Nadie habla bien del Sistema Nacional Anticorrupción, mucho menos del Sistema Estatal Anticorrupción, ni de la Secretaría Ejecutiva. Todo mundo crítica y menosprecia a la institución encargada de combatir la corrupción, junto con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal.
En Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad, donde su titular ni siquiera cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución local, para que su nombramiento sea legal. Goza de nula credibilidad y confianza, al ser una simple tapadera de los presuntos actos de corrupción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y su administración, de donde proviene la actual mandataria del estado.
Solo para recordar, para ser designado titular de la Secretaría de la Honestidad en el Estado de Guanajuato, se requiere cumplir con diversos requisitos legales establecidos en la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y otras disposiciones estatales.
La Constitución Política del Estado de Guanajuato, en su artículo 77, fracción XI, establece que el Gobernador nombra al titular de la Secretaría del poder ejecutivo, con facultades de Control Interno, con la ratificación de las dos terceras partes del Congreso del Estado.
En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, artículo 17 tercer párrafo establece:
La persona titular de la Secretaría de la Honestidad deberá contar con experiencia de cuando menos dos años en materia de fiscalización y rendición de cuentas.
De la lectura íntegra del precepto anterior, se advierte que el Titular del Ejecutivo Estatal, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las Leyes que de ella emanen, es decir, que al proponer a la titular de la Secretaría de la Honestidad, su valoración fue política, superficial, deshonesta, ilegal y carente de los requisitos técnicos y de experiencia requeridos, ya que el numeral en cita, establece: “deberá contar con experiencia de cuando menos dos años en materia de fiscalización y rendición de cuentas…..”
El análisis de los supuestos anteriores nos lleva a determinar una actuación ilegal y de abuso de funciones de la Gobernadora, al proponer a la actual responsable de dicha cartera, al NO contar esta con experiencia cuando menos dos años en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Lo anterior deriva de la simple lectura de la CV., presentada por dicha funcionaria.
Además de demostrar que se priorizó la política por encima de la Constitución local, evidenciando con ello un total desconocimiento, ignorancia y desprecio al estado de derecho. También, de que los legisladores que votaron a favor cayeron en las omisiones antes citadas y de igual manera, la funcionaria y ahora desde hace ya dos años, Secretaria de la Honestidad, al haber aceptado ser propuesta sin cumplir los requisitos de experiencia, su ratificación y protesta del encargo, es ilegal y nulo de todo derecho.
Sus defensores en el jurídico del Poder Ejecutivo del Estado y aquellos diputados que avalaron y aprobaron el nombramiento, sostienen que sí cumplió este requisito: “participo en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, presidió comisiones relacionadas en la legislatura, cuando fue legisladora (2015-2018) en compañía de la actual mandataria estatal y trabajó como secretaria del entonces Procurador Fiscal en la Secretaría de Finanzas del Estado”.
Por más esfuerzos que realizan los Consejeros de Participación Ciudadana en Guanajuato, por hacer un trabajo digno, profesional y ético como sucedió hace una semana en la ciudad de Zacatecas, en la convocatoria del “Dialogo Nacional Anticorrupción” para fortalecer la confianza pública y el combate a la corrupción.
Los esfuerzos son estériles al ver, cómo la cabeza principal del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, está torcida de origen en el presente gobierno de La Gente.
