A cuatro años de aquel trágico 27 de abril, cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo en el que viajaban estudiantes de la Universidad de Guanajuato, se dictó sentencia contra los agentes involucrados en los hechos.
En el ataque, Ángel Yael Ignacio Rangel perdió la vida, mientras que Edith Alejandra Carrillo resultó gravemente herida.
Al elemento de la Guardia Nacional Jesús Ángel Ávila Gómez por la muerte de Yael se le encontró culpable de los delitos de homicidio calificado consumado y tentativa de homicidio calificado, por lo que se le dictó una sentencia de 54 años, 3 meses y 2 días de prisión.
De acuerdo con la resolución judicial emitida durante la audiencia de individualización de sanciones, se determinó que el elemento disparó sin que existiera un riesgo actual, real o inminente, en contra de civiles desarmados.
En el caso del otro elemento de la Guardia Nacional implicado en la agresión, identificado como Iván Ibarra Blanco, se le impuso una sentencia de 33 años de prisión.
Aunque esta condena es menor a la del primer agente, entre las razones consideradas por la jueza se estableció que su conducta únicamente puso en peligro el bien jurídico tutelado, ya que la bala disparada se alojó en la bocina del vehículo y no privó de la vida a ninguna persona.
Por ello, y con base en el principio de proporcionalidad, se determinó que sería desproporcionado imponer la misma pena a quien solo puso en peligro la vida de las víctimas y no a quien efectivamente privó de la vida a una persona.
Aunque la jueza ordenó diversas medidas de reparación para las víctimas, no se fijaron montos económicos concretos, ya que dicha determinación corresponde al Juez de Ejecución Penal.
