ingresos”, advirtió.