El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mismo que conocemos coloquialmente como Hacienda, lanzó un recordatorio directo a empresas y personas físicas con actividad empresarial para que a más tardar el próximo 15 de mayo cumplan con la obligación de presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
La autoridad fiscal pidió no dejar el trámite hasta el último momento, ante las implicaciones legales y económicas que puede acarrear el incumplimiento.
El dictamen fiscal consiste en la revisión realizada por un contador público autorizado, quien analiza la situación financiera del contribuyente y emite una opinión profesional sobre el manejo de sus recursos, el alcance de sus operaciones y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal.
Este documento permite a la autoridad contar con mayor certeza sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La obligación de presentar este dictamen aplica de manera directa para aquellas empresas que en el ejercicio fiscal anterior hayan acumulado ingresos iguales o superiores a mil 940 millones 178 mil 120 pesos en materia del impuesto sobre la renta (ISR), así como para aquellas que cotizan en la bolsa de valores.
Se trata de contribuyentes con alto volumen de operaciones, cuyo impacto en la recaudación es significativo.
También existe la opción de presentar el dictamen para empresas o personas físicas con actividad empresarial que superen ciertos parámetros, como ingresos acumulables mayores a 157 millones 785 mil 270 pesos, activos superiores a 124 millones 650 mil 380 pesos o que hayan tenido al menos 300 trabajadores en cada mes del ejercicio fiscal reportado.
El SAT habilitó su plataforma digital para facilitar el cumplimiento de esta obligación a través del portal oficial, donde los contribuyentes pueden realizar el envío del dictamen de manera electrónica. La autoridad subrayó que el proceso debe realizarse dentro del plazo establecido para evitar contratiempos.
Las sanciones económicas por el incumplimiento de esta disposición, van desde los 17 mil 330 pesos hasta los 173 mil 230 pesos, dependiendo de la falta. A esto se suma la posible restricción del Certificado de Sello Digital, herramienta indispensable para emitir facturas, lo que puede paralizar operaciones comerciales. En casos más graves, la omisión puede derivar en la cancelación definitiva de este certificado.
