Los atrasos en las obras de rehabilitación en el bulevar Mariano Escobedo y las crecientes molestias de las miles de familias que se ven afectadas por esta situación volvieron a poner sobre la mesa del Ayuntamiento una vieja demanda a las autoridades estatales y federales que realizan obra pública en la ciudad, para que sean las autoridades municipales quienes sean responsables de realizar y supervisar los proyectos.
La Secretaría de Obra Pública del Estado es la responsable de la rehabilitación del bulevar Mariano Escobedo, que tiene un monto de inversión de alrededor de 98 millones de pesos, y que apenas tiene un avance de 35 por ciento.
Esta vía se utiliza diariamente por mas de 25 mil automovilistas quienes desde hace meses ven los retrasos, principalmente en el tramo comprendido entre el Malecón del Río y el bulevar Hermanos Aldama.
Las horas pico son un verdadero calvario para los automovilistas sin dejar de mencionar las molestias de los propietarios de los establecimientos comerciales sobre el bulevar por la falta de señalética, que hacen peligroso transitar por esa vía.
Tampoco se puede dejar de mencionar los problemas de congestionamiento vial para los vecinos que viven en la zona de León Moderno y en donde Sapal también realiza obras sin la debida coordinación con las empresas contratistas del gobierno estatal.
Según las autoridades estatales este bulevar tenía más de 20 años sin mantenimiento, lo que provocó deformaciones, grietas, aberturas entre otros problemas para los conductores. El proyecto original contempla 12.5 kilómetros de vialidades que serán rehabilitadas.
Los conflictos que generaron el retraso de la obra y hasta los peligros que representa no disponer de señales y dejar el material sobre la vía pública bajo la lluvia, con el riesgo de que un auto pase sobre los escombros y genere un accidente a los peatones, a otros conductores o a los vecinos del bulevar, generó que el tema subiera de los vecinos a los regidores del Ayuntamiento.
En su última sesión, los síndicos y regidores analizaron este tema que tiene molestos a los vecinos del bulevar Mariano Escobedo y cuestionaron la mala planeación y retraso de la obra. El asunto que se planteó en el seno del Ayuntamiento, fue la razón por la cual la Secretaría de Obra Pública del Estado no lleva a cabo una supervisión adecuada de la obra y no se responsabiliza ante los ciudadanos de las constantes quejas y reportes de los vecinos que están inconformes porque pasan los meses y nada que termina la empresa contratista del gobierno.
El asunto de fondo, en esta obra y otras que se hacen con recursos estatales o federales, es que no hay quien se haga responsable de la supervisión en la ejecución del proyecto y dejan al municipio las quejas de los ciudadanos.
Por eso se retomó la vieja demanda que los municipios han hecho a las dependencias estatales y federales para que las obras que van a realizar en la ciudad estén a cargo de los funcionarios locales y no en manos de un burócrata en la Ciudad de México o en la capital del Estado, que no supervisa adecuadamente la obra que asignó, generalmente, a sus amigos constructores.
Ejemplos hay muchos, sólo es cuestión de ver cuáles son las obras que generan más quejas de los leoneses, como es el caso del Distribuidor Vial Benito Juárez, y en todas, los contratos de asignación y supervisión no pasaron por el municipio.
Lamentablemente las autoridades federales y estatales no están dispuestos a poner en manos de los municipios los contratos de obras que se realicen con recursos que tienen asignados porque la gran mayoría de las veces, las licitaciones van dirigidas a que gane alguna empresa constructora con quien tienen intereses, mientras los ciudadanos siguen soportando la falta de supervisión y control en obras que terminan por convertirse en un verdadero infierno como la que se realiza en el bulevar Mariano Escobedo.
GÉNERO
En el Congreso del Estado de Guanajuato, las diputadas Arcelia González González y Luz Elena Govea López, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en materia de violencia política-electoral hacia la mujer.
En la Cámara de Diputados federal, la legisladora Karina Padilla Ávila, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre ellos, el que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres.
Los asuntos relacionados con la equidad de género que se incluyeron dentro de las nuevas leyes electorales van a permitir y facilitar que los casos en que los actores políticos, generalmente hombres, puedan incurrir en violencia política sean sancionados al modificarse las leyes estatales y federales.
Hay conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres, en especial cuando participan en actividades políticas, que deben ser erradicadas y sancionadas con severidad para evitar que se repitan como si fueran una normalidad al tratarse de una competencia política.
Está documentado en diversas investigaciones que realizan organismos independientes y en las estadísticas oficiales del INEGI que la violencia hacia la mujer no solamente es sexual, económica, laboral o familiar, sino que se extiende a distintos ámbitos donde el hombre restringe su participación, como es el caso de la actividad política.
En el caso de las legisladoras guanajuatenses, proponen que se imponga una multa de dos a seis años de prisión y hasta mil días de multa, así como la suspensión de los derechos políticos hasta por seis años a quien anule o limite el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una persona en el ámbito público por el hecho de ser mujer. Además tipifica otras conductas delictivas que tengan como propósito limitar la participación de las mujeres en la política.
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado tiene en sus manos la iniciativa y ahí se van a revisar los planteamientos que hacen las legisladoras para erradicar la violencia política-electoral contra la mujer y sancionar las conductas que constituyan un delito.
En el caso de la legisladora federal Karina Padilla Ávila, pide se incluya un capítulo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sobre la violencia política contra las mujeres, el cual tipifica este delito. Sugiere sanciones como prisión de dos a seis años a quien incurra en los supuestos que contempla la legislación que propone, y que se aumente al doble cuando sean cometidas por un funcionario partidista o candidato y que tenga como fin dañar la participación de dos o más candidatas.
Recordó los hechos en que las candidatas electas que abandonaron sus cargos de elección popular para cederlos a candidatos bajo amenazas y presión, y cuyas denuncias quedaron asentadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Entre 2000 y 2016 se registraron 103 denuncias de violencia política hacia las mujeres, principalmente en entidades del sur del país.
El tema de equidad de género cobra mayor relevancia aunque en México existe una serie de barreras culturales y legales que impiden aún el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer a participar en la esfera de lo público y político. Ya es tiempo de erradicar los obstáculos por completo.
ECOS
En el Consejo Estatal del PAN aún hay a quienes les resulta inexplicable el albazo del oficialismo para proponer sin previo aviso al Comité Directivo Estatal, la elección del método de designación directa para su candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato.
A medida de que pasen los días se conocerán más detalles de la operación aplanadora para cerrar el espacio a una contienda interna dentro del proceso de selección de candidato a la gubernatura.
Ni los argumentos del ex gobernador y senador Juan Carlos Romero Hicks convencieron a los panistas que integran el Consejo de reflexionar la forma y los tiempos de la propuesta que hacía Antonio Horta y otros seguidores del candidato oficial del gobierno para que en ese momento se votara el método.
Para los seguidores de Fernando Torres Graciano, se trata de una maniobra desesperada para evitar exponer a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo a una contienda donde perdería. Juan Manuel Oliva Ramírez tiene más de un año en operación para juntar adeptos al senador y cuando descubrió las intensiones de que el proceso sería por designación directa, modificó la estrategia al exterior del partido.
Para los seguidores de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se trata de una demostración de fuerza de que será el candidato oficial del PAN a la gubernatura del estado. Su principal impulsor sigue con los amarres con el Comité Ejecutivo Nacional para validar el proceso y tener mano en su designación mientras se mantiene el control de panistas vía la nómina y los alcaldes.
Los consejeros que no han tomado aún partido, dicen que se trata de una maniobra de las cúpulas del partido para buscar una tercera vía en caso de que ninguno de los arriba mencionados puedan ser designados candidatos, ya sea por cuestiones legales o para evitar una división dentro del PAN en una contienda interna.
Los hechos apuntan a que había una mesa política para perfilar las reglas y se brincaron los tiempos; que hubo una operación interna para sacar el tema y votarlo el mismo viernes (se operó vía dispositivo móvil dentro y afuera del consejo) y que falta la aprobación del PAN nacional del proceso.
El testimonio clave de lo que pasó el viernes en la tarde en el PAN estatal lo tiene Humberto Andrade Quezada, pero no va a ser fácil que lo pueda ventilar porque tiene la responsabilidad de dar cauce al acuerdo que votaron los consejeros, esté o no de acuerdo con la forma en que se propuso y luego se aprobó.
