En la sesión del Ayuntamiento de ayer jueves, el alcalde Héctor López Santillana fue más que claro con el Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez, al solicitar actuar con rapidez y energía en la sanción contra quienes sean responsables del robo de combustible de las unidades de la policía preventiva.
Lo anterior, luego de que el miércoles en el Comité de Adquisiciones se puso en evidencia que alguien intentó sabotear el monitoreo de una unidad de la policía y sacó el combustible que tenía asignado sin que siquiera se moviera el vehículo. Nunca les dijeron a los funcionarios municipales que el tanque tenía un sensor que detectaba el consumo de combustible y el movimiento de la unidad.
Las autoridades se dieron cuenta gracias a un estudio que elabora una empresa privada que ofrece un servicio al municipio para corroborar los beneficios de una aplicación tecnológica en el buen uso del combustible de las unidades municipales, en donde se gastan más de 100 millones de pesos al año.
El miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de León anunció una investigación para determinar la causa por la cual se extrajo el combustible de la patrulla y por otro, dar con los responsables, ya sean operativos o administrativos, que intentaron sabotear la prueba de la empresa privada.
Pero ayer jueves, el alcalde López Santillana hizo un pronunciamiento ante los integrantes del Ayuntamiento, en donde subrayó que no va a tolerar que los funcionarios públicos cometan este tipo de actos, sobre todo porque su administración debe predicar con el ejemplo y erradicar la corrupción.
A la postura del alcalde se sumaron los regidores y síndicos de los principales partidos políticos para que se interponga una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por los hechos que fueron puestos en evidencia por una empresa privada.
Por tratarse de un asunto relacionado con la seguridad, los integrantes del Ayuntamiento hicieron énfasis en la necesidad de aplicar una sanción ejemplar a los responsables del robo de combustible en una de las patrullas donde se aplicó la prueba de la empresa privada.
El asunto no es menor para las autoridades municipales en un entorno donde se realiza un combate abierto a las bandas de la delincuencia organizada que se dedica al robo de combustibles de los ductos de Pemex, y que la semana pasada, en una toma clandestina ubicada en el Tajo a Santa Ana, generó un caos en la ciudad.
Los presuntos responsables de estos lamentables hechos se harán acreedores a sanciones internas, administrativas y hasta penales por daño al patrimonio municipal y al erario público, según declaró ayer el alcalde al concluir la reunión del Ayuntamiento.
Respecto al trabajo de depuración de la policía municipal, López Santillana dijo que va a continuar con la revisión de los elementos, a través de las pruebas de control de confianza y cuidando que no se use una placa para el beneficio personal o se omita la atención a la ciudadanía en la responsabilidad que tienen de garantizar su seguridad. No se tolerará la corrupción en la policía ni en ninguna otra área de la administración municipal, reiteró.
Sobre la plataforma tecnológica que permitió detectar esta situación, en el Comité de Adquisiciones, adelantó que van a esperar a que concluya el estudio completo para ver la posibilidad de aprovechar este tipo de instrumentos y prevenir prácticas de corrupción.
Al Contralor Municipal, Ramírez Sánchez, ya no le quedo de otra más que anunciar la apertura de una investigación paralela a la que inició la Secretaría de Seguridad Pública de León, y determinar quienes estaban involucrados en el robo de combustible de las unidades que tienen asignadas a su cargo para vigilar la ciudad.
Sobre este mismo tema, el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, pidió a sus compañeros del Ayuntamiento buscar un mecanismo preventivo que impida este tipo de prácticas en la policía municipal o en sus áreas administrativas ya que aplicar un castigo al hecho denunciado por el Comité de Adquisiciones no resuelve el problema. Se necesita, les dijo, erradicar de raíz el problema.
Este lamentable hecho volvió a poner en evidencia que a pesar del discurso político de combate a la corrupción solo son palabras si no hay un respaldo efectivo con medidas de control a todos los niveles de la administración pública. Quienes cometieron el robo de combustible no midieron el daño que le provocaron a este gobierno ni el castigo que recibirán por su conducta ilegal.
GESTOR
Otro tema que subió ayer a la agenda pública en el Ayuntamiento, fue la denuncia que hizo el regidor del PRI, Salvador Ramírez Argote, sobre las gestiones que realiza el Director de Desarrollo Social, Daniel Campos Lango, para beneficiar a un grupo de empresarios inmobiliarios con la donación de un terreno de 2 mil 217 metros cuadrados en la colonia Miguel Hidalgo para la construcción de una universidad privada.
El primer intento del funcionario municipal para convencer a los vecinos de los Manantiales para aceptar la donación del área de uso común fracaso ante el rechazo de las familias, quienes se opusieron a que un área verde dentro de su fraccionamiento se convirtiera en un negocio privado.
Este jueves, nuevamente se puso en evidencia las gestiones que realiza Campos Lango para convencer a los vecinos de acepten donar el área de uso común que tienen pero ahora en la colonia Miguel Hidalgo, en donde se cancelarían las posibilidades futuras de construir infraestructura y equipamiento para beneficio de la propia colonia.
El señalamiento fue directo, Campos Lango sigue con su intento inexplicable de beneficiar a una empresa particular para instalar una escuela de paga; está empeñado en entregar el patrimonio de los leoneses para el usufructo de un grupo empresarial inmobiliario. Esta vez, el terreno de la colonia Miguel Hidalgo está junto a un templo que también se puede ver afectado.
Pero el fondo de la denuncia pública es que la dependencia a cargo del señalado funcionario municipal pidió al comité de vecinos que acudan a una reunión la próxima semana con los desarrolladores del proyecto pero no podrán tomar la palabra, solo recibirán la información del particular.
Cuestionó a los integrantes del Ayuntamiento sobre cuál es el modelo de ciudad que proponen las autoridades a los ciudadanos, si se les quieren quitar sus áreas verdes o de futuro equipamiento para poner un negocio privado; por qué se limita la expresión libre ante un proyecto que les afectará su calidad de vida y cuál es el interés del funcionario municipal en beneficiar a los dueños de la universidad privada.
Propuso entonces que el Ayuntamiento integrará un grupo de trabajo para definir cuáles son los criterios de donación de terrenos porque hay asociaciones que se han visto beneficiadas junto con los vecinos pero hay otros donde simple y llanamente se le favorece el negocio a empresarios.
Luego, Norma Patricia López Zúñiga se refirió al caso denunciado por los vecinos al PRI y explicó que la empresa que busca beneficiar Campos Lango no tiene necesidad de que le regalen terrenos para sostener sus negocios privados. Incluso, detalló que en la Comisión de Desarrollo Urbano, en donde participa, no se ha planteado este asunto por la Dirección de Desarrollo Social: no hay estudio, no hay propuesta ni visto bueno de los vecinos.
El regidor del PVEM, Sergio Contreras, explicó que no hay una regla clara para las donaciones de terrenos propiedad del municipio, falta hacer un catálogo de áreas verdes y de áreas de equipamiento, que pueden ser elaborados por el IMPLAN. Pero para ello, hay que destinar recursos al Instituto, planteó.
En su intervención el síndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia, solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento que informe con mayor claridad cuál es el inventario de terrenos municipales porque se ven permutas, donaciones entre otras transacciones, sin información precisa sobre cuál es el patrimonio de la ciudad.
También falta definir de este padrón, actualizado de terrenos propiedad municipal, cuáles son destinados a áreas verdes, equipamiento y cuántos son susceptibles de ser donados o destinarlos a otro uso, en caso de que se apruebe por el Ayuntamiento.
El Comité de Adquisiciones que preside será el responsable de definir las políticas públicas para las donaciones de terrenos municipales, propuso entonces el alcalde, Héctor López Santillana y dar por cerrado el debate.
CONTRAOFENSIVA
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se reunió ayer con los dirigentes estatales del partido, entre ellos, Humberto Andrade Quezada, para presentar la propuesta de reforma constitucional que harán los legisladores que integran el Frente Ciudadano por México para eliminar el financiamiento público a los partidos y destinarlo a reconstruir las zonas afectadas y ayudar a los damnificados de los sismos
A la par de esta propuesta que será planteada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, se exigirá al gobierno federal un plan de austeridad para reducir en 60 mil millones de pesos el gasto público y canalizarlos a enfrentar esta situación de emergencia.
El miércoles, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informó que inicialmente se estima un monto de 37 mil millones de pesos para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas, mientras que el monto que se quitaría a los partidos en el 2018, si se elimina el financiamiento público, apenas sería una sexta parte de lo que se requiere para atender la emergencia.
El PAN ya aclaró que la eliminación del 100 por ciento del financiamiento que reciben los partidos por parte del gobierno se aplicaría de manera inmediata, con una reforma constitucional en el actual periodo de sesiones, y no en 2021 como se ventiló por algunos otros partidos, entre ellos el PRI.
De acuerdo con las estimaciones del Frente, el dinero que reciben los partidos y las autoridades electorales no representa ni el 1 por ciento del presupuesto federal, y es ahí donde tendría que venir el mayor esfuerzo.
En detalle, los integrantes del Frente quieren que el gobierno federal elimine todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios y que se atiendan en el IMSS o ISSSTE; si quieren ir a atención en un hospital privado, lo deberían pagar con sus propios recursos. Otras medidas propuestas son eliminar viáticos, celulares, gasolina de todos los altos funcionarios; reducir el gasto de publicidad gubernamental, excepto los destinados a salud, turismo y protección civil así como prohibir el uso de aviones privados.
La propuesta de los panistas busca que los recortes al gasto público se hagan extensivos a los poderes Judicial y Legislativo, no únicamente al Ejecutivo, así como de los órganos autónomos.
Ante este planteamiento, falta ver que ideas trae el dirigente estatal del PAN en Guanajuato para que en concordancia con lo que se plantea a nivel nacional se exhorte a los tres poderes en el estado a aplicar un mismo plan de austeridad. Los ciudadanos lo van a agradecer porque el dispendio es mucho en los municipios y estados así como en el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
