A medida que pasan los días, surgen nuevas versiones que permiten entender lo que pasó el viernes pasado en la reunión del Consejo Estatal del PAN y de donde derivó la definición del método de designación directa para el candidato a la gubernatura del estado.
Fue una decisión que perfilaría al ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, una vez que se apruebe el método por el Presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya, según afirman sus seguidores.
Ayer, trascendió que ésta decisión la tomó el equipo que impulsa a Rodríguez Vallejo para acotar la maniobra que hizo su grupo contrario en el PAN ante el Instituto Electoral del Estado, de votar a favor de que empezarán en diciembre las precampañas internas respecto a la gubernatura y como una respuesta a la ofensiva de los ataques orquestados por un magistrado administrativo que filtró la reunión de Celaya a un medio de comunicación, con el propósito de sacarlo de la contienda interna.
Hay un elemento que no se había ventilado públicamente entre los consejeros del PAN y es que el presidente del partido, Humberto Andrade Quezada, ya había sido advertido por algunos diputados locales de que era necesario subir el tema en la agenda de la reunión del consejo estatal. Al arrancar la sesión se hizo caso omiso de la petición de algunos consejeros y eso derivó en que se subiera el tema para que se incluyera en la agenda del día.
Existen otros elementos que seguramente saldrán a la luz más adelante, como el hecho de que una vez que se instale la Comisión Permanente del PAN, en donde se decidirá la aprobación del método de designación directa del candidato a la gubernatura del estado por ese partido, hay cuatro integrantes que son afines a los intereses del grupo cercano a Rodríguez Vallejo, entre ellos funcionarios estatales y legisladores federales.
Para los consejeros del PAN que votaron a favor de la propuesta que subió Antonio Horta a la sesión del viernes pasado, fueron en total 82, si hubo un análisis de los pros y contras de aprobar el método y muestra de ello es que dos integrantes se abstuvieron de votar porque consideraron que no era el tiempo ni la forma en que se presentó.
Aunque en un principio se habló de la posibilidad de una contienda interna, la realidad es que el grupo de Rodríguez Vallejo siempre buscó lo que consiguió el pasado viernes, porque ahora la candidatura está en manos de Ricardo Anaya y el grupo de guanajuatenses que lo van a apoyar en su aventura para el 2018, entre ellos, el gobernador Miguel Márquez.
Antes del 7 de noviembre, la Comisión Permanente tendrá que notificar al PAN estatal sobre la validación o no del método propuesto para cumplir con el mandato de los órganos electorales y registrarlo de manera oficial.
Aun cuando se haya perfilado al ex Secretario de Desarrollo Social y Humano a la candidatura a la gubernatura por el PAN todavía le falta superar algunos obstáculos derivados de las denuncias ante los órganos electorales y autoridades federales sobre el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen de manera anticipada.
Ayer, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado devolvió al Instituto Electoral del Estado el expediente con la investigación del procedimiento especial sancionador, ante las inconsistencias que le encontraron, y se sabe que pudo haber mano negra del magistrado por su cercanía con el grupo opuesto a Rodríguez Vallejo. El próximo viernes concluye el encargo de Ignacio Cruz Puga y lo único que hizo fue patear el bote para más adelante y dejar la responsabilidad de la decisión a otro magistrado que lo sustituya.
La sonrisa de los operadores del ex Secretario de Desarrollo Social y Humano esta semana es más que evidente, ya les hacía falta después del golpe seco que le dieron y que derivó en su renuncia anticipada de la dependencia estatal. Ahora todo será cuestión de tiempo para que el PAN nacional lo designe candidato, aunque todavía falta un tramo por recorrer.
NOTIFICACIÓN
La notificación que hizo ayer el Magistrado Electoral de la Primera Ponencia del Tribunal Electoral de Guanajuato, Ignacio Cruz Puga, a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso del Instituto Electoral del Estado no deja espacio para dudas, el procedimiento especial sancionador estuvo mal hecho.
Hace dos semanas, el Instituto entregó la carpeta con las denuncias interpuestas por el PRI, PVEM y Morena bajo los expedientes 2/2017-PES-CG y sus acumulados 3/2017-PES-CG y 4/2017-PES-CG, a fin de constatar su debida integración al Tribunal Electoral del Estado. Los denunciados son Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Jaime Armando Martínez Cholico, Daniel Campos Lango y Miguel Márquez.
Luego de la revisión inicial del expediente, el Tribunal resolvió la devolución al Instituto con el objeto de que, en un plazo de 15 días, los regrese mejor integrados ante las omisiones, deficiencias que encontró según dice textualmente el oficio de notificación.
Hubo violaciones a los requisitos y reglas en cuanto a la tramitación del procedimiento especial sancionador y se vulneró el debido proceso, el derecho de petición y derecho de acceso a la justicia al PVEM; se vulneraron el debido proceso, la falta de certeza y seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad en el caso de una nota periodística que se publicó y sirvió como prueba para la denuncia sin que se validará como admitida o desechada.
Se aportó una memoria de USB con 18 archivos en formato mp4 y en la denuncia de Morena se habla de tres memorias; hay incongruencias entre lo que se denuncia y refirió en la USB, sin que se valorara la prueba. No se revisó de manera íntegra el contenido de las notas y videos aludidos en las denuncias donde participa el entonces Secretario de Desarrollo Social y hasta en la denuncia del PVEM, no se integran la totalidad de los archivos digitales, discos compactos, que contienen los medios de prueba de la denuncia.
En las diligencias de pruebas y alegatos del 18 de septiembre no se realizó la ponderación de las pruebas para ver si se admiten o se desechan; en esa fecha comparecen 11 personas, participan 13 y solo firman seis además de que no se entregaron documentos que acrediten la personalidad jurídica de cada una de las partes que compareció.
Se recibieron pruebas de manera genérica que no son aceptables jurídicamente y no hay consonancia entre los dispositivos de prueba (almacenamiento de datos) mencionados y los entregados en el expediente.
Estas inconsistencias en el procedimiento fueron las que obligaron al Tribunal a pedir al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que dicte un acuerdo para ordenar la regulación y reposición del procedimiento; dejar sin efectos los emplazamientos y audiencias de prueba y alegatos ya realizados; reponer las audiencias de agosto; entregar las pruebas validadas y verificar una nueva audiencia para el desahogo de pruebas. Lo anterior, a efecto de evitar que se cometan nuevas irregularidades y omisiones que afecten el debido proceso; todo ello en un plazo de 15 días.
La respuesta del presidente del Consejo del Instituto, Mauricio Guzmán Yáñez fue se repondrá el procedimiento como lo ordenó el Tribunal para subsanar las inconsistencias; que se documentará correctamente la información de la carpeta; que se emplazará a los implicados a una nueva audiencia y que se cumplirá en tiempo y forma el requerimiento. A ver qué pasa en 15 días.
OBRA
El Congreso del Estado organizó ayer un foro de consulta sobre la Iniciativa de Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y sus Municipios con el propósito de incorporar los puntos de vista de los sujetos que serán regulados bajo esta nueva normatividad.
Los legisladores han planteado la necesidad de transparentar los procedimientos de contratación, mejorar la calidad de las obras y servicios en cuanto a costo y tiempo de entrega así como simplificar los procesos de adjudicación, según lo externó en este foro el presidente de la Comisión de Obra Pública, diputado Jesús Oviedo Herrera.
En esta ocasión fueron 14 ponencias las que se presentaron, entre ellas las que hicieron representantes de la industria de la construcción en el estado; los colegios de profesionistas; las empresas de consultoría; la industria de la transformación entre otros sectores que participan en esta cadena productiva.
En su intervención, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Guanajuato, Guillermo Ramos Mena, explicó que la composición del sector, principalmente por pequeñas y medianas empresas que generan una importante cantidad de empleos y garantizan una distribución más equitativa de la riqueza.
El 50 por ciento de las empresas afiliadas al organismo tienen ingresos inferiores a los 5 millones de pesos y dados los bajos niveles de utilidad, es complicado que inviertan en calidad, seguridad e higiene, capacitación, reposición de activos entre otros factores.
De ahí la necesidad de que esta nueva ley sea promotora del desarrollo del sector y del crecimiento de las empresas, lo que ayudará a romper el círculo vicioso generado por la falta de profesionalización y calidad como resultado del abaratamiento real de los costos de las obras.
En concreto, Ramos Mena propuso a los legisladores que en la nueva iniciativa de ley se incluyan criterios que permitan estandarizar los costos, revisar los porcentajes de costos indirectos y utilidad; estandarizar los procesos de contratación entre dependencias; reducir los tiempos de pago a los contratistas y revisar las garantías de cumplimiento, en particular para evitar que las empresas que participen en asignaciones directas no representen un riesgo de incumplimiento de las obras a través de la sustitución de fianzas de cumplimiento y vicios ocultos.
